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Preguntas examen de Chaparro en radio...

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El significado e importancia del servicio público (definición y cómo afecta a los medios) «El hombre es un ser social por naturaleza» es una frase de uno de los grandes filósofos de la historia, Aristóteles, en la que se constata que el ser humano nace con una característica social que se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas, pues necesitamos de los otros para subsistir y mejorar nuestras vidas mediante la retroalimentación. El conocido como fenómeno de comunicación lleva vigente desde que el ser humano existe. En la actualidad, los medios de comunicación existen como una necesidad global producida desde el seno de la sociedad. Un medio de comunicación, en función de las circunstancias y del sesgo político de sus directivos podrá matizar su manera de generar una información favorable para el mismo. En un Estado democrático el funcionamiento de la opinión pública es su principal base, de este modo comprendemos que solo una sociedad bien formada podrá fortalecer y crear unas decisiones con conocimiento que favorezcan al crecimiento de la comunidad. Estas serán la que quiera la mayoría al tratarse de decisiones completamente democráticas, por lo que se impone de manera aplastante las reglas del juego ganadoras. Hay ciertas actividades producidas en lo más profundo de la sociedad, lo que da lugar a que sea el Estado el encargado de asumir la titularidad de los medios, aquello que sean considerados de interés general. Es entonces cuando aparece la noción del servicio público, que «conlleva el control por parte del Estado de la actividad que merece tal calificación jurídica por reputarse de interés general, al margen de los condicionamientos técnicos que pueda tener» (Fernández, 2001). Una de las técnicas más usadas para garantizar las prestaciones citadas a particulares es el servicio público. En España, la noción del mismo resulta ser un poco subjetiva dada la heterogeneidad que dicho servicio conlleva consigo. El interés general dirigido a aquellos que se beneficien de este servicio es un concepto indeterminado que tendrá que ser concretado en cada período histórico por parte de los poderes públicos y las exigencias de la misma sociedad. El interés público detrás de la declaración de servicio público de la actividad puede encontrar una expresión más concreta si pensamos en el concepto de servicios básicos. Éstas, a pesar de las opiniones opuestas sobre el tema, parecen tener, desde un punto de vista teórico, un alcance más limitado, de modo que no toda actividad de interés general

es un servicio esencial, aunque el servicio esencial siempre será de interés general —lo que significa que no cualquier servicio público es un servicio esencial —. Sin embargo, según la legislación española tienden a estar equivocados. La pertinencia se refiere a los beneficios que son necesarios para la vida de la comunidad, que también tendrá que ser establecida por decisión para asumir el poder político en un determinado momento histórico. Se conoce entonces como servicio público a la columna vertebral del sistema e intenta de sustituir las ramas más tradicionales del Derecho que hasta entonces giraban en torno al concepto de «soberanía» para verse éste remplazado por el de «servicio público». Al tratarse de servicios gestionados de forma directa por la Administración afectará entonces al dinero público con el que se subsanan. En España el concepto de servicio público de los medios de comunicación se remonta a la aparición de Radio Nacional de España en 1937 y posteriormente de Televisión Española en 1956. Desde 1978 el acceso a la información es un derecho recogido por la Constitución española y protegido como uno de los derechos fundamentales. En la actualidad ambos medios forman parte de la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE), una sociedad mercantil estatal configurada como sociedad anónima —aunque su capital sea exclusivamente de titularidad estatal —, que tiene delegada la misión de ofrecer un servicio público de radio y televisión. La ley garantiza su independencia de cualquier gobierno, partido o empresa y solo rinde cuentas ante el Parlamento y, a su vez, está dirigida por un Consejo de Administración. Por tanto, el servicio público afecta a los medios de comunicación de manera tanto positiva como negativa. Hay quienes hablan de que los servicios públicos de la comunicación conllevan consigo manipulación y persuasión por parte de los medios. Al mencionar estos términos nos referimos a las dosis más graves de influencia que un medio puede llevar superpuesto. La manipulación puede verse influida, en parte, con los fines de interés general que encontramos tras el servicio público, pero lo que venimos buscando con ello es todo lo contrario a estos conceptos recién mencionados y, con ello, nos referimos a la libertad e independencia. El servicio público existe con la intención de garantizar ciertas prestaciones sin apelar a la alteración del sujeto con el objeto de crear unas necesidades que no se poseen ciertamente y, con ello, alterar las que ya se poseían.

Esto no significa que los mensajes transmitidos por los medios de comunicación no hayan sido dotados de virtud de otra manera y por lo tanto son menos abiertos a la crítica. Esto, a veces, se olvida en vista de la criminalización a la que están sometidos los medios de comunicación y la creencia generalizada en algunos de que el engaño es su verdadera oferta y que en la manipulación ven el éxito de la transmisión de un mensaje. En cambio, el derecho a la información es algo fundamental para formarnos como seres sociales que crean sus propias ideas, es por ello que se considera un derecho humano, componente clave del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este es un derecho fundamental para nuestro correcto y pleno desarrollo como sociedad democrática y transparente, así como también ha de ser considerado un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades. Con esto se pretende dar a conocer la parte positiva del servicio público, pues ofrece la oportunidad de estar informado a diario sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Como decía David Hume, filósofo y economista escocés «quien tiene información, tiene el poder» y, en este caso, el poder le pertenece al pueblo.

Políticas públicas de comunicación, para que sirven, como se han aplicado, que hacer para que las PPC funcionen y desde una perspectiva de servir al bien común y no solo a intereses particulares La historia de la regulación en materia de políticas de comunicación se remonta a mediados del siglo XIX, cuando los Estados comienzan a dictar normativas para la regulación de las tecnologías de comunicación emergentes en aquella época. Desde entonces, los Estados han sufrido numerosas transformaciones, y se han producido innovaciones en los ámbitos económico, social, político y tecnológico, causando reconfiguraciones en los mapas mediáticos a nivel mundial y generado nuevos desafíos para el diseño de políticas de comunicación. Las políticas públicas son la expresión la expresión moderna de la política, esto se debe a que reemplazan la tradicional visión exclusiva y excluyente de los gobiernos sobre la sociedad gracias a la participación activa de la comunidad, de esta manera también son consideradas como respuesta a los reclamos sociales de críticas y estrategias que conlleva el desarrollo integral de los pueblos. Una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una demanda de la población. Se entiende que las políticas públicas deben beneficiar al conjunto de la comunidad y orientarse sobre todo a los sectores más vulnerables. Sin embargo, en ocasiones los gobiernos ejecutan políticas públicas acordes a sus intereses particulares o incluso para favorecer a sus amigos. Dicho esto, son las encargadas de llevar a cabo un cambio gradual en el modelo de democracia vigente, pues son los ciudadanos los que, por su propia voz, asumen el papel de actores sociales para trabajar con las autoridades en el diseño de soluciones compartidas a los problemas sociales y contribuir así al bienestar colectivo a partir de criterios como universaliedad de las soluciones, equidad en el tratamiento de la información, transparencia en las decisiones sobre lo público y la calidad de la participación ciudadana. Las políticas públicas de comunicación se ven desarrolladas a nivel municipal como consecuencia a la iniciativa de los gobiernos locales. Estas políticas públicas de

comunicación transcienden el papel instrumental de la comunicación que, tradicionalmente, les otorga el Estado a los medios para usarlos como vehículo de promoción de la imagen de los mandatarios públicos y transformarlos en los promotores del desarrollo social. De esta manera se dará un intercambio de opiniones y una mayor ampliación de la visión de lo local en relación con otras comunidades y, por ende, con la sociedad global. Los beneficios de una política pública de comunicación son variados, pues comprenden todas las instancias y niveles de la vida municipal, siguiendo esto, estas políticas se encargan de organizar y clarificar la información desde sus fuentes, es decir, reconoce que la información administrativa estimula y facilita la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas de la vida urbana. De igual manera, también ayudan a articular la ciudad buscando más posibilidades de encuentro, creando una visión compartida de la ciudad y ayudando a recuperar el sentido primitivo de los social. También fomentan la comunicación entre los diferentes grupos sociales permitiendo así que todos los habitantes tengan una identidad propia —como Amin Maalouf decía en su libro Identidades Asesinas— y sean reconocidos como ciudadanos de pleno derecho. Finalmente reconoce a los medios de comunicación su función educativa como mediadores entre el origen del conocimiento y los ciudadanos, cuya formación se encuentra en constante estimulación. En Andalucía encontramos la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía que regula el tratamiento informático de las televisiones y radios que pertenecen a esta comunidad. El artículo 149.1.27 de la Constitución Española establece que corresponde al Estado la competencia exclusiva para dictar las normas básicas del régimen de la radio y la televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. Esta es una adaptación de la Ley General española, Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. En definitiva, estas son legislaciones de carácter social que abordan cuestiones específicas de soportes de comunicación masivos —de imagen, sonido, gráfica, soportes de comunicación e incluso redes sociales— es por ello que reciben el nombre de «políticas públicas de comunicación».

A como de conclusión, cabe decir que, las políticas públicas de comunicación impulsan y promueven prácticas de comunicación alternativas incluso, ayudan a reconocer los factores que provocan un conflicto social y a superar sus causas y evitar confrontaciones, también ayudan a recuperar la memoria histórica como soporte de la ciudadanía mediante el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad. Las políticas públicas son expresión de la democracia deliberativa porque exigen diálogo social y acuerdos entre ciudadanos y autoridades; además, desarrollan de manera explícita el concepto de participación, fundamental para la marcha del Estado social de derecho.

Concentración y oligopolizacion, por qué se ha producido, en que contexto, los problemas que causa y cómo solucionar el problema La concentración de los medios hace posible la clasificación, la censura, la imposición de un único punto de vista y la interpretación del espacio público. Señala cómo la concentración limita la pluralidad y el acceso a diferentes fuentes, inhibe la libertad de información y hace imposible que los ciudadanos tengan la materia prima para formar sus propias opiniones, para hacer el proceso de debate y así lograr una opinión pública efectiva. El derecho a la información y su difusión son necesarios para el desarrollo de una opinión pública eficaz y para ejercer el derecho a la información es indispensable el derecho a la comunicación entendiendo a éste como la libertad de los ciudadanos de recibir y producir información y conocimiento a través de medios comerciales o gubernamentales. Así pues, en la libertad de expresión se fundamenta la reconocida como «comunicación social», esto implica que en un espacio democrático deben prevalecer las libertades y medios de comunicación que generen las bases para el debate público. No obstante, este derecho encuentra como dificultades que los grandes medios existentes y la falta de espacio en ellos reduzcan la aspiración social de disponer de medios que amplíen la oferta informativa y permitan escapar del modelo uniforme y del discurso único que aplican las cadenas comerciales. En los medios de comunicación, la concentración supone una reducción de las fuentes informativas, lo que conlleva a una relativa homogeneización de los géneros y formatos de entretenimiento, así como el predominio de ciertos estilos y temáticas y a la oclusión de temas y formatos en los medios. La privatización de los medios puede ser considerada como la principal causa de la concentración y oligopolización de los medios de comunicación, este hecho tiende a la unificación de la línea editorial de un medio. Es complicado encontrar diferencias profundas entre medios que pertenecen al mismo grupo de comunicación, por ello, cuando se trata de temas sensibles suelen coincidir. Cuando se trata de tomar medidas importantes es difícil que un mismo grupo albergue posiciones contradictorias. Esto es combinable con el sesgo informativo, un medio no informa con imparcialidad cuando una empresa que pertenece al mismo grupo lanza un nuevo producto al mercado, de este modo, tampoco se ven perjudicados con posiciones opuestas a la ya dada.

Otro problema que lleva consigo la concentración y oligopolización es la creación de un ambiente de precarización del empleo por diversas causas y, entre ellas, encontramos la desaparición de medios y el hecho de que los existentes tiendan a fusionarse entre sí generando economías de escala y ahorrando grandes cantidades de dinero en asuntos laborales. Además, al tratarse de un sistema de medios muy concentrado, los periodistas tienen pocas alternativas de conseguir un buen empleo si se enfrentan con algunos de los grandes grupos, dada la tendencia a la cartelización del sector. La autocensura, uno de los temas más delicados en esta profesión, no debería eludir la consideración de este aspecto. La influencia de las actividades de comunicación industrializadas en las sociedades contemporáneas opera en dos direcciones: está estructurada por la tradición de cada país, de cada región, y al mismo tiempo está estructurando las condiciones políticas, culturales y económicas, ya que estas actividades de comunicación de la información impregnan las concepciones del mundo que las sociedades están construyendo. Son así determinados, pero al mismo tiempo decisivos. Se definen en términos históricos y al mismo tiempo construyen la historia. Para avanzar en soluciones superadoras del proceso de concentración se requiere una amplia conciencia acerca de sus efectos, que erosionan el espacio público y limitan la deliberación diversa. Los conglomerados de medios se convierten en actores económicos de primera línea en la era digital. Es la interpenetración de aparatos tecnológicos, de modelos de planeamiento y de negocios que introduce circunstancias y factores sinérgicos beneficiando la concentración y la oligopolización. En la actualidad, los grupos mediáticos controlan la mayor parte de la industria de la comunicación en España, entendiendo esta por aquella referida a la televisión, la radio, las revistas y la prensa diaria, con sus versiones digitales. Cabe destacar que la televisión es el medio masivo con más alcance entre los ciudadanos de ambos sexos, por ello no sorprende que el mayor foco de negocio de tres de los conglomerados de medios más importantes sea, precisamente, la industria televisiva. Eso sí, los resultados a cierre de año difieren mucho entre unos y otros. Los principales conglomerados del panorama mediático y audiovisual en España son el grupo Prisa, Mediaset, Atresmedia y Vocento. La concentración mediática es la principal amenaza actual contra la libertad de expresión.

Tercer sector En la era digital y el creciente consumo de información en línea, las plataformas más antiguas sobreviven adaptándose más pobremente que bien a este nuevo escenario. La prensa, la radio y la televisión siguen siendo, a pesar de la disminución de los datos, los principales canales de información para los ciudadanos con una gran influencia en la formación de la opinión pública. Las redes sociales, así como todo el tráfico de información en Internet, se enfrentan a un reto si quieren abordar los hábitos de comunicación con mayor rapidez: la cultura digital de una población cada vez más envejecida, la población europea. Las nuevas tecnologías son ya uno de los principales medios de información y entretenimiento entre la población joven. Según un estudio de Google basado en Estados Unidos, y que pueden servir de referencia también en Europa, el 44% de los jóvenes entre 13 y 24 años ya pasa más tiempo viendo videos en internet que consumiendo televisión. El 45% consume contenidos y recursos a través del móvil y se pasa 8,2 horas a la semana conectado al teléfono. El 35% utiliza el ordenador, el móvil y la televisión a la vez. Internet se está haciendo hueco entre los medios tradicionales de comunicación, aunque con unos objetivos muy distintos dependiendo de la propiedad y objetivos que estos marcan. Se podría decir que hay tres áreas principales de comunicación entre la que se reparte el pastel de las frecuencias de radio y televisión, pero también de la prensa. Tres grandes bloques que se distinguen por su propiedad, sus objetivos y su naturaleza misma. Los medios de comunicación privados copan actualmente gran parte del audiovisual. Miles de licencias les han sido otorgadas sin tener en cuenta la existencia de los medios comunitarios. De alguna manera, a través del gasto en publicidad institucional también ha sido prioritario para el Estado el impulso a este tipo de medios que han comerciado con el espacio audiovisual al margen de la ley para crear una red privada de radio y televisión que escapa en la actualidad a todo control. Víctima de esta impunidad han sido centenares de radio y televisiones públicas locales que han sido externalizadas o concesionadas para su explotación económica cuando debieran haber servido para la construcción de un sistema de medios de cercanía como era deseable. El espectro radioeléctrico es patrimonio común de la Humanidad. En España, la actual ley, no garantiza la presencia de radio y medios de comunicación emanados de la sociedad

civil y sin ánimo de lucro. Tampoco garantiza una presencia pública competitiva en el ámbito radiofónico ni televisivo. Pese a que el espectro radiofónico por el que se reparten las licencias de radio y televisión es propiedad del Estado, distintos gobiernos han cedido a través de su privatización, con un carácter comercial, las frecuencias las cadenas que ahora pueden venderse entre ellas los canales y frecuencias conformando verdaderas situaciones de oligopolios como el actual. Esta situación contraviene las recomendaciones de organizaciones internacionales como la UNESCO o la AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), que defiende que se distribuya el espacio radioeléctrico de forma equitativa entre los tres sectores de la comunicación: un tercio para el comercial, otro para lo público y otro para el tercer sector. En Andalucía, la experiencia pionera de la EMAR-TV (Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía) agrupa a más de 100 medios locales y comunitarios en la mayor red de este ...