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Texto: Conflictos institucionales durante el primero gobierno radical 1916-1922 Autor: Ana María Mustapic.

Bibliografía de la autora: Ana María Mustapic es licenciada en Ciencias políticas y posee un magister en filosofía política. Actualmente es docente de ciencias políticas en el instituto Torcuato Ditello (Buenos Aires) en el mismo es tambien directora del programa de Estudios Electorales y Legislativos. Investigadora independiente del CONICET. El texto Conflictos institucionales no pertenece a un libro sino más bien se trata de un artículo de una revista de Desarrollo Económico y Social en 1984.

El eje central en el cual se va a desenvolver el texto serán los conflictos surgidos entre el gobierno radical y los conservadores, tomando como punto de inicio las elecciones presidenciales de 1916 donde el radicalismo salió victorioso. Estas elecciones son recordadas por un lado por ser las primeras elecciones donde obtiene la victoria el partido opositor (Unión Cívica Radical)y tambien porque el poder se encuentra fragmentado. Por un lado el poder ejecutivo está en manos del radicalismo con la presidencia de Hipólito Yrigoyen y por otro el Congreso (cámara de senadores y de diputados) siguió dominado por los conservadores. Esta división de poderes amenazara fuertemente el aparato gubernamental. Desde 1880 hasta 1916 el sistema político había estado en manos de una élite conservadora quienes emplearon el método de cooptación y de fraude electoral para mantenerse en el poder, sin embargo van a surgir grupos “antisitemas” que van a ir en contra del régimen oligárquico entre los que se va a destacar el radicalismo. La Unión Cívica Radical tiene su primera puesta en escena en 1890, este movimiento se expreso a través de la abstención del voto y la actividad conspirativa. Este movimiento estaba conformado por un gran estrato social surgido como consecuencias de los cambios económicos y sociales de mediados del siglo XIX, quienes comenzaron a preocuparse por su marginación política. La ley electoral de 1912 (Sáenz Peña) creo mecanismos para prevenir el fraude electoral, dando respuestas a las demandas del radicalismo. Estableció el voto obligatorio e incorporo un sistema de distribución de los cargos que aseguraba a la minoría a la representación en el gobierno. Los cambios creaban las condiciones para la democratización de la política. Las elecciones de 1916 insinuaban una “tarea compartida” cuyo objetivo era el afianzamiento de las nuevas reglas del juego político.

La constitución de 1853 había querido que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo fueran órganos colegiadores, esto significaba que cualquier proyecto o ley que quisiera sancionar alguno de los poderes tendría que contar con el apoyo y control del otro. ¿Cómo evitar los riesgos de estancamiento cuando el presidente pertenecía a un partido y los legisladores a otro? Desde un punto de vista teórico existían dos posibilidades: por un lado la cooperación y por otro lado buscar el modo de cambiar ese equilibrio implícito en la constitución y permitiendo mayor poder ya sea al Poder Ejecutivo o al legislativo. Ambos cominos fueron empleados en la presidencia de Yrigoyen, en el ámbito económico se aplico la cooperación pero en el ámbito político las divergencias impidieron una fluidez en la actividad gubernamental. La interpelación Parlamentaria: los constituyentes dotaron al Congreso de ciertos atributos propios de un sistema parlamentario. El artículo 63 concedía a los miembros del congreso el derecho de reclamar la presencia del ministro de Poder Ejecutivo para proporcionar informes a pedidos de información previamente solicitada. Sin embargo este parlamento no podía sancionar al Poder Ejecutivo, tan solo abría al Congreso la posibilidad de criticar públicamente al Poder Ejecutivo. Entre 1854 y 1916 las interpelaciones formuladas habían obtenido una óptima repuesta (recordemos que ambos poderes pertenecían al mismo partido político). Pero durante el gobierno de Yrioyen las apelaciones realizadas no tuvieron las respuestas deseadas por el Congreso. Esto muestra el grado de hostilidad existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tras el ascenso de Yrigoyen la primera interpelación no se hizo esperar, se produjo tras la ausencia del Presidente al acto inaugural de las actividades laborales del Congreso. Ahora los grupos opositores que después de la derrota de 1916 convirtieron a la defensa de las normas constitucionales en su principal resguardo. Por la ausencia del Presidente el congreso solicitó la presencia del ministro de interior, sin embargo lo único que recibió como respuesta fue una carta del Poder Ejecutivo en la cual expresaba que los únicos informes que debía presentar eran aquellos relacionados al poder legislativo no así los de índole privado. En tal fue el primer eslabón de una gran cadena de conflictos entre ambos poderes. Esta esencia retorica de Yrigoyen poco contribuyo a disipara la atmósfera de recelo que inauguró su gobierno. En 1917 Yrigoyen había solicitado la aprobación por la cámara alta los nombramientos para ingresar a la Comisión Municipal, el Senado negó la petición sosteniendo que la lista estaba conformado solamente por miembro del partido radical y que no participaban en él

miembro de la oposición. Yrigoyen sostuvo que dicha lista se realizo de esa manera ya que al pertenecer a un mismo partido la resolución de los problemas seria más rápido y con más eficacia ya que tenían una misma perspectiva política , hizo suyo el argumento según el cual la presencia de intereses contrapuestos demora la adopción de decisiones en una situación de emergencia. Continuaron así los conflictos entre el Poder Pjecutivo y el Poder Legislativo. Las elecciones parlamentarias de 1918 modificaron el panorama político en un punto importante: la Unión Cívica Radical obtenía la deseada mayoría en la cámara de diputados. Las primeras interpelaciones se llevaron a cabo de manera optima durante un breve tiempo, todo cambió por las hostilidades resurgidas por la reforma universitaria de ese mismo año, Yrigoyen apoyo al sector estudiantil para que se realizarán la modificación en el estatuto estudiantil, los conservadores perdieron así el control sobre las universidades, provocando aun más el clima hostil entre ambos poderes. Desde 1919 y hasta el final de la presidencia de Yrigoyen la cámara de diputados aprobó dieciocho interpelaciones. En sólo tres ocasiones los ministros accedieron al pedido, cinco interpelaciones fueron contestadas por escrito y el resto no recibió respuesta algo. El último incidente se produjo en 1921 con el Presidente negó una vez más el derecho del congreso a controlar la actividad ejecutivo. El Poder Ejecutivo recurrió a una concepción rígida de la división de poderes según la cual cada una de estas funciones gubernamentales debía recaer sobre otras tantas instituciones en específico. Esto le permitió sostener que el Congreso era un cuerpo exclusivamente legislativo y por lo tanto la información que la presidencia estaba autorizada a proveerle debía ser necesariamente con dicha actividad. Durante el gobierno de Yrigoyen fueron múltiples lo conflicto entre el Poder Ejecutivo y legislativo, el primero sostuvo que el poder ejecutivo poseían una autoridad superior a la del legislativo, la segunda se resguardó O utilizó como escudo a la Constitución y a la ley electoral para mantenerse en el poder y tener voz en la toma de decisión.

La intervención federal: El principio federal adoptado por los constituyentes argentinos, limitó notablemente la autonomía política de las provincias. Esta observación se desprende de la lectura del ambiguo párrafo del art. 6 “el gobierno federal interviene en territorio de la provincia para garantizar la forma republicana de gobierno”, nada aclaraba el texto sobre en qué situación estaba amenazada la provincia y quien debería intervenir. Es cierto que la

antigüedad del artículo podía haber sido aclarada por una ley del Congreso o por jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero cuando el Congreso sanciono leyes en la materia fueron vetadas por el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema declaro la intervención federal como cuestión política. De este modo la decisión de intervenir quedaba liberada a la discrecionalidad de las autoridades centrales. A esta discrecionalidad se le suma la arbitrariedad. Esta se originaba en la particular posición del Poder Ejecutivo respecto Legislativo. La práctica concedió a ambos órganos de gobierno la facultad de sancionar la intervención, pero el Poder Ejecutivo poseía una situación más ventajosa ya que este podía intervenir una provincia sin el apoyo o el consenso del Congreso, sin embargo las decisiones del Poder Legislativo estaban sujetas a la opinión del Presidente. Los fines políticos perseguidos por la intervención federal fue la búsqueda de aliados en las provincias y ésta se explican por la participación de estos en la formación del gobierno central. Cada provincia formaba un distrito electoral, en él se elegían tanto los miembros de la Juntas Electorales para Presidente y vicepresidente como a los diputados nacionales. De aquí la importancia de las elecciones nacionales y provinciales y la posibilidad de supervisarlas y manipularlas por medio de la intervención. La intervención colocaba a las provincias en una relación de subordinación respecto del poder central. Dejaba las puertas abiertas a la discrecionalidad y arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Aunque partir de 1918 sólo el senado quedó en manos de los sectores conservadores, la oposición gozaba de un poder de veto en el proceso de decisión. Una de las principales inquietudes de Yrigoyen fue la de revertir la desfavorable situación en la que se encontraba su gobierno. Para ese partido radical desplazaba a la vieja elite de los gobiernos provinciales, para intentar obtener su propia mayoría en las legislaturas provinciales. Nada más apropiado que recurrir a la intervención federal con la mirada en la futura composición del Senado. 15 de las intervenciones fueron decididas por decreto presidencial sólo cuatro contaron con el apoyo del Congreso, las razones son obvias de Yrigoyen no podía contar con el respaldo del senado. Garantiza la impunidad de sus decisiones, Yrigoyen procedió fijar un criterio para determinar los criterios de su política intervencionista. De acuerdo con los directivos del Poder Ejecutivo debía por un lado renovar todos los poderes ilegítimos y por otro mantener todos los constituidos legalmente. El Poder Ejecutivo se atribuyó el papel de guardián del quehacer provincial “la autonomía en pertenece al pueblo y es para el pueblo nombrando gobiernos”. Siendo el Presidente el verdadero representante del pueblo, no sólo estaba autorizado a juzgar la legitimidad de

origen de los gobernantes y sino el modo en que todos ejercían sus poderes constitucionales. Las intervenciones realizadas en provincias con gobiernos radicales tuvieron un tratamiento diferente. Las provincias intervenidas no fueron por solicitud del Presidente o por el Congreso sino por el mismo gobierno provincial, debido a la fragmentación insistía en el partido siguiendo esto un obstáculo y amenazan para la actividad gubernamental Las intervenciones no siempre concluían con la instalación de un gobierno afín a la línea oficial los casos más conocidos son San Juan y Mendoza. La intervención federal siempre fue parte del arsenal político del Poder Ejecutivo y en esos términos de la utilizó bajo los gobiernos conservadores. El plan intervencionista de Yrigoyen carecía de respaldo en el Congreso. Podría pensarse esta circunstancia actuaría como factor de moderación, pero cedió todo lo contrario. Yrigoyen aplicó una estrategia de shock destinada a afectar a la posición de los conservadores en las provincias....