5.4 Inseguridad alimentaria, social, política, etc PDF

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Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Ciudad Madero Ingeniería Química Desarrollo sustentable 5.4. Inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y/o económica Maestro: L.C.C Joel Alfredo Manríquez Olguín Integrantes del equipo: Rubén Alejandro Alonso Romo 19072083 Bernal Vergara Pablo 19070778 Reyes Zorrilla Ashley Carolina 19070949 Jerez León Zaira Griselda 19070838 Semestre: 3° Horario: 14:00 – 15:00

Ciudad Madero, Tamaulipas

17/01/2021

Introducción La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad. El artículo argumenta que, aunque no puede hablarse de México como un “Estado fallido”, las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema. Una de las razones que explican esta grave situación es que la transición a la democracia en México, desde fines de los 80 hasta inicios de los 90, no contempló como parte de la reforma del Estado la transformación de los sistemas de seguridad pública, justicia, defensa e inteligencia. Hoy ese déficit se refleja en la crisis de seguridad, que afecta a la democracia en la medida en que ya golpea la gobernabilidad y estabilidad social y política. Inseguridad alimentaria El término de seguridad alimentaria puede resultar confuso desde un punto de vista conceptual. Conforme a la definición alcanzada durante la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en 1996 en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO), "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana". La seguridad alimentaria y nutricional en México presenta un panorama de grandes contrastes. Si bien la oferta de energía alimentaria disponible en México sobrepasa los requerimientos para cubrir la demanda.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública indican que más de la cuarta parte de los mexicanos tiene acceso deficiente a la alimentación. Se han producido avances significativos en la eliminación de la desnutrición infantil entre 1988 y 2012; sin embargo, casi 1.5 millones de menores de cinco años, lo que significa un elevado 14% de los preescolares mexicanos, presentan baja talla para la edad, indicador de desnutrición crónica. La estrecha correlación entre la carencia alimentaria y el ingreso laboral confirma la necesidad de apuntalar la principal fuente de recursos de la población: su trabajo. En 2010 22.2% de los hogares tuvo que disminuir la cantidad y calidad de alimentos que suele consumir e inclusive llegó a experimentar hambre debido a la falta de dinero u otros recursos. En 2010 se registró que casi ocho de cada 10 carentes por acceso a la alimentación no tienen seguridad social, uno de cada tres no tiene acceso a servicios de salud y alrededor de tres de cada 10 habita en viviendas de mala calidad. A pesar de ello, los programas de ayuda alimentaria benefician sólo a cuatro de cada 10 hogares carentes de acceso a la alimentación. Inseguridad social El crimen común es la principal amenaza que la población mexicana siente en carne propia, en todos los estratos sociales. Los cuerpos policiales son acosados por los políticos que los conducen y les exigen eficiencia; por la población, que exige el fin de la corrupción, y por los carteles, que los buscan para que trabajen para ellos. Todo esto ha generado una realidad dramática que ha hecho que los militares comiencen a encargarse del trabajo de la policía. A inicios de 2009, casi la mitad de los cuerpos policiales estatales eran conducidos por militares, sin que ello haya demostrado una mayor eficiencia en la reducción del delito. “El crimen organizado busca el control territorial, será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco. No hay regreso; son ellos o nosotros.” Presidente Felipe Calderón, 27 de febrero de 2009.

Uno de los principales debates relacionados con el combate contra el delito y la inseguridad pública gira en torno de la participación de los militares. A diferencia de lo que ocurre con la policía, la población tiene una elevada confianza en las Fuerzas Armadas. Después de las universidades, son las instituciones que generan más confianza en México. La dispersión de las fuerzas de seguridad es clara. Según el actual secretario de Seguridad Pública, hoy existen en México 1.661 corporaciones policiales. En 2008 existían casi 340.000 policías distribuidos entre policías municipales, estatales y federales. De ellos, muchos son militares. Cuando se inició el gobierno de Vicente Fox, en 2000, casi la mitad de la Policía Judicial Federal (PJF), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), estaba conformada por militares. Evidentemente, no había ninguna confianza en los policías civiles. De igual manera, al crearse la Policía Federal Preventiva (PFP), en 1998, su base fueron las Fuerzas Armadas. Una importante reforma policial implementada durante el gobierno de Fox fue la transformación de la PJF en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cuando se inició el proceso, el principal problema fue enfrentar la corrupción: en 2001, 7,61% de los policías judiciales tenían procesos penales en su contra; en 2002, 3,64%; en 2003, 6,56%; en 2004 y 2005 ya se había erradicado a los policías de la AFI que tenían cargos penales. Inseguridad política Los problemas de inseguridad, así como la incertidumbre generada por el manejo de la política interna y la economía doméstica, son factores que limitarán al crecimiento en los próximos 12 meses, revelan especialistas del sector privado consultados por Banco de México (Banxico) en la encuesta de fines de octubre. A dos semanas de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, 19% de los expertos consultados por Banxico ve el problema de inseguridad como el principal obstáculo para la actividad económica en los próximos 12 meses.

Se trata de la proporción más alta recabada por la encuesta en 24 meses e incorpora un brinco en la percepción levantada por la misma encuesta el mes pasado, cuando 14% de los entrevistados tenía este mismo sentimiento. Esta percepción motivó un nuevo recorte en su pronóstico de crecimiento para la economía en este año, el duodécimo mensual consecutivo, para dejarlo en 0.26%, desde 0.43%, el nivel esperado más bajo para el desempeño del PIB en 24 meses. Además, el nuevo ajuste en las previsiones del mercado para este año evidencia que el estancamiento de la economía se quedó debajo del piso en el rango ajustado por el gobierno de México, que todavía hoy se mantiene entre 0.6 y 1.2 por ciento. En la encuesta, 16% de los analistas identifica a la incertidumbre por la política interna, como el límite para una recuperación económica mayor y 14% considera que será la situación económica interna, el obstáculo a salvar. Estas previsiones reflejan de nuevo un aumento del pesimismo de los inversionistas; así se entiende que, al cierre de octubre, sólo 13% de los especialistas consultados considera que mejorará el clima de negocios, una proporción que cayó desde 23% que lo previó el mes anterior. Inseguridad jurídica Es lo que ha padecido México, como un mal con el cual nos hemos acostumbrado a vivir, que no valoramos hasta que tenemos una experiencia personal. La discusión pública se centra alrededor de la Seguridad Física de las personas y no destaca la angustia que acarrea la ausencia de Estado de Derecho en el país. ¿En qué consiste esta Inseguridad Jurídica? En que la autoridad puede hacer prácticamente lo que le venga en gana en el plano de la relación Autoridad-Ciudadano y a nivel Ciudadano-Ciudadano en que no existen remedios eficientes para reparar injusticias. Es cierto que enmendar este estado de cosas es una labor que excede sexenios y hasta vidas; no podemos responsabilizar ni a instituciones, menos individuos, pero si bien no

echamos culpas por el pasado, sí quiero señalar acciones específicas tomadas por el actual régimen que disminuyen aún más las garantías de seguridad jurídica del mexicano. Un ejemplo es la cancelación del nuevo Aeropuerto de Texcoco es "todo un clásico" ejemplo de la arbitrariedad del presidente mexicano: un mundo de relaciones jurídicas terminadas fuera del marco legal vigente. ¿Que había corrupción? Que se tome la molestia de castigarla, pero no que atente contra la Seguridad Jurídica del país. Otro ejemplo consiste en haber incrementado los delitos que ordenan prisión ante la sola acusación de la Fiscalía. Se trata de una monstruosidad mayúscula contra la Seguridad Jurídica de los Ciudadanos. Los subyuga al chantaje y extorsión impune, está probado. Mi tercer "caso" refiere a la nueva Ley de Extinción de Dominio, tan necesaria en cuanto al fondo, pero que tampoco cuida Presunción de Inocencia y Derechos de Propiedad Privada, derechos fundamentales para el individuo. Se hubiera podido hacer con mayor cuidado, pero no se hizo. Estas tres instancias, por llamarlas de alguna manera (Cancelación del nuevo Aeropuerto, Prisión sin Juicio, Disminución en Garantías Individuales), no se inscriben en la "vocación" populista del presidente en turno, no son herramientas de desarrollo económico, ni redistribuidoras de Ingresos, sino que corresponden pelonamente a eliminar obstáculos al ejercicio de la fuerza del Estado. Inseguridad económica La inseguridad en el país se mantiene al alza durante el primer trimestre de este año, y las inversiones para diferentes sectores han disminuido al grado del estancamiento, por lo que se estima que podría haber repercusiones económicas incluso por encima del 20% del Producto Interno Bruto (PIB). Por ejemplo, Coca-Cola tuvo que retirar parte de sus operaciones en el Estado de Guerrero en marzo de 2018 ante el constante hostigamiento de grupos delincuenciales. En esa ocasión, fue la segunda vez que cerró su centro de distribución en ese Estado.

El hecho es que la seguridad no sólo afecta a las personas o a los activos de las empresas, como usualmente se suele pensar, sino que las marcas y la percepción de las mismas se ven mermadas directamente por esto y hay que tomarlo en cuenta cuando se decide abrir o permanecer en un mercado secuestrado por el crimen organizado. No podemos hablar sólo de ejemplos aislados. Hay una generalidad de descomposición social y de crisis de seguridad en el país. Gustavo de Hoyos, Presidente Nacional de la COPARMEX afirmó el año pasado que 67% de sus socios fueron víctimas de algún delito, lo que implica un decrecimiento de 23.3 puntos respecto a los resultados registrados en el 2018. La situación parece empeorar, sin pretender ser fatalistas, y es necesario anticiparse de manera inteligente y costo-efectiva a las condiciones de inseguridad que vive el país para reducir el inevitable impacto hacia nuestras empresas y marcas. Conclusión Esto no quiere decir que los gobiernos hayan excluido de sus agendas el conflicto interestatal, sino que se considera que estas nuevas amenazas son hoy las principales fuentes de desestabilización y debilitamiento de las jóvenes democracias de la región. Así, la agenda de seguridad mexicana incluye nuevos temas y también percepciones distintas acerca de cómo enfrentar las nuevas amenazas. Las nuevas amenazas a la seguridad de México representan un grave riesgo para la gobernabilidad y la democracia. Por la debilidad de las estructuras institucionales, es cada vez más frecuente emplear a las Fuerzas Armadas para enfrentar estos retos. Esto es evidente en el combate contra la delincuencia, el narcotráfico, los desastres naturales y hasta los problemas ambientales. Por ello, la reforma del Estado debería incluir un esfuerzo para profesionalizar y dotar de recursos a los cuerpos policiales, las estructuras de inteligencia, los sistemas de justicia y de prevención civil, de modo que las fuerzas militares sean solo un recurso de última instancia.

Bibliografía Estancamiento económico, consecuencia de la inseguridad en México. (2020, 10 noviembre). Forbes. https://www.forbes.com.mx/brand-voice/estancamiento-economicoconsecuencia-de-la-inseguridad-enmexico/#:~:text=La%20inseguridad%20en%20el%20pa%C3%ADs,Producto%20Interno %20Bruto%20(PIB) Inseguridad

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