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DERECHO CONSTITUCIONAL Trabajo Práctico 2 INDIVIDUAL

NOMBRE Y APELLIDO: Carlos Martín Rodríguez DOCUEMNTO: DNI 26.332.229 MATRICULA: VABG125009

Fecha de presentación: 28/04/2022 Docente a cargo: ALDO MARCELO

CONSIGNA

Recuerde que eres asesor en el Senado de la Nación y se está transitando un debate sobre la reforma constitucional y que, entre las posibles reformas, se ha propuesto revisar las causales de la intervención federal.

En este marco, debes llevar a cabo el estudio de un antecedente reciente de la historia constitucional: la intervención a la provincia de Corrientes, llevada adelante en 1999.

El 16 de diciembre de 1999, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.º 25.236, por la cual se declaró la intervención de la provincia y se estableció que su duración sería por el plazo de ciento ochenta (180) días prorrogables. También se dispuso la inmediata caducidad de los mandatos del Gobernador, el Vicegobernador y los legisladores.

Una vez revisado el antecedente referido y luego de estudiar el contenido del Módulo, responde en grupo:

1- ¿Cuáles son las causales de intervención federal establecidas por la Constitución Nacional y cuál es, en particular, la causal que se esgrimió en el caso de la provincia de Corrientes, en 1999?

RESPUESTA: Las causales de intervención federal establecidas por la Constitución Nacional se detallan en el “Artículo 6º.- El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia.” Este punto en particular fue materia de tratamiento en la Reforma a la Constitución Nacional de 1994 donde se

modifica sustancialmente la figura de la intervención federal, dejando en claro que la disposición de este remedio es una atribución del Congreso de la Nación y que solo cuando este se encuentra en receso puede ser adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá convocar de manera inmediata al Congreso para su tratamiento (artículos 5, 6, 75 inciso 31 y 99 inciso 20.)

En particular, la causal para la intervención federal que se esgrimió en el caso de la provincia de Corrientes, en 1999, era tratar de remediar la grave crisis institucional y social de la provincia. El 16 de diciembre de 1999 el presidente Fernando de la Rúa logró que el Congreso aprobara la intervención al gobierno, a la Justicia y a la Legislatura de Corrientes. Ya anteriormente el 21 de octubre de 1999, el entonces presidente Carlos Menem pidió la intervención federal, tras los incidentes registrados donde propuso al Congreso que apruebe esa medida. El presidente Carlos Menem firmó y envió al Congreso un proyecto de decreto por el cual el Poder Ejecutivo pide la intervención federal a los tres poderes de la provincia de Corrientes, como consecuencia de la crisis política que se había profundizado en las últimas horas y que podría desembocar en una conmoción social. La decisión fue adoptada luego de que el mandatario evaluara los informes que recibió de los graves incidentes registrados, cuando manifestantes del Partido Nuevo (PANU) intentaron tomar por asalto la sede de la Casa de Gobierno correntina. Esa fuerza había perdido el poder hace tres meses, cuando el gobernador Pedro Braillard Poccard fue suspendido para ser sometido a un juicio político. Bajo esa misma circunstancia fue intervenida la municipalidad de la ciudad de Corrientes y detenido el intendente y líder del PANU, Raúl "Tato" Romero Feris.

2- Sabes que la intervención federal debe ser analizada como parte de las relaciones propias del federalismo establecido en la Constitución Nacional. ¿En cuál de las competencias repartidas conforme con las relaciones de coordinación, ubicarías a la atribución de intervenir una provincia?

RESPUESTA: La atribución de intervenir una provincia esta repartida dentro de las competencias del Poder Ejecutivo y el Congreso conforme con las relaciones de coordinación que se articulan en la Constitución Nacional en los Art. 75 inc.31 y el Art. 99 inc.20.

CAPITULO CUARTO Atribuciones del Congreso Artículo 75.- Corresponde al Congreso: inc 31. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO TERCERO Atribuciones del Poder Ejecutivo Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

Inc.20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.

3- ¿A qué poder del Estado Nacional corresponde la designación del interventor federal?

RESPUESTA:

La designación del interventor federal corresponde al Poder Ejecutivo

según detalla el art. 2 de la Ley Federal 25.236.

ARTICULO 2 - El Poder Ejecutivo nacional designará al Interventor Federal de la citada provincia.

4- Supongamos que, luego de la intervención federal, el Congreso de la Nación hubiera dictado una ley modificatoria de diversas normas de los códigos procesales de la provincia de Corrientes. Además, en la Ley nacional se hubiera señalado expresamente que tales reformas tendrían carácter permanente, esto es, que no perderían su vigencia incluso luego de finalizada la intervención. ¿Es esta legislación procesal del Congreso ajustada a la Constitución?

LEY 25.236

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley: ARTICULO 1 - Declárase la intervención a la provincia de Corrientes a fin de garantizar la forma republicana de gobierno. ARTICULO 2 - El Poder Ejecutivo nacional designará al Interventor Federal de la citada provincia. ARTICULO 3 - Dispónese en la provincia intervenida la inmediata caducidad de los mandatos del gobernador y vicegobernador y de los miembros del Poder Legislativo y declárase en comisión a los miembros del Poder Judicial. ARTICULO 4 - Las designaciones que disponga el Interventor Federal en el Poder Judicial serán consideradas en comisión hasta la normalización institucional de la provincia. ARTICULO 5 - El Poder Ejecutivo nacional impartirá las instrucciones a las que deberá ajustar su cometido el Interventor Federal, para asegurar la pronta normalización y el pleno funcionamiento de los poderes provinciales.

ARTICULO 6 - La intervención tendrá un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, prorrogables por CIENTO OCHENTA (180) días más por resolución fundada del Poder Ejecutivo nacional. ARTICULO 7 - En todos los casos deberá convocarse a elecciones dentro del plazo máximo fijado en el artículo anterior. ARTICULO 8 - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Corrientes: Menem pidió la intervención federal Tras los incidentes registrados en la madrugada de ayer, el Presidente propuso al Congreso que apruebe esa medida. 21 de octubre de 1999 El presidente Carlos Menem firmó anoche y envió al Congreso un proyecto de decreto por el cual el Poder Ejecutivo pide la intervención federal a los tres poderes de la provincia de Corrientes, como consecuencia de la crisis política que se profundizó en las últimas horas y que podría desembocar en una conmoción social. La decisión fue adoptada luego de que el mandatario evaluara los informes que recibió de los graves incidentes registrados en la madrugada de ayer, cuando manifestantes del Partido Nuevo (PANU) intentaron tomar por asalto la sede de la Casa deGobierno correntina. Esa fuerza perdió el poder hace tres meses, cuando el gobernador Pedro Braillard Poccard fue suspendido para ser sometido a un juicio político. Bajo esa misma circunstancia fue intervenida la municipalidad de la ciudad de Corrientes y detenido el intendente y líder del PANU, Raúl "Tato" Romero Feris. "El Gobierno tiene temor de que todo termine muy mal", dijo anoche una fuente cercana al ministro del Interior, Carlos Corach. La Casa Rosada esperará ahora que el Parlamento debata y resuelva sobre la cuestión de fondo: aprobar o rechazar la medida. Pero un indicio de que la discusión podría extenderse en el tiempo radica en que el jefe del Estado no designó hasta anoche al eventual interventor federal. No se descarta que la intención de intervenir la provincia, más allá del traslado del pedido al Congreso, podría provocar un nuevo motivo de discusión política, en medio del tramo final de la campaña electoral con miras a las elecciones del domingo próximo. En Corrientes crece el enfrentamiento entre el PANU y el acuerdo interpartidario que conforman el Partido Autonomista, el PJ y la UCR. En

los últimos días, los dos sectores profundizaron sus disputas, al punto de registrarse una serie de impugnaciones judiciales cruzadas de las candidaturas, con miras a las elecciones del domingo próximo. El subsecretario de Relación con las Provincias del Ministerio del Interior, José María Vernet, intentó acercar a las partes durante la semana última, pero su gestión no fructificó, según los informantes de la cartera política. "El pedido de intervención se producirá por la falta de resolución de la crisis del gobierno provincial actual", dijo anoche a La Nación un colaborador de Corach. El gobernador actual es el peronista Hugo Perié, que asumió luego de otra crisis, que terminó con la destitución de Braillard Poccard. Este dirigente intentó ocupar en la madrugada de ayer la Casa de Gobierno junto a un grupo de militantes del PANU. Incidentes y querellas El pico de violencia se registró cuando Braillard Poccard y sus seguidores, instados por Romero Feris, fracasaron en su intento por tomar la Casa de Gobierno. Esa incursión fue severamente reprimida por la Prefectura Naval, que custodiaba la sede oficial. El gobernador interino, el justicialista Hugo Perié, permaneció en la sede gubernamental. Esas refriegas, que dejaron como consecuencia 17 heridos leves, potenciaron la tensión, por lo que el presidente Menem apuntó a prevenir eventuales desbordes sociales que desemboquen en hechos trágicos. Braillard Poccard pretendió hacerse fuerte en la sede gubernamental junto con medio millar de seguidores del PANU tras un acto de cierre de campaña que había finalizado en los últimos minutos de anteayer. En ese mitin, Tato Romero Feris arengó a sus partidarios por vía telefónica, debido a que está detenido en una clínica. El fiscal de Estado Carlos Dansey promovió ayer una querella por el delito de sedición contra Tato Romero Feris, Braillard Poccard y los legisladores que hablaron en ese acto proselitista. El funcionario los acusa de instigación a la violencia por el intento de toma de la Casa de Gobierno. Braillard Poccard procuró reasumir el gobierno local con el argumento de que venció el plazo del juicio político en su contra. La querella del fiscal de Estado fue presentada ante el juez federal Carlos Soto Dávila. En tanto, el abogado Luis Moreno Ocampo, cuyo estudio fue contratado por el gobierno interino de Perié dará hoy un informe sobre las presuntas irregularidades de la gestión provincial del PANU.

Intervinieron los tres poderes en Corrientes Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso lo resolvió anoche; todavía no fue designado el funcionario que tratará de superar la crisis provincial; sigue la tensión en la capital. 16 de diciembre de 1999 El presidente Fernando de la Rúa logró anoche que el Congreso aprobara la intervención al gobierno, a la Justicia y a la Legislatura de Corrientes para tratar de remediar la grave crisis institucional y social de la provincia. De la Rúa tomó la decisión por la mañana y evaluó la posibilidad de firmar un decreto de intervención, pero a media tarde decidió llevar el proyecto al Congreso. El Senado y la Cámara de Diputados dieron su aprobación en un trámite rápido. Corrientes estará intervenida durante 180 días, plazo que podrá renovarse por una sola vez. Hasta anoche, el Gobierno no había decidido quién será el interventor. El puesto le fue ofrecido a Ideler Tonelli, quien ya cumplió esa tarea durante el gobierno de Raúl Alfonsín; al ex gobernador cordobés Ramón Mestre y al senador misionero Mario Losada. Los tres se negaron por razones diferentes. Hasta ayer, De la Rúa era el más firme opositor al proyecto de intervenir la provincia. El ministro del Interior, Federico Storani, había tratado de convencerlo de que era la única salida a la crítica situación correntina, pero De la Rúa insistía en que no quería cargar con el costo político de tomar la medida por una situación heredada y por el ajuste económico que precisa Corrientes. Con la intervención cesará la irregular coexistencia de dos gobernadores -Hugo Perié y Carlos Tomasella- y se regularizará el pago de sueldos a los más de 50.000 empleados públicos que no cobran desde hace meses y que hace ascender la deuda salarial a 135 millones de pesos. Hasta anoche, seguía cortado el puente que une a Corrientes con el Chaco. Aprobaron intervenir Corrientes A pedido del Gobierno, lo convalidó anoche el Congreso; será a los tres poderes; designarán hoy al funcionario federal El Congreso aprobó anoche la intervención federal a la provincia de Corrientes, solicitada por el Gobierno, mediante un decreto del presidente Fernando de la Rúa, a raíz de la grave situación institucional y social por la que atraviesa. En sendos trámites rápidos, el Senado y la Cámara de Diputados convalidaron sucesivamente ayer

el pedido de intervención a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se extenderá por 180 días, renovables en una oportunidad, para garantizar la paz social y sanear las cuentas públicas. El peronismo acompañó la medida solicitada por el Gobierno. De la Rúa deberá decidir hoy quién es el responsable de llevar adelante esta tarea. Si bien en el Congreso se mencionaba para ese cargo al senador Mario Losada (UCR-Misiones), fuentes de la Casa Rosada dudaban de la posibilidad de esa designación. De todos modos, había varios nombres en danza (sobre lo que se informa por separado), y otros que fuentes gubernamentales prefirieron no revelar. En los últimos días, graves conflictos sociales e institucionales pusieron a la provincia en estado de emergencia. Desde hace varios días, los gremios estatales, camioneros y particulares ocupan el puente General Belgrano y resistieron la acción de la Gendarmería. Explicaciones Además, coexisten dos virtuales gobernadores: el mandatario interino, Hugo Perié (PJ), designado en ocasión de la destitución del gobernador Pedro Brailard Poccard (Partido Nuevo), y el vicepresidente del Senado, el liberal Carlos Tomasella. El ministro del Interior, Federico Storani, y el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, se reunieron ayer en el Senado, primero, y en la Cámara baja, luego, para explicar los detalles de la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo. "Quiero transmitir al pueblo de Corrientes que la autoridad federal va a intervenir en favor de los derechos de los ciudadanos", dijo Storani al finalizar el encuentro con los legisladores del PJ y de la Alianza. El ex presidente Carlos Menem había intentado instrumentar una medida similar días antes de dejar el poder. Los legisladores del PJ reclamaron a los funcionarios el envío por parte del nuevo gobierno de una ayuda financiera de 90 millones de pesos para pagar sueldos, votada recientemente por el Congreso. "El auxilio de la Nación va a llegar -anunció Storani-, pero para ayudar a quienes sufren y no para favorecer el clientelismo." El ministro dejó en claro que la responsabilidad económica no la tiene el gobierno actual sino las anteriores administraciones. El ex gobernador y ex intendente de la capital correntina Raúl "Tato" Romero Feris (PANU) está procesado por malversación de fondos y asociación ilícita. Poccard, en tanto, fue destituido de su cargo hace dos semanas por mal desempeño en sus funciones. La intervención federal está contemplada en el Constitución nacional para casos de extrema gravedad y debe ser ratificada por el Congreso. "Se agotaron los medios institucionales para evitar este grave remedio constitucional", dijo en el recinto el jefe de la bancada radical, Raúl Galván (UCR-la

Rioja). Se abstuvieron de votar los senadores de Corrientes, Angel Pardo y Rubén Pruyas (del PJ) y el autonomista José Antonio Romero Feris. También, el legislador Carlos Sergnese (PJ-San Luis). "Jamás pensaba que iba a estar en el Congreso para intervenir mi provincia", dijo Pardo. Meijide envió comida La ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Graciela Fernández Meijide, dispuso ayer el envío de 60.000 cajas de alimentos a la provincia de Corrientes luego de saber que ésta había sido intervenida. El envío forma parte de un plan de ayuda social de emergencia y será administrado por las seccionales provinciales de Caritas. Los alimentos fueron enviados a las ciudades de Corrientes, Goya y Santo Tomé, donde se encuentran esas filiales. La ministra invitó a participar de la distribución de los alimentos a la religiosa Marta Pelloni. Fernández Meijide habló ayer por teléfono con el arzobispo correntino, monseñor Domingo Salvador Castagna, quien le informó sobre la grave situación social de la provincia y las necesidades de importantes sectores de la población. Sin celulares Por otra parte, Fernández Meijide puso en marcha ayer una de las anunciadas medidas de austeridad en la administración pública. Resolvió que el Ministerio de Desarrollo Social no pagará las cuentas de los teléfonos celulares de ninguno de sus funcionarios y empleados, incluida ella. De ahora en más, quien utilice ese tipo de telefonía deberá abonarla de su bolsillo.

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones....