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CUADERNO DE CASOS PRÁCTICOS DERECHO PROCESAL PENAL GRUPOS B Y D 1. INMIGRACIÓN ILEGAL A y B trasladan en una embarcación hinchable y muy frágil a 30 inmigrantes de origen subsahariano, desde las costas africanas hasta España. Cuando la embarcación se encuentra a unas 50 millas de la costa española, es interceptada por una patrullera con bandera española y trasladada al puerto español más próximo, en Las Palmas. Una vez en tierra, A y B, que viajaban con los inmigrantes, son detenidos y acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El Juzgado de Instrucción incoó procedimiento abreviado y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de las Palmas, que dictó sentencia que contiene el siguiente pronunciamiento: -

FALLAMOS: estimar la cuestión previa de falta de jurisdicción de esta sala para conocer del delito objeto de la presente causa, declarando de oficio el pago de las costas procesales.

-

Se acuerda la inmediata puesta en libertad de los acusados. Expídanse los correspondientes mandamientos de libertad.

El Ministerio Fiscal quiere saber: a) Si puede impugnar la decisión de la Audiencia Provincial Si tiene argumentos para sostener/rechazar la jurisdicción de los tribunales españoles

2. MISCELÁNEA Señale, respecto de los delitos que a continuación se enumeran: a) b) c) d) e) f)

el tribunal competente para instruir el tribunal competente para enjuiciar el tribunal que conoce de la fase intermedia el procedimiento adecuado el recurso que procede contra la sentencia el tribunal competente para conocer del recurso

1. Delito de inducción al suicidio, penado con prisión de cuatro a ocho años, cometido por un menor de quince años. 2. Delito de incendio forestal, penado con prisión de uno a cinco años. 3. Delito de homicidio imprudente cometido con arma de fuego, penado con prisión de uno a cuatro años y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a seis años. 4. Delito de robo con violencia e intimidación, penado con prisión de dos a cinco años. 5. Delito de receptación, penado con prisión de seis meses a dos años 6. Delito de creación de vertederos tóxicos, penado con multa de dieciocho a veinticuatro meses

Prof. Pilar Peiteado. Curso 2017/2018

7. Delito de levantamiento de tropas españolas al servicio de una potencia extranjera, cometido por el ministro de defensa, penado con prisión de cuatro a ocho años 8. Delito de prevaricación en asunto administrativo, cometido por un consejero de una comunidad autónoma, penado con inhabilitación especial de siete a diez años. 9. Delito de amenazas, cometido por un marido contra su mujer, penado con prisión de seis meses a tres años. 10. Delito de concierto para alterar el precio del remate en una subasta, penado con privación de libertad de uno a tres años.

3. REAL BETIS A es hincha ferviente del Real Betis Balompié y lo sigue allá donde juegue. Hace algunas semanas el Betis se enfrentó al C. A. Osasuna y A no faltó a la cita. El Betis venció por goleada, y A, al acabar el partido, fue a visitar a unos viejos amigos pamploneses a los que hacía tiempo que no veía. Antes de llegar a la casa donde lo esperaban le salieron al encuentro dos individuos que, al verlo con la bufanda del equipo rival, se abalanzaron sobre él y le propinaron una brutal paliza. Como consecuencia, A estuvo hospitalizado cuatro días mientras curaba de distintas contusiones y heridas y perdió completamente la visión del ojo derecho. A denunció los hechos, que su abogado entiende constitutivos del delito de lesiones del art. 149 CP, castigado con una pena de 6 a 12 años de privación de libertad, ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, y el órgano actuante ordena a la Policía que realice algunas diligencias con el objeto de averiguar quiénes han sido los agresores. A través de la Policía Foral, la Policía Nacional obtiene el nombre de dos sospechosos (B y C), que fueron observados por unos vecinos mientras agredían a A. Esta información y otras actuaciones practicadas -y que constan en el atestado- se trasladan al Juez instructor, que cita a B y a C para que declaren sobre los hechos como imputados. Resuelva: 1ª. ¿Es simple o plural el objeto de este proceso? ¿Qué tribunal tiene competencia objetiva y territorial- para enjuiciarlo? Y en consecuencia, ¿qué órgano será el competente para hacerse cargo de la instrucción? ¿Y quién conocerá del recurso contra la sentencia que se dicte en su día? ¿Qué consecuencias tendría para la determinación de la competencia objetiva que uno de los imputados tuviese diecisiete años? 2ª. Si al recibir la citación B y C consideran que la instrucción debe seguirse ante los Juzgados de Pamplona, ¿de qué cauces disponen para impugnar la competencia del Juez de Sevilla? En particular, ¿pueden formular declinatoria ante el órgano actuante a fin de que se abstenga? ¿Tienen alguna vía para lograr que deje de conocer sin necesidad de trasladarse y personarse ante él? 3ª. En caso de que el Juez de Sevilla se abstuviera a favor de un Juzgado de Pamplona, ¿podría A recurrir esta decisión y, en su caso, ante quién? Y si el Juez de Pamplona, cuando el órgano actuante le remite la causa, entiende a su vez que él no es el competente, ¿cómo debería actuar legalmente?

4. VERTIDOS TÓXICOS En verano de 2012, la compañía Biobac, una de las mayores distribuidoras a nivel mundial de sustancias químicas (sector agroquímico, plásticos y cosméticos), vierte en un río del norte de España sustancias tóxicas, algunas tan peligrosas como tolueno, Prof. Pilar Peiteado. Curso 2017/2018

xileno, tetracloroetileno y benceno. Además de los inevitables daños medioambientales, un grupo de niños de un pueblo ubicado en la ribera del río presenta, tras pasar toda la tarde jugando y bañándose en la zona, síntomas de afecciones respiratorias, oculares y dermatológicas severas, que exigen ingreso hospitalario de dos de ellos. En nombre de la Agrupación de Pescadores Deportivos de la Cuenca Cantábrica, Raúl comparece en las actuaciones mediante escrito de personación ejercitando la acusación particular, representado por procurador al que ha otorgado poder y asistido por letrado. Mediante los mismos trámites, comparece en el proceso como acusación popular Ecologistas en Acción. 1º. Señale si hay más partes acusadoras posibles o más sujetos que puedan ejercitar la acusación en este proceso, y si las partes acusadoras personadas pueden ejercitar la acción penal y han comparecido correctamente. 2º. Identifique todas las posibles posiciones de parte pasiva. 3º. ¿Son partes necesarias en este proceso penal el responsable civil y el actor civil? ¿Quiénes ostentarían, en su caso, tal condición? 4º. ¿Podría ejercitar la acción penal como acusador particular el municipio de la ribera del río? ¿Y cómo acusador popular? ¿Podría ejercitar la acción civil?

5. OBRAS DE ARTE El Juzgado de Instrucción núm. 7 de los de Madrid recibe por turno de reparto una querella formulada por D. BORJA THYSSEN contra Dª. CARMEN THYSSEN por un supuesto delito continuado de apropiación indebida de obras pictóricas valoradas en varios millones de euros. El expresado Juzgado dicta Auto por el que admite a trámite la querella. La defensa de la Sra. THYSSEN interpone recurso de reforma contra su decisión, alegando, entre otras cuestiones, que el querellante es descendiente (hijo) de la querellada, de tal manera que, conforme a los artículos 103.2 LECr y 268.1 CP, carece del preceptivo locus standi, interesando, pues, la inadmisión de la querella y el archivo de las diligencias previas. Tras analizar el recurso y las impugnaciones, el Titular del Juzgado decide estimar el recurso de reforma, mas parcialmente, esto es, teniendo por apartado del procedimiento al querellante, en cuanto que carecería de legitimación, pero acordando la iniciación del procedimiento contra la Sra. THYSSEN en cuanto que supuesta autora de un delito de naturaleza pública, al haber manifestado el Ministerio Público en el trámite de impugnación del recurso de reforma, su intención de acusar a la querellada por ser clamorosos los indicios racionales de criminalidad en su contra. La Acusación Particular, por su parte, manifiesta en dicho trámite su intención de permanecer en el proceso penal como actor civil para el caso de que se considere que carece del preceptivo locus standi. La Defensa interpone recurso de apelación contra este Auto, alegando la indebida inaplicación del art. 637.3º LECrim. ¿Es correcta la decisión del Juez de instrucción?

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6. MARCIANO, MARCO Y MARCELO Marciano, Marco y Marcelo planean un robo en el chalet de Florinda. Amenazan a Paco con una pistola para sustraerle su automóvil en el momento en el que se dispone a salir de él, y conduciendo este vehículo llegan al chalet. Saltan la valla exterior y fuerzan la cerradura de la puerta principal. Mientras están recogiendo los objetos de valor aparece inesperadamente Florinda y, antes de que pueda reaccionar, Marciano le lanza un pesado cenicero que se encontraba sobre la mesa, causándole una herida en la cabeza que le produce la muerte. Marciano, Marco y Marcelo, asustados, terminan rápidamente lo que estaban haciendo y huyen en el coche robado con un botín valorado en 400.000 euros. Tras conducir durante media hora para alejarse del chalet, Marco para el vehículo y aconseja a Marcelo que baje y vuelva a casa de sus padres, bajo cuya patria potestad vivía por padecer una enfermedad de naturaleza psiquiátrica. Mientras, Marco y Marciano han llegado a la joyería de Pablo, colega con el que habitualmente comercian. Pablo se queda con parte del producto del robo, exactamente con la mitad, pagando 50.000 euros por ello. Al abandonar la joyería, se despiden. Marciano sigue a pie y Marco continúa en el coche, tan distraído que no advierte que invade un cruce en el que no tiene preferencia. Al oír el ruido de un camión sólo tiene tiempo para dar un “volantazo”, consiguiendo esquivar al camión pero empotrándose contra una de las viviendas que limitan con la carretera. Marco muere, se quema la casa y su propietario, Felipe, queda gravemente herido. 1. Identifique las acciones penales y agrupe las que pueden tramitarse en el mismo proceso. Identifique las acciones civiles, sus sujetos y los procesos en los que pueden ejercitarse.

7. “LA GUAPA” Y “EL CACHAS” Un confidente habitual de la Policía informa a ésta de que una mujer, conocida como “la guapa”, le ha contado que su novio estuvo tomando copas la noche del sábado 20 de junio de 2017 con “el cachas”, quien le confesó ser uno de los autores del robo perpetrado el día 8 de marzo de 2017 en las taquillas del estadio de fútbol Rico Pérez de Alicante. Asegura, además, el confidente que conoce a dos chavales que, escondidos tras colarse por la puerta C del estadio, presenciaron los hechos. •

¿Podría incoarse un proceso penal si la única información que consta en el atestado es la proporcionada por el confidente? ¿Por qué?

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En caso de que la información recibida del confidente sea tomada en consideración y se inicie una instrucción ¿quién o quiénes de los nombrados en este relato de hechos deben ser llamados a comparecer como testigos y prestar declaración ante el juez? Si los chicos que vieron el robo tienen 12 y 13 años, ¿podrían ser llamados a comparecer y prestar declaración? ¿Y si resultaran ser sobrinos del cachas” (hijos de dos de sus cuatro hermanos)?

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¿Podría tener valor probatorio la declaración del confidente a través del testimonio del policía que la recibió en el juicio oral?

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8. VIRUS La Brigada de delitos informáticos de la Guardia Civil solicita del Juez de Instrucción competente la utilización de troyanos (virus informáticos), que programaría y controlaría el Capitán de dicho cuerpo, para investigar un supuesto delito de distribución de pornografía infantil que estaría cometiendo Ricardo desde el ordenador de su domicilio, en Lugo. Sería necesaria la colaboración del proveedor de antivirus CHITA, utilizado por el sospechoso, que rebajaría el nivel de protección de todos los usuarios para introducir el troyano en el ordenador de Ricardo. • •

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Valore la viabilidad jurídica de esta diligencia, y determine su marco normativo y los requisitos a los que, en su caso, estaría sometida. ¿Variaría en algo la respuesta anterior si el troyano pudiese ser introducido en el ordenador del sospechoso sin afectar al nivel de protección de otros usuarios? ¿Variaría si se solicitase autorización para crear una web con contenidos pornográficos falsos y controlar a quienes se conecten a ella?

9. COMUNICACIONES Seis ganaderos de una zona conocida por su importante producción cárnica se dirigen a usted porque han sido citados para declarar como imputados por un delito contra la salud pública del artículo 364.2 1ª CP, consistente en administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas. Cuando se alza el secreto de sumario, incoado como consecuencia de una querella formulada por el ministerio fiscal, usted obtiene la siguiente información. I. Unos diez meses antes, la policía acude a un grave accidente sufrido por una furgoneta y observa que la carga está constituida por grandes cajas llenas de medicamentos, sin ninguna identificación externa. Los ocupantes son detenidos, confiesan que forman parte de una red dedicada al engorde ilegal de ganado, y permiten que la policía intervenga sus teléfonos móviles; a través de estas intervenciones, son identificados los ganaderos A y B, que entran en contacto con los proveedores. Se solicita autorización judicial para intervenir sus teléfonos, y tras un mes de escuchas, el JI adopta la decisión de imputarlos. II. Paralelamente, la oficina de consumo de la Comunidad Autónoma detecta un incremento de las reclamaciones y quejas relacionadas con productos cárnicos. Puesta sobre aviso la Guardia Civil, establece una vigilancia sobre varias webs que venden productos químicos susceptibles de ser usados para estas finalidades. Aísla varias direcciones IP que resultan sospechosas, y, tras solicitar de las compañías telefónicas correspondientes la identificación de sus titulares, insta la intervención judicial de sus teléfonos. De estas intervenciones termina resultando la imputación de los ganaderos C y D. III. La imputación de E deriva de un golpe de suerte. Puesta su explotación bajo una discreta vigilancia, porque diversos indicios apuntaban a su implicación, un policía dedicado a esas labores de vigilancia encontró un teléfono móvil perdido y sin batería. Tras solicitar de la compañía telefónica el número PIN, se comprobó que el teléfono pertenecía precisamente a E, de modo que se pidió al tribunal autorización para registrar

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su contenido. Los correos electrónicos a los que pudo accederse a través del terminal fueron suficientes para desencadenar la imputación de E. IV. F reunía también indicios en su contra, pero ni la vigilancia de su explotación ni la intervención de sus teléfonos, autorizada por el JI, arrojaban resultados positivos, de modo que el tribunal rechazó la solicitud formulada por la policía de continuar investigando las comunicaciones telefónicas de F. La policía tuvo entonces la idea de someter a vigilancia los paquetes que F recibía y, efectivamente, a las pocas semanas, los agentes recibieron un aviso de la oficina de correos. El paquete inspeccionado por la policía contenía medicinas similares a las halladas en la furgoneta accidentada. Durante varios meses, la policía comprobó que periódicamente llegaban a la oficina de correos paquetes con distintas formas y tamaños y procedencias a nombre de F, pero todos guardaban en su interior medicamentos destinados al ganado. El atestado policial convenció al JI, que decretó la imputación de F. Señale el mecanismo procesal que crea conveniente dirigido al tribunal que estime competente para evitar que perjudiquen a sus clientes las actuaciones que estime ilícitas. Señale brevemente por qué considera lícitas las restantes.

10. ANTONIO I. Antonio es detenido en Madrid el jueves 20 de septiembre, a las 18.00 horas, porque la policía observa que realiza una transacción sospechosa y al registrarlo advierte que lleva un paquete con una sustancia que muy probablemente resultará ser cocaína. Tras tomarle declaración y confirmar la naturaleza, pureza y peso de la sustancia, es puesto a disposición judicial el sábado 22 a las 21.00 horas. El JI ordena su ingreso en el calabozo de los Juzgados y que lo conduzcan ante él para declarar el lunes 24, a las 9.00 horas. ¿Se practica y desarrolla correctamente la detención? II. Las autoridades judiciales holandesas emiten una orden europea de detención y entrega de Antonio para ser juzgado por un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Antonio es español y se encuentra en Sevilla en situación de prisión preventiva, puesto que está siendo juzgado por un delito contra el patrimonio por un JP de Sevilla. •

Señale quién recibirá la OED en España y describa brevemente el procedimiento que va a desenvolverse respecto de ella.

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Póngase en el lugar del letrado defensor y señale qué circunstancias le permiten oponerse a la entrega.

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¿Qué incidencia tendrá en la tramitación de la orden de entrega el hecho de que el reclamado esté siendo juzgado por los tribunales españoles por otro delito? ¿Y si fuera el mismo delito?

11. ANTONIA Antonia, su defendida, es condenada en septiembre de 2017 a seis años de privación de libertad por un delito contra la salud pública. Estuvo tres años en prisión preventiva -de ellos, los primeros ocho meses estaba además cumpliendo condena por otra causa, y un año en libertad provisional, compareciendo ante el JI los días 1 y 15 de cada mes. Usted quiere que se le abonen las medidas cautelares sufridas a la condena impuesta en la misma causa. Señale el momento procesal en el que debe producirse este abono,

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cómo quedará el cómputo final de la condena y por qué, y los medios procesales con los que cuenta para impugnar la decisión si fuera desfavorable para su cliente.

12. ANTONIO Y ANTONIA Antonio tiene una orden de alejamiento respecto de Antonia, su mujer, a la que sometía a un duro maltrato psicológico y de palabra, hasta el punto de que la hermana de Antonia interpuso una denuncia de la que derivaron unas diligencias previas incoadas por el JVSM. La incoación del proceso penal hizo recapacitar a Antonio, que comenzó una terapia psicológica y personal; unos amigos, convencidos de que Antonio había cambiado completamente, propiciaron un encuentro entre ambos y Antonia decidió darle otra oportunidad. Enterado el trabajador social de los Juzgados encargado del seguimiento de Antonia, y en cumplimiento de su protocolo de actuación, puso en conocimiento de la policía el posible quebrantamiento de la medida cautelar. La policía acudió al domicilio de Antonia y comprobó que Antonio vivía de nuevo allí, de manera que formuló atestado que dirigió posteriormente al Juzgado. Antonia envía entonces un fax al Juzgado explicando la situación y pidiendo que se revoque la medida cautelar. •

¿Qué actuación procesal desencadenará el atestado de la policía? ¿Cuál será el sentido de la decisión con la que finalmente se resuelva?

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¿Se ocupará del quebrantamiento el mismo tribunal que adoptó la medida? Justifique su respuesta

¿Tiene alguna influencia en la resolución de la situación el escrito que Antonia dirige al tribunal que adoptó la medida?

13. LEGÍTIMA DEFENSA En la fase intermedia del proceso penal dirigido contra Antonio (procesado por la muerte de Juan), el Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento libre de la causa por entender que concurre la causa prevista en el art. 637 3º LECr . En concreto, considera que concurre la causa de exención previs...