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BLOQUE 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975). 12.1. La Transición: alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. El terrorismo durante la Transición. La muerte de Franco planteaba muchos interrogantes sobre el régimen. Existían al menos dos opciones de futuro (aunque finalmente apareció y se siguió una tercera vía). Las dos opciones iniciales eran el continuismo político o la ruptura y posterior instauración de un régimen democrático. El mantenimiento del régimen franquista era algo poco menos que imposible, por el propio agotamiento del sistema, por la cada vez mayor y más amplia oposición, que abogaba por la instauración de una democracia, por la presión internacional, especialmente de los EEUU, que esperaba un avance hacia la democracia en la última dictadura de la Europa Occidental, y por la importante crisis económica, provocada en parte por la crisis internacional del petróleo de 1973. La salida de un régimen autoritario hacia uno democrático no era tarea fácil, si tenemos en cuenta que algunos sectores próximos al régimen (militares, políticos de extrema derecha, familias poderosas, los sectores más conservadores de la iglesia) conservaban un tremendo poder e influencia. Hemos de tener en cuenta también la conflictividad y el malestar social, así como la provocación terrorista (tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, incluso terrorismo institucional). El papel que iba a jugar el rey Juan Carlos de Borbón sería determinante, en su mano estaba el impulsar los cambios necesarios para la reforma política y abrir un proceso constituyente que acabara en la promulgación de una nueva Constitución. Igualmente importantes serían la labor de los sectores más aperturistas del régimen encabezados por Adolfo Suárez, la moderación de los partidos de izquierda y especialmente del PCE y de su líder Santiago Carrillo y, por supuesto, las profundas transformaciones experimentadas por la sociedad española en relación con el crecimiento económico. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Dos días después Juan Carlos I asumía la jefatura del estado según estaba previsto en la Ley Orgánica del Estado, y ante las cortes franquistas juraba lealtad a los principios del Movimiento Nacional. Su discurso, sin embargo, dejaba entrever su disposición de efectuar las reformas necesarias para democratizar el país. Pero el éxito estaba lejos de ser fácil. En gran parte, la solución de la crisis abierta tras la muerte del dictador dependía de la habilidad de Juan Carlos, de los ministros que eligiese y de los líderes de la oposición, pero el búnker (la ultraderecha) seguía teniendo fuerza, y el mismo rey se veía atado por los mecanismos de la legislación franquista. En esta situación su primer gobierno fue, a primera vista, enormemente decepcionante. Presidido por Carlos Arias Navarro (1975-76), que había sido presidente del último gobierno de Franco, incluía a un gran número de elementos de la línea dura, aunque con innovaciones significativas, como Manuel Fraga o José María de Areilza, comprometidos en principio con el cambio y que habían sido representantes de los intereses de importantes empresas españolas o de corporaciones multinacionales. El nombramiento de este gobierno decepcionó a la oposición democrática, que lo veían incapaz de liderar las necesarias reformas democráticas. El clima social era cada vez más agitado: en Vitoria, con motivo de una huelga general en marzo de 1976 la policía reprimió duramente la situación y murieron cinco personas y hubo más de un centenar de heridos por disparos de arma de fuego.

Un calado mucho mayor tuvo el nombramiento de Torcuato Fernández-Miranda como Presidente de las Cortes, antiguo profesor del monarca, que con su gran capacidad política, su profundo conocimiento de las leyes y sus contactos con políticos franquistas hacían de él el guía perfecto para salir del laberinto en el que Juan Carlos estaba atrapado. En cuanto a la oposición democrática, propugnaba una liquidación rápida del franquismo, la llamada “ruptura democrática”, mediante una total amnistía política, legalización de partidos, sindicatos libres, desmantelamiento del Movimiento y los sindicatos verticales y convocatoria de elecciones generales. En este sentido, ya a principios de 1976 se produjeron manifestaciones masivas en favor de la amnistía de los presos políticos y se multiplicaron las huelgas. Al tiempo se producía la unión de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia, que formaron Coordinación democrática, popularmente conocida como la “platajunta”. A pesar de ello, determinados sectores comenzaron a plantearse que un derrocamiento total del régimen franquista era prácticamente imposible, lo que llevó al PCE, junto con el PSOE y los democratacristianos a renunciar a la idea de ruptura democrática que sería sustituida por la de reforma pactada. En junio de 1976 las Cortes aprobaron una Ley de Asociaciones Políticas muy limitada, no modificaba el código penal, y no permitía la legalización de los partidos políticos. Incapaz de negociar con el sector más duro y reacio a los cambios, con la oposición fuerte y sin el apoyo del rey, Arias acabó por dimitir el 1 de julio de 1976. Días después era designado Adolfo Suárez como presidente del gobierno (1976-1981). En contra de lo esperado de un Secretario General del Movimiento, con él comenzó de hecho la transición a partir de la promulgación de un Decreto de Amnistía y con una primera previsión de fechas para unas elecciones generales. Suárez ponía así en marcha un proyecto político que en menos de un año había de llevar al país a las primeras elecciones democráticas, y concretaba su objetivo en la transformación desde dentro de las estructuras franquistas hasta adecuarlas a un régimen democrático. Su habilidad estuvo en saber buscar apoyos para desmontar las instituciones del régimen. En septiembre se reunió con oficiales del ejército de alta graduación y consiguió el apoyo del ejército para sus planes, y en noviembres las Cortes franquistas aceptaban la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum en diciembre de 1976 y que disolvía las Cortes franquistas y el Movimiento Nacional (a cambio de la exención de responsabilidades), permitía la existencia de partidos políticos y preveía unas elecciones generales. Esta ley se completó con la Ley Electoral, de marzo de 1977 que era bastante limitadora, ya que favorecía las grandes coaliciones de partidos y establecía la existencia de las listas cerradas. La situación se complicaba con la conflictividad social provocada por el aumento del paro y la subida de los precios, y, sobre todo, por la escalada terrorista de los grupos de extrema izquierda (ETA y GRAPO) y de extrema derecha. En enero de 1977 la tensión llegó al máximo con la actuación combinada del GRAPO, que secuestra al Teniente General Villaescusa y asesinaba a varios policías y guardias civiles, y los terroristas de extrema derecha, que provocaban la matanza de Atocha: el atentado contra abogados laboralistas en su despacho que se saldó con cinco muertos y cuatro heridos graves. En ambos casos se trataba de provocar una respuesta del ejército que impidiera las reformas políticas. Sin embargo, las reformas continuaron adelante. El siguiente paso fue la legalización del PCE en abril de 1977 (un Viernes Santo, creando una situación bastante tensa) y la convocatoria de elecciones. Además, a principios de mayo, se formaba la Unión de Centro Democrático (UCD) presidida por Adolfo Suárez, y Juan de Borbón cedía sus derechos dinásticos a su hijo Juan Carlos, en un intento de dar legitimidad a la monarquía. De esta forma, el 15 de junio de 1977 se celebraban las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936, con una participación del 78%. Los resultados fueron: - Unión de Centro Democrático: 167 escaños - Partido Socialista Obrero Español: 118 escaños. - Partido Comunista de España: 20 escaños. - Alianza Popular: 16 escaños. - Pacte Democràtic per Catalunya: 11 escaños. - Partido Nacionalista Vasco: 8 escaños.

- Partido Socialista Popular: 6 escaños. - Unión de centristas y demócratas cristianos de Catalunya: 2 escaños. - Esquerra Republicana de Catalunya: 1 escaño. - Euskadiko Eskerra: 1 escaño. Como vencedor de las elecciones, formo gobierno Adolfo Suárez, que tras elecciones tuvo que enfrentarse a los dos problemas más graves del periodo, en cuanto condicionantes del futuro económico y político del país: la crisis económica y la elaboración de un texto constitucional, que debía poner las bases del sistema político democráticos y resolver la organización territorial del estado. Respecto a la crisis económica, entre 1975 y 1977, mientras Europa estaba ya tomando fuertes medidas para hacer frente a la recesión, en España predominó la pasividad ya que la situación política primó sobre el deterioro de la situación económica y la medida que se tomó fue la más fácil y grave: aumentar el déficit público. En octubre de 1977, ante la gravísima situación económica, se realizó el único intento serio de atajar la crisis: los Pactos de la Moncloa, firmados por patronos, sindicatos y gobierno. El texto del acuerdo, elaborado básicamente por Enrique Fuentes Quintana, pretendía establecer una serie de ajustes desde los que la crisis podía ser atacada y que incidían en controlar la inflación, distribuir mejor las rentas y modificar las relaciones comerciales con el exterior. Para ello era imprescindible una reforma fiscal así como de las empresas públicas y de la seguridad social y un control del gasto público. En la práctica, los propósitos más progresistas del Pacto, como la política de empleo o vivienda y la mejora del sistema sanitario no se llevaron a cabo, aunque hay que reconocer el resultado positivo de reducir la inflación hasta el 16%, lo que permitió el desarrollo del comercio exterior, pero no frenó la crisis industrial galopante: 1977 acabó oficialmente con 213.000 parados, a los que sumaron otros 243.000 al año siguiente, sin contar los aproximadamente 3.000.000 de españoles emigrantes muchos de los cuales, ante la recesión europea, volverían a España en aquellos años. De acuerdo con las promesas realizadas por UCD, mes y medio después de las elecciones comenzaba la elaboración de la Constitución a partir de un anteproyecto realizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, formada por siete diputador: tres de UCD (José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros), uno del PSOE (Gregorio Peces-Barba), uno del PCE-PSUC (Jordi Solé Tura), otro de AP (Manuel Fraga) y por último un diputado de CiU (Miguel Roca). A partir del anteproyecto, una comisión mixta del congreso y el senado realizó su redacción definitiva, que los parlamentarios votaron pública y nominalmente, con 325 votos a favor de 345 emitidos. La Constitución fue sometida a referéndum el día 6 de diciembre de 1978 y aprobada por la mayoría de la población, aunque hubo un alto porcentaje de abstención. La elaboración de la constitución supuso un largo proceso negociador entre las fuerzas políticas que se denominó como el “periodo del consenso”, caracterizado por concesiones mutuas que dieron lugar a un texto bastante ambiguo en aras de conseguir un equilibrio entre elementos progresistas y conservadores. Por primera vez en la historia de España se elaboraba una constitución desde el acuerdo y el consenso, y con voluntad de que fuese duradera. En cuanto a las características de la Constitución destacan: 1.- Soberanía nacional: se reconoce en los artículos 1 y 2, estableciendo que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes. 2.-Monarquía Parlamentaria. El rey es el jefe del estado, propone al candidato a presidente del gobierno y nombra al presidente del gobierno. Además, es el jefe de las Fuerzas Armadas. 3.- División de poderes: es la típica de cualquier sistema parlamentario actual, con su juego de controles y equilibrios. Dentro de esta división encontramos: El poder legislativo ejercido por el parlamento, que se divide en dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado. La primacía política y jurídica corresponde al Congreso, que elige al presidente del gobierno, exige la responsabilidad del mismo mediante las mociones de censura y de confianza y ante el que se verifica el debate anual sobre el estado de la nación. El Senado es una cámara de segunda lectura de las leyes cuyas enmiendas y vetos pueden ser superadas por el voto de la mayoría absoluta del Congreso. Aunque en el Senado tienen escaño cierto número de representantes de las Comunidades Autónomas, su falta de competencias específicas no permite considerarlo una cámara de representación de las Comunidades Autónomas.

Además, el Parlamento controla al Gobierno mediante interpelaciones y preguntas sobre la acción ejecutiva y la actuación administrativa. El poder ejecutivo lo ostenta el gobierno. En cuanto al gobierno, el Presidente es elegido por el Congreso y, junto a sus ministros, depende de la confianza del Parlamento. Por su parte, el presidente del gobierno tiene el poder de disolver el Parlamento y dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. El poder judicial se reconoce como independiente mediante sistemas objetivos de nombramiento, traslado y separación de los jueces. También tienen una organización propia y autónoma a través del Consejo General del Poder Judicial, cuyas competencias afectan a nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los jueces, Además está el Tribunal Constitucional, independiente del poder judicial, aunque con funciones jurisdiccionales, cuya misión es resolver cuestiones de inconstitucionalidad, recursos sobre violaciones de derechos de los ciudadanos y conflictos de competencia entre el estado y las comunidades autónomas. 4.- Derechos y libertades: se reconocen, de forma amplia, detallada y profunda, los derechos civiles, políticos y sociales básicos y se establecen los procedimientos necesarios para su protección. No todos los derechos mencionados son igualmente precisos. Por una parte, los derechos civiles y políticos clásicos (igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa, libertad de expresión, reunión, manifestación, asociación,…), a los que se añaden algunos derechos sociales (derecho a la educación, derecho a la huelga,…) reciben un contenido esencial y pueden ser alegados ante los tribunales ordinarios para su defensa e incluso en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por otra parte, el derecho al trabajo, a la vivienda digna, a un medio ambiente sano o la protección de la salud, están determinados más como finas, cuya realización depende de la concreción política del momento. 5.- Organización del estado. Ya antes de la elaboración del texto constitucional se restablecieron las instituciones autonómicas que catalanes y vascos habían tenido durante la II República y habían sido eliminadas por Franco. Para enfrentarse a la cuestión territorial se optó por un modelo abierto y flexible que permitía configurar el estado tanto bajo un modelo tendente al federalismo como bajo un modelo en el que se establecían distintos grados de competencias. Este marco permitía acceder de forma inmediata a la máxima extensión de competencias a los territorios mal llamados históricos (Cataluña, País Vasco y Galicia), mientras que para el resto la Constitución estableció dos mecanismos más o menos rápidos. De esta manera se configuraron diecisiete Comunidades Autónomas, muchas más de las que los redactores de la Constitución habían previsto. Sin embargo, el sistema autonómico no solo no está cerrado, sino que, potencialmente, es el factor que mayor incertidumbre introduce en el desarrollo futuro de nuestro régimen constitucional. Como conclusión, cabe señalar que se trata de una Constitución flexible en cuanto a su modificación, y que en su elaboración recibió numerosas influencias de los textos constitucionales europeos, lo que ha hecho denunciar a algún autor la escasa originalidad del texto e incluso atribuirle un carácter mimético. No obstante, como señalaba unos de los “padres de la Constitución”, Jordi Solé Tura, a pesar de su poca originalidad y de su ambigüedad, la Constitución suponía un paso adelante en el proceso de democratización y transformación de la sociedad. Pese al consenso que caracterizó la elaboración de la Constitución en cuanto a los debates parlamentarios, en la calle las resistencias al cambio trataban de justificarse en manifestaciones y demostraciones callejeras diversas, especialmente en los aniversarios de la muerte de Franco, en la conspiración golpista militar conocida como “Operación Galaxia” de noviembre de 1978 o en los incidentes militares en Cartagena, con motivo de una visita del ministro de Defensa, General Gutiérrez Mellado; potenciados, además por el crecimiento y efectos de la crisis económica o el incremento de los crímenes de ETA. Durante todo este periodo, y hasta muchos años después (ya se ha esbozado antes, pero lo recordamos en esta parte del tema), las principales amenazas para el proceso democratizador provenían del involucionismo de extrema derecha (Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A,

Batallón Vasco Español,…) que intentó truncar la transición a la democracia con atentados como el de la matanza de Atocha (enero de 1977) o con intentos de golpe militar (Operación Galaxia, enero de 1978). Pero también estaba el terrorismo de extrema izquierda que cometían atentados y secuestros, GRAPO y FRAP. Pero la principal actividad terrorista provenía de ETA, con una campaña de atentados con especial incidencia entre los militares y las fuerzas de orden público. Tras los atentados de los primeros años, la extrema derecha nostálgica del franquismo cambió de estrategia buscando revertir la situación mediante golpes de estado. Tras el fracaso de la Operación Galaxia, se produjo el espectacular intento del 23 de febrero de 1981. La aparición del rey en televisión y la falta de respaldo a los golpistas impidieron que el golpe tuviera éxito. Tras el desmantelamiento del GRAPO en 1980 (realmente este grupo tenía una estructura muy débil pero conoció muchas reconstrucciones y “oficialmente” siguió activo hasta el siglo XXI), ETA empleó la táctica de la desestabilización para forzar una negociación política. En 1980 cometió 95 asesinatos. Desde mediados de los años 80 el número de atentados y asesinatos comenzó a descender en parte por la implicación en la lucha contra ETA de las autoridades francesas y por la mayor eficacia de los servicios de seguridad y de inteligencia españoles. Pero en contrapartida las acciones del grupo terrorista se extendieron a todos los sectores sociales y políticos y se volvieron más indiscriminados, como el atentado en el parking de Hipercor de Barcelona en 1987. En 1997 el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco provocó la movilización de la sociedad vasca, el conocido como “espíritu de Ermua”, que aisló a los terroristas y su entorno. A pesar de ello, los partidos nacionalistas vascos firmaron en 1998 el Pacto de Estella-Lizarra mediante el que reivindicaban la autodeterminación. Poco después ETA declaraba una tregua. El gobierno se mostró abierto al diálogo, pero este no fructificó y la banda retomó las acciones terroristas en 1999. Al año siguiente, PP y PSOE reforzaron la unidad antiterrorista con la firma del Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo (conocido como Pacto Antiterrorista) iniciando el proceso de ilegalización de los partidos políticos y organizaciones sociales del entorno de ETA.

12.2. Las etapas políticas de la democracia. Los gobiernos de la UCD. El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. La alternancia política: gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular Entre 1978 y 1982 se agudizaron las consecuencias de la crisis económica. Se alcanzaron los dos millones de parado, se disparó el gasto público y la inflación se situó en el 14%, La razón hay que buscarla en la subida de los precios del petróleo de 1973 y en el atraso de las estructuras productivas. Por otra parte, los partidos políticos no conseguían penetrar en am...