Tema 15. La Segunda República Española (1931-1936). Tema resumen PDF

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Tema 15. La Segunda República Española (1931-1936) 1. LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA. LA CONSTITUCIÓN DE 1931 Y EL BIENIO REFORMISTA 1.1. LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA. EL GOBIERNO PROVISIONAL (ABRIL-DICIEMBRE DE 1931) Los firmantes del Pacto de San Sebastián contra la Monarquía se constituyen en el Comité Revolucionario que habría de formar el gobierno provisional republicano. El 14 de abril Alcalá Zamora proclamó la República en Madrid. Alfonso XIII había decidido exiliarse. Ese mismo día el comité se convirtió en el Gobierno Provisional de la Segunda República Española. En su composición encontramos las siguientes personalidades y corrientes: Alcalá Zamora, (Presidente); Alejandro Lerroux (Estado); Miguel Maura (Gobernación); Indalecio Prieto (Hacienda); Fernando de los Ríos (Justicia); Manuel Azaña (Guerra); Santiago Casares, (Marina); Álvaro de Albornoz, (Fomento); Nicolau d’Olwer (Economía); F. Largo Caballero (Trabajo); Marcelino Domingo (Instrucción Pública) y Diego Martínez Barrio (Comunicaciones). Fuera de la coalición quedaban la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo más radical (comunistas y anarquistas) y algunas fuerzas republicanas. El primer problema serio para el nuevo gobierno se originó en Barcelona, cuando el líder catalanista Macià proclamó la República Catalana o Estat Catalá, dentro de una Federación de Repúblicas Ibéricas. Representantes del Gobierno provisional consiguieron convencerle de que confiase en el reconocimiento republicano de la singularidad catalana mediante un próximo estatuto. Dentro del movimiento obrero, muchos españoles que esperaban el cambio recibieron con esperanza un régimen que estaba llamado enterrar la vieja España cacique de la Restauración. Los anarquistas consideraron a la República burguesa y empezaron a luchar por un régimen libertario. El gobierno provisional asumió el poder e inició la transformación del Estado con un programa reformista basado en el Pacto de San Sebastián (reforma agraria, libertad de cultos...). Para preparar un nuevo marco político convocó elecciones a Cortes Constituyentes que serían elegidas por sufragio universal de los varones mayores de 23 años. Las elecciones fueron convocadas para el 28 de junio y se presentaron muchos partidos: republicanos de izquierdas y de centro, PSOE, PCE, nacionalistas, monárquicos y de derechas. Pero también aparecieron los problemas: la organización territorial del Estado, las relaciones con la Iglesia (quema de conventos en mayo), la agitación obrera, la reforma del Ejército, el control del orden público y acabar con el analfabetismo. Los resultados de las elecciones dieron la mayoría a los partidos de izquierda. Esto explica la rapidez en la aprobación de la nueva Constitución republicana y la legislación reformista del primer bienio.

1.2. LA CONSTITUCIÓN DE 1931 Una vez reunidos el 14 de julio, y tras haber elegido presidente de la Cámara a Julián Besteiro, socialista moderado, los diputados se impusieron como primera tarea la redacción de la nueva Constitución. Los debates constitucionales fueron apasionados al afrontar las relaciones de la Iglesia-Estado y provocó la primera crisis de gobierno (dimisiones de Alcalá Zamora y Maura). La vacante en la Jefatura del Gobierno la ocupó el ministro de la Guerra, Azaña, el mejor símbolo del espíritu reformista de la Segunda República, cuya presidencia pasó a Alcalá Zamora. La Constitución de 1931, aprobada e1 9 de diciembre, consta de 125 artículos. Se inicia con una definición de soberanía popular (España es “Una República democrática de trabajadores de toda clase”, lo que le da un espíritu de izquierdas). Luego desarrolla una extensa declaración de derechos y libertades. Entre lo más novedoso destaca el sufragio universal para mayores de veintitrés años, y, también femenino. La Constitución estableció el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de derechos de hijos legítimos e ilegítimos, la igualdad de todos en el derecho a la educación, y el trabajo, y subordinaba el derecho a la propiedad privada al interés público, previéndose la posibilidad de expropiación.

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El poder legislativo corresponde a las Cortes, que son unicamerales y es la principal institución del sistema político. En el poder ejecutivo, la Jefatura del Estado corresponde al presidente de la República, elegido cada seis años, con competencias limitadas y controladas por la Cámara. El presidente nombra al Jefe de Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros, que deben ser ratificados por las Cortes. El poder judicial es independiente, con un Tribunal de Garantías Constitucionales como máximo de justicia del Estado. Un punto importante es que la existencia de un Estado integral se hacía compatible con la autonomía de municipios y regiones, por primera vez en la Historia de España se abre la posibilidad de que las distintas regiones gocen de un estatuto de autonomía y funcionen en régimen de autogobierno, pero manteniendo la unidad de España. La “cuestión religiosa” fue un asunto espinoso y muy discutido. La Constitución estableció la disolución de las congregaciones religiosas (se quería expulsar a la Compañía de Jesús, que obedece al papa) y se les prohibía el ejercicio de la enseñanza. Desaparecía el presupuesto de culto y clero. En los partidos de izquierda estaba muy extendido el anticlericalismo, que era incitado por unos y encendido por otros con declaraciones o comentarios. Muy pronto se vio con la quema de conventos en mayo. Las dos partes actuaron con un gran radicalismo. En resumen, la Constitución de 1931 estableció un régimen democrático con libertades políticas y derechos sociales y sentó las bases para las grandes reformas del programa republicano-socialista. Esta doble dimensión, política y social, permite caracterizar la Constitución de 1931 como un texto que representaba las aspiraciones de las clases trabajadoras y de las clases medias. Por ello, no podían reconocerse en ella los sectores más conservadores de la sociedad que habían tenido en la Restauración un modelo de organización política más beneficioso a sus intereses: la Iglesia, los terratenientes y la alta burguesía, que desde el primer momento fueron hostiles al nuevo régimen.

1.3. EL BIENIO REFORMISTA. LOS GOBIERNOS DE AZAÑA (1931-1933) Entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, Manuel Azaña presidió un gobierno republicano-socialista, que impulsó un programa de ampliación y profundización de las reformas iniciadas durante el período constituyente.

1.3.1. LA CUESTIÓN RELIGIOSA El nuevo régimen planteó la separación entre la Iglesia y el Estado, decretando la disolución de la Compañía de Jesús por anticonstitucional (cuarto voto de obediencia al Papa) y nacionalizando sus bienes, suprimiendo el presupuesto del clero, apartando las órdenes religiosas de la enseñanza, introduciendo el divorcio, el matrimonio civil, los cementerios civiles y aprobando la Ley de Congregaciones Religiosas (1933), que limitaba la posesión de bienes a las órdenes religiosas y contemplaba la disolución en caso de peligro para el Estado. La cuestión religiosa provocó debates apasionados en el Parlamento, creó enemigos al régimen republicano e hizo que los católicos percibieran esta legislación como una agresión. La jerarquía eclesiástica fue hostil hacia la República (cardenal Segura) y movilizó a los católicos en su contra. El anticlericalismo de las clases populares también fue un ingrediente en el clima de tensión (quema de conventos de mayo de 1931). Algunos intelectuales republicanos, observaban con preocupación el giro violento que tomaban los acontecimientos y manifestaron su desilusión (Ortega y Gasset y su frase “no es esto, no es esto”, en el diario El Sol, al final del verano del año 1931).

1.3.2. LA REFORMA MILITAR El Ejército permaneció fiel a la Monarquía durante la crisis de 1917 y ésta accedió a sus peticiones (aumentar el número de oficiales). Esta fidelidad y el que gran parte de los mandos del Ejército fueran monárquicos suponía un peligro para la República. Impulsada por Manuel Azaña, ministro de la Guerra, pretendió crear un ejército profesional y democrático. Para ello era necesario reducir sus efectivos (la macrocefalia) porque el número de oficiales era desproporcionado en relación con el de soldados y establecer una ley que asegurara su obediencia al poder civil para acabar con su intervención en la vida política. La Ley de la Oficialidad establecía la promesa de adhesión de los militares al régimen y daba la posibilidad del retiro con el sueldo íntegro a quienes lo eligieran. No consiguió sus objetivos y fue percibida como una agresión al ejército. Se creó una nueva policía civil, la Guardia de Asalto.

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1.3.3. LA CUESTIÓN REGIONAL La Constitución de 1931 reconocía el derecho de las regiones, con sentimientos nacionalistas, a tener una organización propia y acceder a la autonomía. En Cataluña, Maciá proclamó el 14 de abril la República Catalana dentro de la Federación Ibérica, aunque quedó anulada tras el reconocimiento republicano de la singularidad catalana con un estatuto, redactado por una comisión y aprobado en referéndum por mayoría. En las Cortes la derecha se opuso, pero en 1932 fue aprobado. Las primeras elecciones al Parlamento catalán dieron la victoria a Esquerra Republicana de Catalunya y Macià fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco el proyecto de estatuto se retrasó y hasta octubre de 1936, ya en guerra, no fue aprobado. José Antonio Aguirre, del PNV, fue elegido primer lehendakari. En Galicia, con menor conciencia nacionalista, el proceso fue lento y la guerra impidió su aprobación en las Cortes.

1.3.4. LA EDUCACIÓN El objetivo era establecer una educación pública, laica, mixta, obligatoria y gratuita, en un intento de acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa. La escuela primaria recibió un fuerte impulso y vio incrementado su presupuesto. El deseo de llevar la cultura a la población con menos recursos llevó a las Misiones Pedagógicas, encargadas de difundir la cultura en zonas rurales.

1.3.5. LA REFORMA AGRARIA El problema agrario era estructural para un país que era todavía agrario. Junto a la desigualdad en el reparto de la tierra está la ineficacia y atraso en la utilización de técnicas agrícolas. El resultado era millones de campesinos que vivían por debajo del nivel de subsistencia y eso era un peligro potencial para la República. En la resolución del problema agrario se jugaba la República no solo su prestigio y credibilidad, sino su propia pervivencia. El Gobierno Provisional había aprobado algunos decretos para favorecer al campesino y evitar así la insurrección: jornadas de ocho horas, contratación con preferencia a los jornaleros dentro de su propio término municipal... La Ley de Reforma Agraria preveía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas directamente por sus dueños, las tierras incultas, las de regadío no regadas... Para ello se creó el I.R.A. (Instituto para la Reforma Agraria), con un presupuesto de 50 millones de pesetas al año. El procedimiento era el siguiente: el I.R.A. confiscaba las tierras y las pasaba a las Juntas Provinciales y éstas a los campesinos que previamente habían decidido sobre su explotación individual o colectiva. La reforma chocó con muchos problemas: no se conocían datos de mucha gente, se marginaron los terrenos ganaderos, los terratenientes se oponían a toda esta política, no se tenían datos sobre los rendimientos de las tierras… Los resultados prácticos de la Ley fueron decepcionantes y contra la Reforma Agraria se levantaron los partidos de derecha y los anarquistas, unos porque la consideraban radical y otros porque la consideraban insuficiente. Causas del fracaso: la complejidad de la ley, la lentitud con la que fue aplicada, la falta de partidas presupuestarias y la oposición de los propietarios. Consecuencias sociales: aumento de la tensión social, los propietarios se sumaron a los contrarios a la República, la frustración de los campesinos que depositaron sus esperanzas en la República, ocupación de fincas y enfrentamientos campesinos con la Guardia Civil.

1.3.6. LOS CONFLICTOS Desde el 14 de abril los conflictos sociales fueron continuos provocados por la tensión acumulada por los acontecimientos políticos. La esperanza de campesinos y obreros, como en 1873, llevó a identificar República con transformación social y pronto sus esperanzas no se cumplieron. Los propietarios e industriales tuvieron una posición intransigente. A la impaciencia de los trabajadores, sometidos a jornales bajos y a la falta de trabajo, se sumó la movilización de los anarquistas y del PCE, influyentes en el campo andaluz y extremeño y entre los mineros asturianos.

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La patronal presionó al Gobierno, y éste, que no quería perder el control del país, utilizó las fuerzas de orden público para reprimir las huelgas. El resultado fue una escalada de violencia, con incidentes entre huelguistas y la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. La reforma agraria era lenta y ya, desde diciembre de 1931, hubo enfrentamientos con muertos (Castilblanco y Arnedo, en el Alto Llobregat, entre anarquistas y la Guardia Civil y el Ejército). El Gobierno destituyó al general Sanjurjo al frente de la Guardia Civil por los excesos cometidos en Arnedo, y deportó a anarquistas a Guinea. Todo esto llevó a la radicalización de los anarquistas con el desplazamiento del dirigente moderado Ángel Pestaña, contrario a la convocatoria de una huelga general contra el Gobierno como represalia, al frente de la CNT. El clima de conflictividad se mantuvo con huelgas, ocupaciones de tierras, robos de cosechas y destrucción de maquinaria agrícola en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y pueblos de Extremadura y la Mancha.

1.3.7. EL PANORAMA POLÍTICO En la izquierda, la CNT se radicalizó y optó en 1932 por una línea dura y revolucionaria, con lo dirigentes de la FAI (Federación Anarquista Ibérica (1927) al frente (Durruti, Ascaso, García Oliver). En el PCE (Partido Comunista de España) se impuso la línea más radical y José Díaz, impuesto por la Internacional Comunista, se convirtió en su secretario general. En el PSOE se imponían las tesis de abandonar la coalición de gobierno y acercarse al PCE y a la CNT. En la derecha se funda la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), con los católicos, la oligarquía y la Iglesia, dirigida por Gil Robles. Aceptó la lucha legal, pero proponía cambiar la Constitución. Los monárquicos también se reorganizaron y se fundaron las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, de corte fascista, y de momento pequeño, pero que actuaba en la universidad con gran violencia. El clima político se enturbió aún más con la expulsión de la Compañía de Jesús, y la discusión en las Cortes de la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía para Cataluña. Los católicos y los monárquicos se opusieron con una táctica obstruccionista (impedir que se aprobara), alargando los debates y desatando una campaña de prensa. La identificación del Estatuto de Autonomía catalán con la ruptura del país hizo que algunos generales, descontentos con la reforma militar, comenzaran a conspirar. El 10 de agosto de 1932 fracasó el golpe de estado del general Sanjurjo (1a Sanjurjada). En 1933, se creó la UME (Unión Militar Española), organización clandestina de militares derechistas que participaría en el golpe de 1936. Después de dos años el desgaste del Gobierno era grande pero los sucesos de Casas Viejas (donde la acción de la Guardia de Asalto provocó la muerte de doce personas) lo erosionaron aún más al gobierno republicano-socialista, que empleó la fuerza para garantizar el orden público y veía como perdía el apoyo de las clases medias. Esta violencia hizo tambalear al Gobierno, que sufrió la dura campaña de la derecha, en la prensa y en las Cortes. En septiembre de 1933 Azaña dimite y el presidente Alcalá-Zamora decidió convocar elecciones para noviembre de 1933.

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2. EL BIENIO RADICAL-CEDISTA (1933-1935) Y EL FRENTE POPULAR 2.1. ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 1933 Las elecciones de 1933 dieron la mayoría al centro (el Partido Radical de Alejandro Lerroux) y la derecha (la C.E.D.A. -Confederación Española de Derechas Autónomas-) por varias causas: el desgaste del gobierno; el centroderecha presentó candidaturas únicas; la división de la izquierda; el voto femenino (que fue mayoritariamente de derecha) y la abstención obrera (a petición de la CNT). Aunque el partido más votado fue la CEDA gobernaría el Partido Radical de Lerroux, con el apoyo parlamentario de la CEDA. El llamado bienio derechista ("bienio rectificador" para los que apoyaron al gobierno; "bienio negro", según la izquierda), se dividirse en dos etapas: un período radical, o el de los gobiernos formados con miembros del Partido Radical (Lerroux y Ricardo Samper), entre noviembre de 1933 octubre de 1934; y un período radical-cedista, caracterizado por la entrada de ministros de la CEDA en el Gobierno, entre octubre de 1934 y febrero de 1936.

2.2. EL CONTRARREFORMISMO (PARALIZACIÓN DE LAS REFORMAS) La República daba un giro político y se frenaron las reformas iniciadas en la etapa anterior: 1. Ley de amnistía para los golpistas de 1932, civiles y militares. 2. La Ley de Reforma Agraria fue reformada, esto fue más bien una contrarreforma, si bien la ley no fue suprimida se le vació de contenido en muchos casos y se frenó su desarrollo. 3. La reforma Militar se para. Se puso en destinos clave a militares como Goded, Cabanellas, Mola o Franco, algunos de ellos antirrepublicanos. 4. La cuestión religiosa. Las Cortes fijaron derechos para el clero (lo que iba contra la Constitución) y se paralizó el proceso de secularización de la enseñanza. 5. La cuestión regional. Enfrentó al Gobierno y a los nacionalistas. El proyecto de Estatuto vasco fue paralizado. En Cataluña el conflicto surgió cuando el Parlamento Catalán aprobó la Ley de Contratos de cultivo (convertía a los arrendatarios de tierras en propietarios tras doce años) y el Gobierno denunció la reforma al Tribunal de Garantías Constitucionales, que la declaró inconstitucional. El presidente de la Generalidad, Companys, hizo votar una ley prácticamente idéntica.

2.3. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934 La izquierda obrera planteó una insurrección armada dentro del clima de tensión en todo el país: en las Cortes, en el campo, en la universidad, etc. La opinión pública estaba radicalizada y a posible entrada de la CEDA en el Gobierno era vista desde la izquierda como el triunfo del fascismo. La CEDA utilizaba una simbología similar en sus actos públicos y se declaraba antidemócrata. Cuando Lerroux dio entrada a tres ministros de la CEDA en su gobierno, estalló la Revolución de Octubre. En Cataluña, Companys, sucesor de Macià, proclamó el Estat Català (Estado Catalán) dentro de la República Federal Española, con ello se volvía a las declaraciones y tensiones de los primeros momentos de la República. La rebelión catalana no contó con el apoyo de los anarcosindicalistas y fue fácilmente reprimida por el general Batet y el Gobierno suspendió el Estatuto de Cataluña. En Asturias a la revolución dirigida por los socialistas se unieron comunistas y anarquistas a través de las Alianzas Obreras. Los trabajadores se hicieron con el control de las cuencas mineras y ocuparon Oviedo, donde proclamaron la República Socialista, durante su funcionamiento emitieron moneda y tuvieron un gobierno revolucionario que se apoyaba en estas Alianzas Obreras para el abastecimiento de alimentos, la formación de la tropa revolucionaria... El Ejército, con el general Franco y la Legión al frente, controló la situación rápidamente, pero el enfrentamiento dejaba un gran número de muertos, crueldad, miles de detenidos, incluidos Companys y Azaña, y los dirigentes socialistas. La consecuencia de esta revolución es el abismo que se abre entre las izquierdas y las derechas. Se sucedieron más tarde varios gobiernos de coalición entre los radicales y la CEDA y varios escándalos salpicaron al Gobierno como el llamado del Estraperlo (autorización hecha por altos cargos radicales del Gobierno, a cambio de sobornos, a un fabricante holandés...