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Resumen e historia de la Hacienda Pública En otro artículo habíamos visto que la Hacienda Pública es la rama de la economía que estudia el sector público, también conocida como economía pública, en donde el Estado interviene en el mercado (economía de mercado) a través de ingresos y gastos públicos, como veremos a continuación. En la práctica también es la administración fiscal de los ingresos y egresos. El concepto de Hacienda Pública ha evolucionado con el tiempo. Hasta hace un par de siglos los economistas heredaron las viejas nociones de la época mercantilista y afirmaban que las finanzas eran los nervios o nerfs de la República, después creyeron que las finanzas públicas estaban en manos del Estado para asegurar la paz interior y exterior, a lo que afirmaron los economistas clásicos que por lo tanto solo había de reclamar a los ciudadanos los menores impuestos posibles, y de ahí propusieron que las finanzas públicas pertenecieran solo a la economía del mercado. Las finanzas públicas se enfocaban como una replica magnificada de la economía privada; a) como todos los ciudadanos se beneficiaban del gasto público (encaminado a garantizar la paz, la seguridad y la propiedad) proporcionalmente a sus propiedades, entonces todos debían de contribuir con el mismo tipo impositivo a través de los tributos; b) al igual que en el presupuesto familiar, en el presupuesto del Estado no podía haber déficit, debía de gastarse lo imprescindible y los ingresos y gastos debían gestionarse con frugalidad y economía. Toda esta relación expuesta entre la gestión privada y pública fue bien comprendida por los ciudadanos y ayudo a la legitimación de los gobiernos democráticos y esto explica por que la hacienda clásica ha pervivido tanto tiempo. Después surgieron otras ideas sobre Hacienda en Alemania en el s. XIX que decían que la Hacienda Pública era un organismo económico los cuales centraban sus teorías sobre los testimonios históricos, Schmoller abrió camino para integrar el estudio de las finanzas públicas en su contexto político y social, otro pensador fue Schumpeter que para el, el presupuesto era un fiel espejo del sistema social y político de la sociedad que lo elaboraba, por que decía que los acontecimiento dejan huella en la economía financiera y que al estudiar el presupuesto nacional se puede llegar a conocer la realidad de la acción gubernamental, otro pensador fue, Gastón Jéze y dijo que el presupuesto era el “esqueleto” del ejercicio de la dominación política y que el estudio del presupuesto público constituye el punto de partida para el análisis histórico de la hacienda pública. La economía se compone de un sector privado cuyas decisiones se basan en las reglas del mercado y de un sector público cuyas acciones atienden al principio de autoridad y son impuestas por los poderes públicos, el sector público se caracteriza por que puede asignar sus recursos al margen de los precios del mercado y prescindir del criterio de rentabilidad, sus actividades económicas son: 1) las operaciones realizadas para suministrar bienes y servicios y ejecutar las transferencias que se canalizan por los presupuestos de las administraciones públicas, 2) las actividades del sector público empresarial, desplegadas por las sociedades públicas financieras y no financieras y por otros entes y organismos públicos comerciales y financieros, 3) los gastos fiscales, constituidos por las exenciones y deducciones practicadas en los impuestos por las familias y las empresas y 4) las regulaciones que las administraciones públicas establecen mediante la legislación económica. El sector público influye de dos maneras;

a) actuando directamente sobre la demanda y la oferta de la economía, con las actividades presupuestarias de las administraciones públicas y con las actividades productivas de las empresas públicas y b) regulando el comportamiento de los sectores y agentes económicos privados a través de las leyes y normas que fijan los gastos fiscales y las reglamentaciones económicas. Hay dos sectores económicos: en el sector puro de mercado no hay ninguna intervención pública, mientras el sector protegido incluye todas las actividades empresas y mercados que se hallan subvencionado protegidos por aranceles regulados e intervenidos de alguna manera por la administración pública.[1].

Distintas disciplinas de la economía se han preocupado de buscar las razones de la ampliación histórica de la economía pública frente al sector privado que –antes del crecimiento de la empresa pública- se identifica con el mercado. La teoría económica explica la intervención del gobierno recurriendo en los fallos del mercado, tanto desde el punto de vista microeconómico como macroeconómico; en la microeconomía se estudia las justificaciones teóricas de los gastos públicos y de las regulaciones así como las repercusiones de los impuestos, necesarios para financiar estos gastos sobre la asignación de los recursos y la eficiencia; la macroeconomía analiza los efectos de los ingresos y gastos públicos sobre la demanda agregada y la renta nacional, así como la efectividad de la política fiscal para suavizar los ciclos y promover el crecimiento económico. La hacienda pública se especializa y profundiza en todos estos aspectos relacionados con la intervención del Estado en la economía y se preocupa además de las cuestiones aplicadas e instrumentales relacionadas con el sector público al igual que estudia como se organiza, como gasta y como se financia el Estado y cuales son las maneras más eficientes de hacerlo.

Cuando se analizan conjuntamente todos los mercados, en la teoría del equilibrio general, se comprueba que existe un equilibrio competitivo con unos precios que vacían todos los mercados de bienes y de factores simultáneamente. Ello indica que la valoración subjetiva de los consumidores para los distintos bienes es igual al coste social relativo de producción, coincidiendo ambas valoraciones relativas con los precios fijados por el equilibrio del mercado. La denominada economía del bienestar pretende establecer criterios de evaluación ajenos a los juicios de valor, del equilibrio competitivo. El criterio más general es el “Óptimo de Pareto” que se define como aquel equilibrio económico a partir del cual es imposible lograr una asignación de los recursos distinta que mejore la situación de un individuo sin perjudicar el bienestar de cualquier otro. Cuando surgen diferencias en el mundo económico se da la teoría del mercado competitivo que contiene lo siguiente; a) los agentes económicos toman sus decisiones ante la ausencia de incertidumbre, b) existen mercados competitivos para todo tipo de bienes y factores de producción, c) los derechos de propiedad sobre los bienes y de factores están perfectamente delimitados por las leyes, d) ningún agente tiene influencia sobre los precios del mercado, e) la sociedad se mantiene neutral frente a la distribución vigente de la renta. Las distorsiones o fallos del mercado son cuando el precio diverge de la valoración o del coste social marginal del bien en cuestión. Hay dos argumentaciones adicionales menos ortodoxas para justificar la intervención del Estado por parte de los poderes públicos, una es la tradicional del “paternalismo” y la otra alude

al cuidado de los intereses de las “generaciones futuras”. En definitiva, las áreas de intervención del sector público propuestas por la Hacienda normativa pueden reagruparse así; a) los bienes públicos a los cuales no se les puede dar el principio de exclusión y por lo tanto ningún empresario privado producirá estos bienes porque no podrá venderlos, dentro de los bienes públicos está; la defensa, la justicia, la política y la representación exterior, todos los ciudadanos los consumirán aunque no paguen por ellos, es decir que no hay un mercado para ellos, dentro de los bienes públicos también están las instituciones u obras públicas que están destinadas a la facilitación del comercio y a la instrucción del pueblo, a lo que lleva al problema de que bienes públicos debe de suministrar el Estado donde la solución teórica es, la cantidad que iguale el coste social marginal con el beneficio social marginal aunque esto tiene una dificultad práctica que es el no conocer la curva de demanda de los bienes públicos ya que la preferencias individuales no se manifiestan con nitidez, pero los gestores públicos podrían saberlo a través de encuestas.[2] La teoría de los bienes públicos no implica que el Estado sea quién debe producirlos sino que el sector público debe de fijar la cantidad de demanda y proveer su financiación, aunque también pueden ser producidos por empresas privadas; b) las distorsiones del monopolio, las externalidades y la desinformación que dicen que la intervención del Estado es aconsejable ante la existencia de mercados imperfectos, la presencia de efectos externos y la falta de información completa de los agentes. El Estado interviene simulando un mercado competitivo a través de la legislación y mediante la fijación administrativa de los precios y de las cantidades producidas regulando los monopolios y oligopolios colusivos, la intervención del Estado implica tres vertientes la primera modalidad de regulación consiste a obligar al monopolista a producir la cantidad socialmente demandada en condiciones competitivas, es decir, que su curva de coste marginal corta a la curva de demanda del mercado, en la segunda manera de intervención el Estado fija los precios del monopolio en el punto en que su curva de costes medios corta a la curva de de demanda del mercado, es decir, poner un máximo de precios, y en la tercera el Estado puede gestionar directamente el monopolio natural, creando empresas públicas; c) los objetivos macroeconómicos como la estabilización y el desarrollo, las externalidades por su parte, fuerzan la intervención del Estado cuando el consumo y la producción de un bien a agentes distintos de aquellos que toman las decisiones. Los externos negativos se hallan en los casos de la contaminación industrial, cuando los costes y beneficios sociales coinciden con los privados porque el precio de mercado no refleja la externalidad. Las economías externas positivas se presentan en la construcción de infraestructura, la educación, la sanidad, la vivienda y en general los bienes preferentes. En definitiva, las justificaciones tradicionales para la intervención del Estado se hallan, como ya hemos visto, en los fallos del mercado; y d) la distribución de la renta: la búsqueda de la equidad. Las sociedades democráticas con sufragio universal han considerado generalmente la distribución de la renta por la mano invisible injusta porque las propiedades de los recursos suelen estar repartidas desigualmente. El Estado redistribuye la renta tanto mediante el gasto de transferencias y en bienes preferentes como a través de un sistema tributario progresivo. Las pensiones de jubilados, de viudedad y de desempleo permiten a la persona sin ingresos derivados del trabajo ni del capital, una cierta renta disponible para financiar su subsistencia.

En la contabilidad de la Hacienda Pública estos ingresos y gastos públicos pueden agruparse para su análisis según tres criterios definidos, que resaltan sus diferentes

rasgos y propiedades desde la óptica administrativa, económica y funcional. La clasificación administrativa cataloga los derechos y obligaciones del Estado según la figura tributaria que proporciona los ingresos y el organismo que canaliza los flujos del gasto. La Hacienda Pública se nutre de tres tipos de recursos: 1) los gratuitos como son los antiguos donativos de la nobleza y el clero, y las actuales transferencias de organismos internacionales; 2) los contractuales, que proceden de la propiedad y la empresa pública y que presentan la formación de rentas y precios, y 3) los coactivos, también llamados ingresos derivados de las tres prerrogativas del Estado: a) el dominio eminente, que permite las expropiaciones; b) el poder penal, del que emana las multas, y c) el poder fiscal, en el que sustentaban las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Las tasas y las contribuciones especiales son dos recursos coactivos que predominan en las Haciendas municipales y finalmente los impuestos implican la obligación de transferir dinero al Estado sin que el contribuyente reciba ninguna contraprestación directamente relacionada con el pago al Tesoro. El sujeto activo siempre es el Estado, desde la revolución liberal, aunque puede ceder la percepción de los impuestos a otros organismos públicos. Los impuestos constituyen la principal fuente de financiación de los Estados contemporáneos y dentro de ellos, se distinguen los directos de los indirectos. Los impuestos directos gravan una manifestación directa y duradera, los impuestos indirectos recaen sobre manifestaciones indirectas y transitorias de la capacidad de pago; no se devenga en periodos fijos, sino que perciban con ocasión de actos contractuales. Los impuestos directos se subdividen, a su vez, en impuestos reales e impuestos personales, los reales también llamados objetivos o contribuciones de producto, persiguen gravar las fuentes de los rendimientos económicos en el lugar de obtención de la renta, y no a la persona que la percibe en su plaza de residencia, los impuestos personales gravan directamente a las personas e intentan captar todos sus rendimientos conjuntamente, recayendo sobre su renta global. Estos tributos consideran, como su nombre indica, las circunstancias personales y familiares del contribuyente y discriminan según el tipo de ingresos percibidos, favoreciendo generalmente a los salarios y castigando a las rentas no ganadas. Los impuestos personales pueden por su parte ser fijos o variables con la renta. Los impuestos sobre la renta, por su parte recaen, tanto sobre los individuos o las familias como sobre las empresas. Los impuestos indirectos por su parte cuentan varios tipos: a) las contribuciones sobre consumos determinados y los impuestos sobre consumo específico en los que cada producto es gravado con tipo diferente, e incluso con tributos distintos, b) los impuestos generales sobre el volumen de ventas, que cargan un mismo tipo sobre todos los productos, estos a su vez son multifacéticos el más conocido es el IVA o impuesto sobre el valor agregado que tiene semejanza con el ITE impuesto sobre el tráfico de empresas.

Los criterios de selección de las variables presupuestarias se componen de varios factores como los son los ingresos de Estado que tienen los ingresos brutos o netos, los ordinarios o totales, recursos no financieros o totales, ingresos presupuestos, ingresos por presupuesto del año. Así mismo hay que especificar las fuentes de procedencia de los datos fiscales ya sean los distintos organismos del ministerio de Hacienda, las cortes o el tribunal de cuentas. Los criterios que toma el autor son; 1) el registro de las fases presupuestarias donde el presupuesto del Estado recorre varias etapas a) preparación del anteproyecto por los distintos ministros; b) elaboración del proyecto por el gobierno; c) dictamen de la comisión del presupuesto; d) discusión parlamentaria; e) ley del presupuesto; f) decretos de ampliaciones de créditos y créditos extraordinarios; g) fase

de devengo y liquidación con las limitaciones con las obligaciones y derechos reconocidos y liquidados; h) fase de realización, mediante los pagos y los ingresos de caja realizados por el tesoro; i) control y contabilización por la intervención general de la administración del Estado de la liquidación provisional y j) control externo y aprobación definitiva de la contabilidad anual por el Tribunal de Cuentas. 2) imputación temporal de las operaciones. La asignatura de las operaciones del Estado se enfrenta a tres dificultades: a) al periodo de ampliación; b) las resultas y c) la no coincidencia del ejercicio presupuestario con el año natural. 3) delimitación de las operaciones del Estado. Se consideran las actividades económicas del Estado aquellas comprendidas dentro del presupuesto de Estado entendido como la suma del presupuesto ordinario, de los presupuestos extraordinarios y de las secciones extrapresupuestarias y 4) valoración de las operaciones. Los ingresos del gasto del Estado están registrados por sus valores brutos, o totales, tal como son anotados en las liquidaciones presupuestarias.

Las clasificaciones económicas y funcionales. En la clasificación económica del Estado los gastos corrientes se componen de las compras de bienes y servicios, los sueldos y salarios, los intereses de la deuda y de los préstamos, las prestaciones sociales, las subvenciones y las demás transferencias corrientes. La formación bruta del capital fijo incluye los gastos realizados en la adquisición de bienes que pueden ser utilizados durante más de un año, salvo el mobiliario y material inventariable de oficina, los gastos de conservación y de reparaciones ordinarias y las inversiones militares que han sido incluidos en la partida de compras de bienes y servicios corrientes. La cuenta financiera recoge las transacciones de débitos y créditos efectuados por el Estado; en ella, la variación neta de pasivos financieros. Lo que quiere decir que el Estado se endeuda, emitiendo pasivos, para cubrir sus necesidades de financiación para adquirir activos y para amortizar la deuda pública. Ahora bien, el saldo presupuestario es la diferencia entre los ingresos ordinarios y los gastos públicos totales; si el saldo es negativo se llama déficit y para financiarlo se recurre a los recursos extraordinarios. El concepto de recursos ordinarios se refiere a los ingresos no financieros. El presupuesto del Estado es la previsión anual de los planes de gasto y financiación de la Hacienda central. La ley de presupuestos ha de estar equilibrada constantemente, pues los gastos aprobados tienen que ser financiados bien con impuestos, bien con emisiones de Deuda Pública, se distinguen varias formas de elaboración del presupuesto: a) en un programa presupuestario incremental, se elabora un presupuesto partiendo de los niveles del gasto del presupuesto anterior justificando, discutiendo y aprobando sólo los incrementos en los gastos; b) el presupuesto base cero; c) el presupuesto por programa se establece en base a los programas de gasto con independencia de los ministerios gastadores. El presupuesto exhibe un constante equilibrio contable, pues sus ingresos igualan sus gastos y para evaluarlo existen varios conceptos de saldo presupuestario, todos ellos conectados entre sí. Empíricamente la definición presupuestaria exige específicamente a) el agente o el organismo público titular de las obligaciones y los derechos establecidos en el documento contable: b) las partidas de ingreso y gastos que se consideran por encima de la línea que traza el saldo y c) la fase del proceso presupuestario en las que se valoran las operaciones. En primer lugar, el saldo presupuestario puede calcularse para cada agente público y para el conjunto, o cualquier subconjunto de las administraciones públicas. Una vez elegido el agente, su saldo presupuestario puede calcularse en un segundo lugar, para cada una de las cuentas que componen las clasificaciones económicas; así, el saldo de la cuenta de ingresos y gastos

indica el ahorro; el saldo de la cuenta de capital mide la necesidad de financiación, y el déficit de la cuenta financiera representa la variación neta de pasivos financieros, que es igual a la suma de las necesidades de financiación y de la variación neta de activos financieros y que coincide con el déficit total presupuestario, que es definido no financieros y los gastos totales. El Plan General de Contabilidad Pública define varios saldos presupuestarios, según las partidas consideradas: a) si se observa sólo la cuenta de ingresos y gastos se obtiene el ahorro del Estado; b) si el ahorro junto a los impuestos y transferencias de capital son incapaces, el déficit no financiero del Estado, que expresa la necesidad de financiación que el Estado debe contratar para atender a sus obligaciones corrientes y de capital. La necesidad de financiación en la fase de devengo es el déficit del Estado en términos de la Contabilidad Nacional. La deuda pública del Estado viva, también deuda en circulación o acumulación, está compuesta de los títul...