Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos PDF

Title Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
Course La Constitución De Un País: La España Liberal En Perspectiva Comparada (S .Xix)
Institution UNED
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Summary

forma contraria a los principios y valores constitucionales aprobando,
por ejemplo, leyes cuyo contenido pudiera calificarse de carente de racionalidad
y arbitrario.
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b) Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos Estrechamente relacionado con varios de los principios que ahora examinamos y, muy especialmente, con los de legalidad y de seguridad jurídica, está el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Como su propio enunciado indica, el principio consagra la proscripción de toda actuación carente de justificación o «arbitraria» de los poderes públicos. A diferencia de los sujetos particulares, que pueden actuar libremente dentro del amplio marco que les fija el ordenamiento, los poderes públicos sólo pueden actuar para cumplir los objetivos que les encomienda el ordenamiento jurídico y en beneficio del interés público, cada uno en el ámbito de su propia competencia, de acuerdo con los procedimientos que la ley marca y con respeto a los principios y valores constitucionales y legales. Pues bien, la arbitrariedad estará determinada por el quebrantamiento grave de alguno de dichos parámetros, como la ausencia de interés público que justifique la actuación, la omisión del procedimiento legalmente establecido o el desconocimiento de principios y valores constitucionales. Infracciones menores de los citados parámetros podrán determinar, en cambio, que la actuación sea contraria al ordenamiento jurídico, pero no necesariamente un comportamiento arbitrario. Es, en suma, la actuación conforme con el ordenamiento jurídico y, en primer lugar, con la Constitución y la ley, lo que permite excluir comportamientos arbitrarios a todos los poderes públicos. La prohibición de comportamiento arbitrario incluye también, por supuesto, al legislador, quien, pese a ser el depositario de la soberanía, está sometido a la Constitución y no puede, en consecuencia, actuar de forma contraria a los principios y valores constitucionales aprobando, por ejemplo, leyes cuyo contenido pudiera calificarse de carente de racionalidad y arbitrario....


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