Consideraciones políticas sobre un insólito "golpe de Estado" PDF

Title Consideraciones políticas sobre un insólito "golpe de Estado"
Author Juan Carlos Rey
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Un insólito Golpe de Estado Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de Estado por Juan Carlos Rey* Introducción En las discusiones que se desarrollan en Venezuela, sobre si la interrupción del orden constitucional que ocurrió entre el 11 y el 14 de abril de 2002 fue o no un golpe de Estado...


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Consideraciones políticas sobre un insólito "golpe de Estado" Juan Carlos Rey Revista Venezolana de Ciencia Política, Nº 21. 2002, pp. 9-34

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Un insólito Golpe de Estado

Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de Estado por Juan Carlos Rey*

Introducción En las discusiones que se desarrollan en Venezuela, sobre si la interrupción del orden constitucional que ocurrió entre el 11 y el 14 de abril de 2002 fue o no un golpe de Estado, se mezclan y confunden tres tipos de controversias: una controversia puramente verbal, sobre el significado de la expresión golpe de Estado; una controversia de naturaleza empírica, sobre cuáles fueron los hechos que realmente ocurrieron en esos días; y una controversia ética o si se prefiere ideológica, que tiene que ver con nuestra actitud de aprobación o de censura de tales hechos. La primera controversia es relativamente banal y puede ser fácilmente resuelta si adoptamos una definición nominalista de esa expresión, entendida como un rótulo breve y arbitrario cuya función es sintetizar la exposición de los hechos. La segunda controversia es algo más complicada pero, afortunadamente, no necesitamos esperar los resultados de la Comisión Política de la Asamblea Nacional que investiga los hechos de aquellos días, pues conocemos lo suficiente como para que podamos calificar tales acontecimientos. En cuanto a la tercera controversia, es sin duda la más importante y la más difícil de resolver, pues envuelve juicios de valor. El especialista en Ciencia Política puede intentar contribuir a solucionar las controversias verbales y empíricas sobre los golpes de Estado, pero no posee ninguna competencia profesional para la resolución de las disputas éticas o ideológicas. Creo, sin embargo, que un intento de argumentación y crítica racional no resultará inútil para esclarecer estas últimas. Una primera dificultad se debe a que, a diferencia de lo que ocurre con los términos que utilizamos para describir el mundo natural, muchos de los que empleamos en la política no tienen solamente un significado concreto descriptivo o empírico, sino que poseen también

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Profesor Titular y Director de la Unidad de Ciencia Política de la Fundación Instituto de Estudios

Avanzados (IDEA)

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Un insólito Golpe de Estado un sentido prescriptivo y emotivo, sea favorable o adverso. De manera que, por ejemplo, cuando calificamos un régimen como democracia o, por el contrario, como tiranía, no pretendemos solamente —a veces ni siquiera— describir ciertos rasgos empíricos, sino que tratamos de manifestar nuestro sentimiento de aprobación o desaprobación respecto a los mismos e intentamos suscitar sentimientos análogos en quienes nos escuchan. Algo parecido ocurre con la expresión golpe de Estado, que a su significado descriptivo original ha unido, al menos en la actual Venezuela, un sentido valorativo —o si se prefiere ético o ideológico— preponderantemente negativo o adverso. De manera que cuando se dice, de determinado acontecimiento, que constituye un golpe de Estado, se está formulando implícitamente una condena contra el mismo y un juicio de valor adverso. Lo cual nos explica que mientras quienes condenan los hechos que ocurrieron entre el 11 y el 14 de abril de 2002, afirman que constituyen un golpe de Estado, quienes los aprueban niegan tal calificación. Creo que esa valoración adversa de los golpes de Estado, que es la que predomina en Venezuela, proviene de dos fuentes ideológicamente muy distintas. Para los adeptos a un gobierno civil, constitucional y democrático, el golpe de Estado es reprobable porque significa la ruptura del orden constitucional con la irrupción violenta de los militares en la política. Pero también es condenable para los partidarios de una revolución popular de carácter socialista, para los cuales tales golpes son el resultado de una conspiración de las minorías, que no pretenden sino cambiar las camarillas gobernantes. Lo cual no impide que unos y otros no tengan inconvenientes en practicar, de vez en cuando, golpes de Estados, pero sin reconocerlos como tales y disfrazándolos con nombres tales como rebelión popular, vacío constitucional de poder, etc.

Evolución del concepto El interés de explorar la historia del concepto golpe de Estado no tiene nada que ver con la mera erudición. Ocurre que, actualmente, en ese concepto se superponen varios significados correspondientes a diversas épocas y sólo un ojeada histórica nos puede explicar tal superposición.

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Un insólito Golpe de Estado La expresión golpe de Estado (coup d’État), tuvo sus orígenes en el siglo XVII en Francia, durante la monarquía absoluta y desde allí se extendió a otros países, manteniendo un significado bastante preciso hasta comienzos del siglo XIX. Tal concepto formaba parte de la teoría de la razón de Estado y la expresión golpe de Estado se usaba para referirse a ciertas medidas extraordinarias y violentas, que el poder público (el monarca o su ministro de confianza) tomaba en forma sorpresiva e inesperada, sin respetar el derecho común ni la legislación ordinaria y violando la moral tradicional, cuando consideraba que tales medidas eran necesarias por existir amenazas a la seguridad del Estado o por el bien o la utilidad pública que de ellas se derivarían.1 Se debe subrayar que en sus orígenes los golpes de Estado no tienen por objeto, como ocurrirá posteriormente, la sustitución de quien ocupa el gobierno, pues era éste precisamente el que iba a ser el autor de tales medidas: eran un instrumento del que se valía el gobernante para desembarazarse de sus enemigos o, en general, de cualquier obstáculo al ejercicio de su poder. De modo que los llamados autogolpes, de moda reciente en América Latina, representan una recuperación de ese significado original. Gran parte de ese significado se conserva con el advenimiento del moderno Estado constitucional: el golpe de Estado sigue siendo obra del gobernante, pero ahora, cuando existe la división de poderes, el autor es el Ejecutivo. El pretexto para darlo continúa siendo el resguardo de la seguridad del Estado o el bien y utilidad pública. La forma será un cambio violento de la Constitución, especialmente violando la división de poderes, de modo que el Ejecutivo va a desconocer y se va a apropiar de las facultades que el texto constitucional atribuía al Legislativo. Pero, como se verá cada vez más claro a medida que transcurre el siglo XIX, será sobre todo una parte escogida del Ejecutivo, las fuerzas armadas, las que estarán en posición ideal para practicar con éxito tales golpes, desplazando al gobierno civil y sustituyéndolo por otro militar. La expresión golpe de Estado se va a asociar preferentemente con la acción de los militares que se apoderan del gobierno o que prestan su apoyo a quien ocupa el Ejecutivo para asumir, violentado la Constitución, poderes que ésta no le otorga.

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La obra clásica en la que se desarrolla por primera vez las ideas sobre los golpes de Estado es la de Gabriel

Naudé, publicada en 1639. Véase, mi Introducción a Naudé (1964)

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Un insólito Golpe de Estado La aparición de la Técnica del Golpe de Estado (1931) de Curzio Malaparte, marca una nueva etapa en el desarrollo del concepto. Ahora se reconoce que también pueden ser autores del golpe de Estado personas o grupos que, aunque no pertenecen al aparato estatal (pues pueden provenir de la oposición, como es el caso de los comunistas, los fascistas y los nazis), se apoderan del gobierno, mediante una acción audaz, repentina y mediante el empleo de una técnica que se caracteriza por el uso de la sorpresa y que reduce al mínimo el tamaño y la intensidad de la confrontación armada. Esta última característica permite diferenciar radicalmente el golpe de Estado, tanto de la guerra civil como de la insurrección revolucionaria.2 Hoy en día la locución golpe de Estado, se ha convertido en un expresión genérica que se usa para referirse a cualquiera de los métodos ilegales para sustituir a un gobierno, mediante el uso o la amenaza de la violencia y que son distintos de la guerra civil y de la revolución.3 En los últimos años, especialmente en América Latina, han proliferado los llamados autogolpes, en la forma que antes expliqué.4

Los golpes frente a otras formas de intervención de los militares en la política De acuerdo a un modelo ideal, las fuerzas armadas nunca tendrían que intervenir en política pues deberían comportarse como instrumentos fieles y obedientes al gobierno civil, al que estarían subordinadas completa e incondicionalmente. La violación extrema y más flagrante

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Luttwak, autor de un libro que con el de Malaparte es decisivo sobre el tema, lo define así: “Un golpe

consiste en la infiltración de un sector pequeño pero decisivo del aparato del Estado, que es usado para desplazar al gobierno de su control del restante” (Luttwak 1969: 12). 3

Sin embargo León Trotsky, en el capítulo sobre “El arte de la insurrección” de su Historia de la Revolución

Rusa (1973) mostró que no hay una incompatibilidad total entre el golpe de Estado y la insurrección revolucionaria, pues aquél puede ser planificado como la acción con la que se culmina una insurrección popular. 4

En países como los latinoamericanos, en los que proliferan los golpes de Estado como resultado de las

frecuentes intervenciones de los militares en la política, se ha tratado de distinguir sus diversas modalidades, a través de categorías tales como cuartelazo, pronunciamiento, putsch, etc., que sin embargo en la práctica se dan mezcladas o combinadas. Véase, Finer (1962: 153-163) y Luttwak (1969: 9-12).

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Un insólito Golpe de Estado de esa norma ideal ocurre con el típico golpe de Estado, en que las fuerzas armadas intervienen abierta y violentamente, derrocando al gobierno civil y estableciendo en su lugar un gobierno militar. Se trata de los típicos golpes de Estado. Pero frecuentemente los modos de intervención de los militares en la política son latentes e indirectos y su nivel de intervención no llega a suplantar en todas las ocasiones al poder civil (Finer 1964: 4). De modo que sin llegar al golpe de Estado extremo y típico, hay una amplia variedad de posibles intervenciones militares ilegítimas. Finer (1964: 86-87) ha distinguido cuatro niveles de intervención de los militares en la política, de los cuales sólo el primero puede considerarse como legal y legítimo, en una democracia constitucional y que van subiendo en magnitud hasta culminar en el golpe de Estado propiamente dicho. El primer nivel de intervención es la presión, a través de la cual los militares tratan de influir en la política que debe adoptar el Estado. No existe ningún país en el que los militares sean totalmente pasivos en esa materia, pues al igual que los otros sectores de la burocracia estatal participan en la elaboración de las políticas que les conciernen dando su opinión y colaborado con la elaboración de diversos proyectos y propuestas. De modo que incluso en los países más democráticos y con tradiciones de gobiernos civiles plenamente consolidados, los militares tratan de “presionar” para que se adopten las políticas que corresponden a sus preferencias, usando para ello argumentos basados en la razón o mediante llamamientos a las emociones. Lo cual es perfectamente constitucional y legal, siempre que se haga a través de los procedimientos y canales regulares y con pleno sometimiento a la autoridad civil, que es a la que, en definitiva, corresponde tomar la decisión. Pero, en un segundo nivel de intervención, es posible que los militares acompañen sus proposiciones y consejos con amenazas de una sanción al gobierno civil, en caso de no ser complacidos. Con lo cual se traspasa el límite de las presiones legítimas y se ingresa en el terreno ilegítimo de la extorsión o del chantaje. Es difícil establecer el limite preciso entre lo legal y lo ilegal, entre la advertencia y la amenaza, entre la presión lícita y la extorsión ilegítima, especialmente cuando muchas amenazas pueden ser tácitas o indirectas pero, pese a las dificultades, sin duda tal límite existe. Finer ha señalado la extensa variedad de actos de los militares frente al gobierno, que pueden incluir acciones tales como la amenaza de dimitir o de retirarle el apoyo; el anuncio público de su desacuerdo; la crítica pública; el 5

Un insólito Golpe de Estado rehusarse a ejecutar sus órdenes; y la amenaza de levantarse el armas (Finer 1964: 141148). Y cualquiera que haya examinado las actuaciones y declaraciones públicas de muchos de los altos militares venezolanos el día 11 de abril, podrá elaborar un catálogo difícilmente superable en variedad y riqueza, que traspasa frecuentemente los límites de la presión legítima para caer en el chantaje o la extorsión. En todo caso, cuando la extorsión sistemática tiene éxito, las fuerzas armadas pueden estar gobernando en forma oculta, sin necesidad de desplazar al gobernante, por lo que podríamos hablar de un golpe de Estado tácito. El tercer nivel de intervención se da cuando las fuerzas armadas, mediante la violencia o la amenaza de la violencia, desplazan a un gobierno civil para sustituirlo por otro gobierno también civil. Como veremos más tarde, un ejemplo patente de este nivel de intervención fue la captura y privación de libertad del presidente Chávez,5 seguida de la instauración del gobierno interino de Carmona El cuarto nivel de intervención, se produce cuando los militares, mediante el uso o la amenaza de la violencia, suplantan al gobierno civil para sustituirlo por otro militar. Se trata de la forma de intervención más descarada y difícil de justificar, por lo cual suele ser frecuente que se la trate de dulcificar, constituyendo, para sustituir al gobierno civil derrocado, una junta cívico-militar. Tal ocurrió en Venezuela con los golpes exitosos del 18 de octubre de 1945 y 23 de enero de 1958; pero no así con el golpe contra el presidente Gallegos del 24 de noviembre de 1948, quien fue sustituido por una junta de gobierno completamente militar. Por la información de que disponemos, en los dos golpes de Estado frustrados de 1992, los militares tenían previsto, en caso de triunfar, la constitución de una junta a la que se integrarían algunos elementos civiles.

La intervención de los militares en la política en la Venezuela contemporánea El principio general de la no intervención de los militares en la política y su subordinación al poder civil, era reconocido por el Derecho constitucional venezolano anterior a 1999.

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Corresponde a lo que Finer ha llamado el típico golpe de Estado latinoamericano, que significa “la captura y

eliminación de la persona a la cabeza del Estado” (Finer: 1962: 154)

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Un insólito Golpe de Estado Todas las constituciones venezolanas desde la de 1830 hasta la de 1961, con la única excepción de la de Constitución perezjimenista de 1953, contenía la norma según la cual las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes; y las Constituciones de 1947, 1953 y 1961 afirmaban, además, que dichas Fuerzas eran apolíticas.6 Pero es evidente que la intervención de los militares en la política no depende de normas constitucionales sino de las tradiciones históricas y la cultura política real del país. Por otra parte, frente a la creencia tradicional, que consideraba que en América Latina existía una incompatibilidad absoluta entre la intervención de los militares en política y la democracia (Lieuwen 1964), se vio que los militares podían ser un instrumento no sólo de modernización sino incluso de democratización (Johnson 1964). Limitando nuestro examen al siglo XX, en el caso de Venezuela, en dos ocasiones (el 18 de Octubre de 1945 y el 23 de Enero de 1958) un golpe militar contra la autoridad constituida inició un proceso de democratización. Estas experiencias históricas podrían explicar por qué la cultura política venezolana no mantiene una actitud totalmente negativa ante las eventuales intervenciones de los militares en la política, pues en situaciones en que están cerradas las vías de la democracia representativa, un golpe de Estado puede ser el instrumento para abrirlas. Sin embargo, si están funcionando instituciones democráticas, resulta difícil imaginar que se justifique acudir a tal tipo de medidas. Ahora bien, resulta desconcertante y a la vez inquietante que, de acuerdo a la cultura política desarrollada en la democracia venezolana, una gran parte de la población considera legítima la intervención de los militares en la política, frente al gobierno legalmente constituido, en varias circunstancias. Aunque tenemos muy escasa información empírica sobre la materia, la poca de que disponemos es interesante, a la vez que muy preocupante, pues nos indica que una mayoría de la población venezolana, en plena democracia, consideraba legítima la intervención de las fuerzas armadas en la política para respaldar la voluntad popular en caso que los militares consideren que el gobierno no responde a las

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Sobre la historia de tales normas y su significado en Venezuela, véase, Rey (1999), especialmente, pp. 178-

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Un insólito Golpe de Estado aspiraciones del pueblo o que no cumple con la constitución.7 Sabemos, además, que en los dos golpes de Estado fallidos de 1992, sus autores trataron de justificarlos afirmando que al insurgir contra el gobierno electo estaban obrando legítimamente, pues lo hacían en defensa de los derechos del pueblo que habían sido traicionados por el gobierno y como encargados de la custodia de la constitución.8 ¿Cuáles son las razones que explican que una parte importante de la población venezolana, en plena democracia, haya considerado admisible que los militares intervengan en política?

La crisis de la democracia representativa venezolana En términos muy generales, hay que buscar la respuesta en la crisis de lo que se ha llamado el puntofijismo —y que yo prefiero llamar crisis del sistema populista de conciliación— que poco a poco fue afectando al sistema político que se instauró en 19589 y, más específicamente, en la crisis de la representatividad y de la responsabilidad democrática que

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Según los datos de una famosa encuesta, VENEVOTE de 1973, ante la pregunta: “¿Cuál es el papel que

deben jugar las Fuerzas Armadas en la vida nacional?”, sólo una minoría, del 30,6%, consideraba que los militares debían respetar siempre a las autoridades constitucionales. En cambio una mayoría relativa del 35% creía que los militares deben intervenir en política para respaldar la voluntad popular, cuando creen que el gobierno no responda a la aspiración del pueblo; un 18,4% opinaba que los militares debían actuar en política cuando pensaran que no se estaba cumpliendo la Constitución; y un 11,8% creía que los militares deben intervenir en política siempre que lo considerasen necesario. (Enrique A. Baloyra, “Public Opinion and the Support for Democratic Regimes, Venezuela 1973-1983”. Paper prepared for delivery at the 1985 Annual Meeting of the American Political Science Association, The Orleans Hilton, August 29- September 1, 1985) 8

Véase el texto del Manifiesto del Movimiento Revolucionario Bolivariano (MBR-200), fechado el 24 de

Junio de 1992, encabezado con las firma de Hugo Chávez y Francisco Arias, redactado desde la prisión, reproducido en Zago (1992: 139-148). También el “Manifiesto al Pueblo Venezolano y a las Fuerzas Armadas Nacionales”, que debería ser publicado por la prensa el día 27 de Noviembre, y el Mensaje en videocassette del Movimiento Cívico-Militar “5 de Julio” pronunciado por...


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