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1.JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Septiembre 2020 2. La sociedad mercantil S interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia en relación con una reclamación interpuesta por dicha sociedad contra un acto de liquidación tributaria del impuesto de sociedades de la Diputación Foral de Bizkaia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó recurso y anuló el acto impugnado. Contra dicha sentencia interpone recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la Diputación Foral de Bizkaia. Considera que la sentencia recurrida no se ajusta a la Normal Foral reguladora del impuesto de sociedades. S duda de que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sea susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Usted responde: b) No es susceptible de recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Las sentencias, que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo ContenciosoAdministrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles ante la Sala Tercera del Tribuna Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado. 3. El colectivo “Caras descubiertas”, que rechaza la obligatoriedad de las mascarillas en espacios públicos decretada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma X, ha convocado una protesta ante la sede de la Presidencia del Gobierno de dicha comunidad. La convocatoria específica que los participantes se manifestaran sin mascarillas. La Delegación del Gobierno acuerda trasladar al colectivo convocante una propuesta de modificación de la convocatoria consistente en la obligación de los participantes a portar mascarillas. El colectivo convocante interpone recurso conteciosoadministrativo contra la decisión de la Delegación del Gobierno por el procedimiento especial para la protección del derecho de reunión. Solicita que el órgano jurisdiccional revoque la decisión impugnada o, subsidiariamente, obligue a los participantes, únicamente a guardad la distancia de seguridad, pero no a portar mascarillas. ¿Puede el órgano jurisdiccional estimas tales pretensiones? c) La decisión judicial que se adopte únicamente podrá mantener o revocar las modificaciones propuestas por la autoridad gubernativa, pero no modificaros. Por tanto, la pretensión subsidiaria no puede prosperar. 4. El estudiante universitario E no está conforme con la calificación otorgada a un examen que ha realizado. Considera que la discrecionalidad técnica del equipo docente responsable de la calificación de su examen vulnera per se su derecho a la tutela judicial efectiva (art 24.1 CE) e impide el control judicial de la actividad administrativa que garantiza el art. 106.1 CE. Consultado por E, usted responde: c) La revisión jurisdiccional, en cuanto la valoración del órgano calificador -en lo que de apreciacióntécnica tenga- escapa al control jurídico, experimenta determinadas modulaciones o limitaciones que encuentran su fundamento en una presunción de razonabilidad o de certeza de la actuación administrativa, apoyada en la especialización e imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación. 5. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) interpuso en su día recurso contencioso-administrativo contra la inactividad del Gobierno del Estado Español al no cumplir la obligación de aprobar un norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, establecida en la Disposición final tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. El recurrente pretende que el Tribunal acuerde “la obligación del Gobierno del Estado Español de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria de desarrollo mencionada anteriormente”. ¿Puede pretender el recurrente que el órgano jurisdiccional contencioso administrativo condene a la administración a dictar una disposición con carácter general?

b) De acuerdo con la jurisprudencia reciente, cabe el control judicial de la inactividad reglamentaria cuando la ausencia de previsión reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación legal. 6. La coalición electoral GeC interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Junta Electoral Central de 9 de Julio de 2020 por la que se desestimó el recurso formulado por la coalición recurrente y confirma la resolución de la junta Electoral de la comunidad autónoma G de 7 de julio de 2020 en relación con la adopción de medidas para garantizar el derecho fundamental al voto en las elecciones al Parlamento dem G convocadas para el domingo 12 de julio de 2020 a los vecinos y vecinas de la comarca M sometida a confinamiento y garantizar el normal desarrollo de dichas elecciones en la misma. Como medida cautelar Gec solicitó la adopción de todas las medidas cautelarísimas legalmente oportunas para garantizar que todas las vecinas y vecinos de la comarca M que se hallaban confinados pudieran ejercer su derecho fundamental a voto en las elecciones al Parlamento de G. ¿Cuál era el órgano jurisdiccional competente para conocer de este recurso? b) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 7. El Sindicato Independiente de Funcionarios de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma X (SIFAT) interpone recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Madrid. Fundamenta su recurso en que diversos preceptos de dicha ordenanza no se ajustan a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. El Ayuntamiento de Madrid considera que SIFAT no está legitimado para imùgnar su ordenanza fiscal. Usted responde: b) No está legitimado. En este caso no existe vínculo especial y concreto entre dicho sindicato (sus fines, su actividad, etc)y el objeto de debate en el pleito de que se trata, vínculo o nexo que habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés profesional o económico. traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado. 8. La Comisión Nacional del los Mercados de Competencia (CNMC) ha interpuesto una sanción a la empresa comercializadora de electricidad E por la comisión de una infracción leve tipificada en el artículo 66.4 de la Ley del Sector Eléctrico, LSE (“El incumplimiento por parte de los comercializadores de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes”), concretamente por haber tramitado un cambio de sumistrador sin el consentimiento del consumidor. De acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1 LSE, la CNMC le ha interpuesto una sanción de 30.000€ . La empresa E ha recurrido la sanción en vía contencioso-administrativa. Paralelamente, E ha solicitado también a la CNMC la revocación de la sanción impuesta. E le formula la siguiente consulta: ¿cómo afectaría al proceso contencioso-administrativo en curso la eventual revocación de la sanción por parte de la CNMC?Usted responde: a) El Letrado de la Administración de Justicia mandará oír a las partes por el plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento de las pretensiones del demandante E no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho. 9. El magistrado M ha participado en el proceso de provisión de la plaza de presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado, sin embargo, nombrar para cubrir dicho destino a la magistrada X. Si M pudiera impugnar el nombramiento de X, ¿qué jurisdicción sería competente para conocer de dicha impugnación? b) La jurisdicción contencioso-administrativa 10. V, vecino del municipio X, ha iniciado las obras de edificación de un solar pese a que aún no ha obtenido para ello la preceptiva licencia municipal. Enterado de ello, el alcalde de X ordena verbalmente a los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento que se desplacen de inmediato al solar y derriben lo ya construido. El Secretario del Ayuntamiento advierte al alcalde que aún no se ha iniciado un procedimiento de disciplina urbanística ni trasladado advertencia alguna a V para que cese las obras. V le consulta si, como primera medida puede solicitar con carácter inmediato una medida cautelar ante la jurisdicción contencioso-administrativa que ordene al Ayuntamiento la cesación de los trabajos de derribo ordenado por el alcalde. Usted responde:

a) En los supuestos de vía de hecho, las medidas cautelares podrán solicitarse antes de la interposición del recurso, tramitándose conforme a lo dispuesto para las medidas cautelarísimas. En tal caso el interesado habrá de pedir su ratificación al interponer el recurso, lo que habrá de hacerse inexcusablemente en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la adopción de las medidas cautelares. 1. El Parlamento de la comunidad autónoma X ha dictado una Ley sobre declaración de utilidad pública de la expropiación forzosa de un edificio cotiguo a la sede del Parlamento para proceder a la ampliación de la misma. El propietario del edificio le consulta acerca de si dicha Ley vulnera o no su derecho a la tutela judicial efectiva. Usted responde: b) Depende. Si la ley singular se limita a dota de rango legal a una actuación administrativa que no requiere la modificación o derogación singular de normas legales previamente existentes, vulnera el artículo 24.1 CE, pues su única finalidad es excluir la posibilidad del control judicial ordinario de la legalidad de dicha actuación por la jurisdicción contencioso-administrativa. En tal caso, la actuación administrativa dece ser adoptada por la propia Administración

2ªsemana junio 2020

2. ¿Es competente la jurisdicción contencioso-administrativa española para pronunciarse sobre la validez un reglamento de la Unión Europea? c) No, pues en el orden contencioso-administrativo será competente la jurisdicción española cuando la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general o a actos de las Administraciones Públicas españolas. 3. La declaración de incompetencia de un órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa: a) Se acompañará de una exposición razonada si la competencia pudiera corresponder a un Tribunal superior en grado, estándose a lo que resuelva éste. 4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma X ha aprobado definitivamente el plan general de ordenación urbana del municipio Y. Sin embargo, la aprobación definitiva no se extiende a la integridad del plan provisionalmente aprobado por el Ayuntamiento. El vecino V se considera perjudicado por dicha aprobación parcial y quiere saber contra qué Administración debe dirigir el recurso contencioso-administrativo: b) Contra la Administración de la Comunidad Autónoma X como Administración que ha fiscalizado el plan. 5. La Universidad U ha venido abonando en los últimos años a su personal docente e investigador un complementoretributivo no obligatorio. Este año no ha previsto en el presupuesto de la Universidad una partida para el abono de dicho complemento, optándose por dedicar esos recursos a financiar becas para estudiantes. El profesor P quiere saber a través de qué clase de recurso contenciosoadministrativo puede impugnar tal omisión y si en el marco del recurso que proceda puede ejercitar la pretensión de que el órgano jurisdiccional condene a la Universidad a incluir una partida determinada en su presupuesto para hacer frente al abono de ese complemento retributivo: c) Ambas respuestas son incorrectas. 6. El ciudadano C ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ¿Qué decisión debe adoptar la Sala? a) Debe declarar por auto no haber lugar a la admisión del recurso.

7. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo, si la medida a adoptar consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer. a) El plazo para que se cumpla el fallo. 8. ¿Qué recurso cabe contra la autorización judicial de medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental? b) Recurso de apelación. 9. Para las medidas cautelares en el procedimiento especial para la garantía de la unidad de mercado rigen las siguientes reglas: c) Solicitada la suspensión de la disposición, acto o resolución impugnados, la misma se producirá de forma automática, una vez admitido el recurso. La solicitud de cualquier otra medida cautelar se tramitará en la forma prevista en el Capítulo II del Título VI de la LJCA. 10. En el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la covid-1, el vecino V del municipio M solicitó a su Ayuntamiento la provisión gratuita de mascarillas a todos los vecinos del municipio. El Ayuntamiento le contestó que no disponía de tal material y que no está legalmente obligado a suministrarlo a los vecinos. Frente a ello, V ha interpuesto un recurso contra la inactividad administrativa. Como medida cautelar solicita que el órgano jurisdiccional ordene con carácter inmediato la provisión gratuita de mascarillas a todos los vecinos del municipio. ¿Puede el Tribunal acordar esa medida cautelar? a) No. El recurso contra la inactividad no permite a los órganos judiciales sustituir a la Administración en aspectos de su actividad no prefigurados por el Derecho, ni les faculta para traducir en mandatos precisos las genéricas e indeterminadas habilitaciones u obligaciones legales de creación de servicios o realización de actividades 1. El principio pro actione: b) Prohíbe las decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que preservan las causas de inadmisión del recurso y los intereses que sacrifican. 1ªsemana junio 2020

2. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: b) Se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contenciosoadministrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. 3. No Las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental: c) Requieren autorización o ratificación judicial que corresponderá a los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo. 4.- La entidad de derecho público Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está dotada, de acuerdo con su Ley de creación, de personalidad jurídica propia y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno y de las Administraciones Públicas. Sin embargo, aprueba el Gobierno mediante real decreto. ¿Estaría la CNMC legitimada para impugnarlo ante la jurisdicción contenciosoadministrativa si considerara que dicho estatuto infringe su Ley de creación? c) Sí, porque de la regla anterior se exceptúan aquello organismos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración. .

5.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) interpuso en su día recurso contencioso-administrativo contra la inactividad del Gobierno del Estado Español al no cumplir la obligación de aprobar un norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, establecida en la Disposición final tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. El recurrente pretende que el Tribunal acuerde “la obligación del Gobierno del Estado Español de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria de desarrollo mencionada anteriormente”. ¿Puede pretender el recurrente que el órgano jurisdiccional contencioso administrativo condene a la administración a dictar una disposición con carácter general? b) De acuerdo con la jurisprudencia reciente, cabe el control judicial de la inactividad reglamentaria 6. El administrado A quiere interponer un recurso contencioso-administrativo ordinario contra la prohibición de una manifestación ordenada por la autoridad gubernativa en atención al estado de alarma declarado a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. Le pregunta cómo debe iniciar el recurso: a) Por un escrito reducido a citar el acto que se impugna y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso. 7.- La sentencia solo estimará el recurso contencioso-administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran: b) En cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 8.- ¿Qué recurso cabe contra autos dictados por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo? c) Recurso de casación. 9.- La Administración autonómica autora de la disposición de carácter general objeto (mediato) de un recurso indirecto contra la misma quiere saber qué opciones tiene frente a la sentencia estimatoria firme de dicho recuso. No le preocupa la anulación del acto de aplicación del reglamento, dictado por una entidad local, pero sí que la sentencia dé lugar a la declaración de nulidad del reglamento. La Administración autora del mismo puede: c) Comparecer en el proceso de la cuestión de ilegalidad y formular alegaciones favorables a la legalidad del reglamento cuestionado, solicitando la desestimación de la cuestión. 10. No La Orden SND/399/2020 establece en su artículo 10.1 que “Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas (…) cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados, pudiendo, en el caso de superar este límite, acotar el espacio que se reabra al público ajustándose a este umbral, siempre que cumplan todos los requisitos siguientes (…)”. La gran superficie G impugna dicho precepto ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pues considera que la limitación de la reapertura a establecimientos que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados discrimina y perjudica en exceso a las grandes superficies comerciales. Como medida cautelar solicita que el Tribunal ordene con carácter inmediato la reapertura también de aquellos establecimientos que tengan una superficie superior a la indicada en el precepto impugnado. ¿Puede el Tribunal acordar esa medida cautelar? b) Solo el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, pero no aquel por el que se prorroga dicho e...