Concepto DE Poder Adjudicador PDF

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CONCEPTO DE PODER ADJUDICADOR El concepto de poder adjudicador alude a aquellos entes con competencia para la adjudicación de contratos administrativos. Tal competencia recae en las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y en las demás entidades con personalidad jurídica propia creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, así como en las asociaciones constituidas por cualquiera de estas entidades. El concepto de poder adjudicador procede del Derecho comunitario. La consideración de Poder Adjudicador determina un determinado cierto grado de sometimiento a las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta, en su artículo tercero delimita el ámbito subjetivo de aplicación, diferenciando tres conceptos: entes, organismos y entidades del sector público, dentro de los cuales se define a los que tienen el carácter de Administración Pública a efectos de esta Ley, y los poderes adjudicadores. En la actualizada Ley de contratos del Sector Público se define como Poder Adjudicador: “Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, las siguientes entidades a) b) c) d)

Las Administraciones Públicas. Las fundaciones públicas. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores.” Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En caso de Administraciones Públicas, la Ley establece una completa regulación de su actividad contractual a lo largo de todo su articulado. Para los poderes adjudicadores que no tienen el carácter de Administración Pública, la ley establece una serie de previsiones que le sirven de macro jurídico para dar cumplimiento a las exigencias de derecho comunitario.

El Título I del Libro III, contiene las normas para la adjudicación de los contratos que deben aplicar tales poderes adjudicadores que carecen del carácter de Administración Pública. Cuando los contratos a celebrar están sujetos a regulación armonizada se aplican las normas previstas con carácter general para los contratos de las Administraciones Públicas en las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I del Libro de la Ley. Por último, el artículo 321 establece las normas aplicables a la adjudicación de contratos por parte de otros entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la consideración de poderes adjudicadores. Estas adjudicaciones deberán ajustarse a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y deberán recaer en la mejor oferta. Bibliografía: www.guíasjuridicas.wolkerskluwer.es Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Antonio Arévalo Arroyo. REPG. Grupo A 4º en Grado en Biología....