INESTABILIDAD POLÍTICA, FUERZAS ARMADAS Y DEMOCRACIAS DÉBILES. 1955-1966 PDF

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entre 1955 y 1966 estuvo marcado por la inestabilidad e ilegitimidad del sistema político...

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Libro de clase 6 INESTABILIDAD POLÍTICA, FUERZAS ARMADAS Y DEMOCRACIAS DÉBILES. 19551966. ACTORES SOCIALES: FUERZAS ARMADAS, PERONISMO, SINDICATOS, CAPITAL EXTRANJERO INTRODUCCIÓN: El período comprendido entre 1955 y 1966 estuvo marcado por la inestabilidad e ilegitimidad del sistema político. Los distintos gobiernos que se sucedieron, tanto militares como civiles, fueron incapaces de sostener un proyecto político y económico de forma duradera. El enorme descreimiento en las instituciones estatales, generado, entre otros motivos, por la proscripción, exclusión y persecución de la principal fuerza política- el peronismo- llevó a que los diferentes gobernantes del período contasen con escasa legitimidad. Sin duda, el dilema de qué hacer con los peronistas fue una cuestión central para los variados actores sociales que confluyeron en el golpe de Estado de septiembre de 1955. Mientras algunos sostenían que era necesario integrarlos al juego político, otros consideraban que había que erradicarlos y borrar cualquier rastro de lo que había representado el peronismo. Tomando como eje la “cuestión peronista”, en esta clase nos proponemos atender a las características políticas del período, para posteriormente focalizar en el proceso económico. Entonces, una de las preguntas que guiarán nuestra aproximación a este complejo período es por qué el peronismo siguió constituyendo una cuestión central de la agenda política durante esos años. PARTE I : GOBIERNOS MILITARES Y SEMIDEMOCRACIAS El golpe de Estado de septiembre de 1955 contó con el apoyo de diversos actores políticos (conservadores, radicales, socialistas, demócrata cristianos, grupos nacionalistas, y también representantes de corporaciones empresarias, la mayoría de las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica), quienes sostenían haber actuado para liberar a la Argentina de la tiranía de Perón, de ahí su autoproclamado nombre de “Revolución Libertadora”. En un principio, la alianza antiperonista coincidió en que las Fuerzas Armadas, al frente del gobierno provisional, debían conducir una reorganización política tendiente a desperonizar la sociedad argentina, para luego dar paso al restablecimiento de un sistema democrático. No obstante, a medida que la represión antiperonista se profundizó, con persecuciones y fusilamientos a los militantes, comenzaron a surgir diferencias. Veamos de qué manera se intentó borrar al peronismo de la sociedad argentina. Los acciones más fuertemente orientadas a “desperonizar” la Argentina fueron ejecutadas durante el gobierno del general Aramburu, sucesor del general Lonardi (quien había fracasado en su intento de promover la pacificación y reconciliación entre peronistas y antiperonistas). Buscando erradicar al peronismo, Aramburu ordenó la disolución del Partido Peronista, la inhabilitación de todos sus dirigentes para asumir cargos electivos o en la administración pública, la exclusión de la actividad sindical para todos aquellos que ocuparon cargos gremiales entre

1952 y 1955 y la derogación de la Constitución Nacional de 1949. En el ámbito laboral, intervino la CGT, disolvió las comisiones internas en las fábricas y anuló la Ley de Asociaciones Profesionales. También se prohibió por decreto la utilización de imágenes, símbolos, y expresiones relacionadas con el peronismo. Al mismo tiempo, tomó medidas económicas que perjudicaron a los trabajadores en su conjunto, más allá de su afiliación política. Lejos de cumplir con el objetivo de desperonizar la Argentina, las acciones proscriptivas, la exclusión y la persecución de los militantes peronistas, sumadas a los esfuerzos por debilitar la fuerza política y social de los trabajadores, sólo consiguieron solidificar la identificación de los trabajadores con el peronismo. De este modo, se desarrolló una resistencia peronista que, en forma inorgánica y poco planificada, adoptó prácticas defensivas como “volanteadas” y sabotajes en las fábricas. Por otro lado, de forma más radical, en 1956 se intentó un levantamiento cívico-militar contra Aramburu, que fue duramente reprimido, y cuyo saldo fue el fusilamiento de 38 personas. Ante esta crítica coyuntura, los partidos no peronistas afrontaron discusiones internas sobre si debían o no avalar la exclusión del peronismo y los métodos aplicados por el gobierno militar. En el caso del partido radical, estos debates llevaron a una fractura entre los que apoyaban la decisión de proscribir al peronismo y los que consideraban necesaria su integración política para lograr una estabilidad democrática. Los primeros se agruparon en la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), liderada por Ricardo Balbín, y los segundos conformaron la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), dirigida por Arturo Frondizi. Las diferentes posturas se acentuaron al aproximarse las elecciones presidenciales de 1958. En esa ocasión, Frondizi llegó a un acuerdo con Perón para que los peronistas lo votaran a cambio de que, una vez en el poder, diera marcha atrás con las medidas tomadas por Aramburu en contra del peronismo y los trabajadores. La alianza tuvo éxito y Frondizi obtuvo el 45% de los votos. Luego de asumir, el líder radical cumplió parcialmente con lo acordado. Revocó varias restricciones impuestas al peronismo (liberó a los presos políticos peronistas y les permitió participar de actividades políticas y gremiales, derogó las inhabilitaciones gremiales, anuló los decretos que prohibían el uso de los símbolos peronistas) pero mantuvo la proscripción política del partido y su líder. En parte por ello, la alianza entre Perón y Frondizi rápidamente se desgastó. A pesar de este distanciamiento, el gobierno de la UCRI nunca logró modificar el recelo que tempranamente había despertado entre las Fuerzas Armadas. Esto quedó manifiesto de modo claro en 1962, cuando decidieron dar un golpe de Estado. Un tiempo antes, Frondizi dejó participar a los peronistas en las elecciones de gobernadores e intendentes en distintas provincias. El triunfo del peronismo en 8 de las 14 provincias que elegían gobernador en ese año no podía ser aceptado por los sectores antiperonistas. Frondizi optó por anular las elecciones pero a pesar de ello los militares tomaron la decisión de destituir al presidente. Este nuevo golpe de Estado trató de mantener una legalidad formal al designar como presidente, siguiendo la ley de acefalía, al presidente provisional del Senado, José María Guido. El

breve gobierno de Guido estuvo marcado por la tutela de los militares (quienes por ese entonces atravesaban un proceso de división interna que se expresó en los enfrentamientos armados entre los grupos azules y colorados). Al desarrollarse las elecciones de 1963, con el peronismo nuevamente proscripto, el candidato vencedor fue Arturo Illia de la UCRP. El caudal de votos obtenidos, 25,8%, daba cuenta del escaso respaldo político con el que contaba el nuevo presidente. La escasa representatividad de las elecciones se reflejó en el alto número de votos en blanco, el cual ascendió en esa ocasión al 19,41%. Illia no contaba con el apoyo suficiente para desplegar el programa de reformas que proponía. Tanto los sectores empresarios como los sindicales se enfrentaban abiertamente al presidente. A su vez, las Fuerzas Armadas se estaban reorganizando y muy pronto volverían a intentar tomar el poder. En ese marco, las políticas económicas keynesianas despertaron el descontento de empresarios nacionales y extranjeros (entre los que se destacaron las empresas petroleras y los laboratorios farmacéuticos). Otro foco vulnerable fue la cuestión sindical, no solo porque Illia no contaba con apoyos en ese sector sino también porque intentó, sin éxito, romper el monopolio peronista en los sindicatos impulsando una modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales. Asimismo, las Fuerzas Armadas, que venían de resolver sus diferencias internas, se aprestaron a iniciar una campaña golpista- con el apoyo de medios de comunicación- que finalizaría el 28 de junio de 1966 con el derrocamiento de Illia por parte de los comandantes de las Fuerzas Armadas. PARTE II: ENTRE EL DESARROLLO Y LOS PLANES DE ESTABILIZACIÓN Entre los años 1955 a 1966 la economía argentina atravesó una sucesión de ciclos de expansión y contracción. Los mismos se caracterizaban por el hecho de que, luego de una fase de crecimiento industrial, el nivel de demanda de equipos e insumos importados pasaba a ser tan elevado que las divisas -producidas por el sector agroexportador, y en menor grado por la industria nacional- se volvían insuficientes para continuar la importación de los bienes necesarios para sostener la expansión económica. De este modo, se desembocaba en un estrangulamiento productivo por falta de divisas. Ante esta situación, los gobiernos del período optaron por tomar políticas de estabilización que afectaron duramente a los trabajadores. Por otro, lado durante estos años los diferentes gobiernos se encontraron ante la imposibilidad de implementar un programa económico de manera sostenida (lo cual estuvo estrechamente vinculado a la inestabilidad política mencionada en la primera parte de la clase). Así, los gobiernos que se sucedieron luego del golpe de Estado de 1955 se basaron en teorías económicas, concepciones político-sociales y, más generalmente, proyectos de país marcadamente diferentes entre sí. De manera esquemática, vamos a presentar las marchas y contramarchas de la economía nacional asociandolas a tres momentos, correspondientes a los respectivos gobiernos de Aramburu, Frondizi e Illia.

En un primer momento, la desperonización impulsada por el gobierno de Aramburu se manifestó en el plano económico a través de políticas liberales que redujeron la injerencia del Estado en la economía y dieron marcha atrás con las políticas de redistribución del ingreso. Se desmanteló el IAPI, se eliminaron los controles de cambio, se devaluó el peso, se congelaron los salarios y los subsidios al consumo de los sectores populares fueron eliminados. Además, la Argentino se incorporó al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los efectos de estas medidas fueron sumamente negativos para los trabajadores. El segundo momento corresponde al gobierno de Frondizi, el cual impulsó una propuesta Desarrollista, que consideraba necesario dar impulso a la industria pesada (metalurgia, siderurgia y petroquímica) para garantizar el desarrollo económico. Para lograr este objetivo, Frondizi buscó atraer el arribo de inversiones de capital y tecnología extranjera. De este modo, tomó medidas que alentaron la llegada al país de inversiones: firmó contratos con empresas petroleras norteamericanas, sancionó leyes para favorecer a las inversiones extranjeras y la descentralización territorial de la producción industrial del país. Así, tomaron impulso en la Argentina las industrias petrolera, petroquímica y automotriz. También se impulsó la tecnificación del sector agropecuario, favoreciendo la incorporación de maquinarias, nuevas semillas, e innovadoras técnicas de producción. Este proyecto encontró un freno en 1958 manifestado a partir de una crisis de la balanza de pagos, la cual se intentó salvar a partir de la solicitud de un préstamo al FMI y la implementación de un “Plan de Estabilización”. El tercer momento coincide con la presidencia de Illia, quien aplicó una política económica de intervencionismo estatal y defensa del mercado interno. El gobierno de la UCRP buscó estimular la demanda interna al fortalecer el poder de compra de los salarios mediante diferentes medidas como la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil; el congelamiento de las tarifas públicas y la fijación de precios máximos para bienes de consumo esenciales. Asimismo, alejándose del programa impulsado por Frondizi, Illia buscó limitar la injerencia del capital extranjero -por ejemplo, anulando contratos con empresas petroleras norteamericanas- al cual miraba con recelo....