Trabajo final, Natalia Coronel PDF

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Trabajo final de curso de Lectura e interpretación de textos, la nota obtenida fue 19. ...

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESTUDIOS GENERALES LETRAS

TRABAJO INDIVIDUAL Título: Manifestaciones de violencia por parte del Estado peruano hacia la comunidad LGBTI desde el 2007 hasta la actualidad

Nombre: Natalia Verónica Coronel Medrano

Tipo de evaluación: Trabajo Final

Curso: Taller de Escritura e Interpretación de Textos (LIN-126)

Horario: 0110

Profesor(a): Ylse Mesía

SEMESTRE 2018-II

I. ESQUEMA

Tema: Manifestaciones de violencia por parte del Estado peruano hacia la comunidad

LGBTI desde el 2007 hasta la actualidad

1. Introducción 2. En los entornos laborales 2.1.

Estereotipos e identidad como barreras para acceder al ámbito laboral

2.2.

Distintos niveles abuso en el área de trabajo

3. En la atención de servicios sociales básicos 3.1.

Profesionales de salud que se comportan de manera grosera y abusiva

3.2.

Distintas formas de abuso en el ámbito educativo

4. Cierre

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II. TEXTO

Manifestaciones de violencia por parte del Estado peruano hacia la comunidad LGBTI desde el 2007 hasta la actualidad

En el mundo, la inclusión de las personas LGBTI no ha alcanzado una gran cantidad de países todavía. Según un informe, son 72 los países en los cuales se penaliza a una persona por no ser heterosexual. Entre los más radicales, en los cuales la prisión e incluso la pena de muerte son aplicadas, se encuentran Arabia Saudita, Sudán e Irán (Amnistía Internacional 2017: 1). En Latinoamérica, pertenecer a la comunidad LGBTI no es un delito. Sin embargo, la discriminación por identidad de género es continua debido a que no está penalizada en varios países. Estefan Vargas opina que “Una de las principales formas de discriminación a la población LGBTI es aquella ejercida por agentes del Estado, no solo de manera directa a través de la labor desempeñada por miembros de las fuerzas militares o de policía, sino por medio de las disposiciones legales” (2013: 4). Como menciona la autora, la función del Estado ejercida por algunos países de América Latina no es eficiente. Por esta razón, genera una serie obstáculos para la comunidad mencionada, tales como la agresión por manifestaciones de afecto en espacios públicos, y la discriminación en cuanto a trabajo, salud y educación. En el Perú, la situación de discriminación hacia las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI se ve reforzada, de igual manera, debido a la carencia de medidas legales que protejan a este grupo de personas en circunstancias en las que la exclusión ocurre. Según un informe realizado por la Amnistía internacional: “En abril de 2017, la Comisión de Constitución del Congreso de la República votó a favor de eliminar la discriminación por orientación sexual e identidad de género como agravante de delito” (2017: 13) Esta situación ocasiona que alguien que pertenezca a la comunidad LGBTI se encuentre vulnerable ante las personas que comenten abusos verbales, y en algunos casos, físicos. Por tanto, son incapaces de obtener justicia debido a la falta de medidas protectoras, las cuales son tareas del Estado, que velen por la dignidad, seguridad e inclusión de esta comunidad. Con la finalidad de dar a conocer la situación de violencia continua en la que vive la comunidad LGBTI en el Perú, en la cual el Estado cuenta con una gran relevancia, en el presente texto se abordarán dos principales situaciones en los que se suscita abuso hacia la

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comunidad: en los entornos laborales y en la atención de servicios sociales básicos. En el ámbito laboral, la manera como la discriminación es ejercida se explicará a través de los estereotipos que existen en torno a la comunidad LGBTI y la identidad de género como barreras para acceder al campo laboral, además de los distintos niveles de abuso ejercidos en el área de trabajo. Por otro lado, la exclusión en cuanto a la obtención de servicios sociales básicos abordará situaciones de discriminación a través del análisis del trato de los profesionales de salud en los hospitales y los docentes, compañeros y/o autoridades en las escuelas. La violencia, tanto psicológica como física, que se manifiesta en los entornos laborales hacia la comunidad LGBTI es un hecho que ocurre frecuentemente. Esta se evidencia mediante dos situaciones principales que dificultan el desarrollo profesional de los miembros de esta comunidad, e impiden, en muchos casos, que puedan obtener un trabajo digno. El rechazo generalizado que existe en respuesta al prejuicio sobre una persona no heterosexual, así como sobre el género “no común” con el cual se identifican, son barreras para acceder al trabajo. En el mundo laboral, la inclusión de la comunidad LGBTI se obstaculiza debido a las percepciones generalizadas, en muchos casos negativas, que se le asignan a esta comunidad, en otras palabras, los estereotipos y los estigmas. Algunos piensan que las personas que son bisexuales, transexuales, lesbianas, gays o intersexuales requieren de tratamientos o terapias, ya que perciben su identidad de género como una enfermedad o trastorno. Según Mancilla y Ponce, “el derecho a la identidad ha sido reconocido como un derecho humano tanto en el ordenamiento jurídico internacional como en el nacional. Como tal es de carácter universal, inalienable, intransferible e irrenunciable y genera un vínculo formal por el cual el Estado queda obligado a protegerlo ante cualquier situación u omisión que lo amenace” (2016: 93). Según estos autores, la identidad es un derecho admitido en el Perú, y el Estado cuenta con una gran relevancia cuando acontece una situación en que se atenta contra ella. A pesar de ello, son muchas las circunstancias de discriminación en las que se pone en duda la competencia y suficiencia de personas no heterosexuales, y se les niega la posibilidad de obtener un empleo digno. En estas ocasiones, no se ha obtenido justicia, ya que el Estado no ha velado por el cumplimiento de este derecho y ha mostrado desinterés por esta comunidad; por lo tanto, ha sido el autor indirecto de actos de discriminación. Tal es el caso de Gahela, una mujer trans, que, según un artículo del diario La República redactado por Fernando Leyton, no puede ejercer la profesión de abogada debido a que el Estado no reconoce su identidad en su DNI. Esta situación ha generado que la universidad en la que 4

concluyó sus estudios no tramite su bachillerato, e incluso la despidan de un puesto en la cual realizaba sus prácticas preprofesionales. La única manera de obtener sus datos auténticos en cuanto a género en el documento de identidad es iniciando un juicio (2018: 1). Cabe resaltar, respecto a este caso, que comenzar un proceso legal resulta ser muy largo y engorroso para quien quiera realizarlo. El caso de Gahela, el cual es un hecho que ocurre continuamente, evidencia una situación de indolencia por parte del Estado y gran parte la población. Esta situación no le permite a muchas de las personas de la comunidad LGBTI obtener beneficios en el Perú, como es el derecho al empleo. Existen distintos niveles de abuso en el ámbito laboral: agresiones verbales, físicas e incluso la muerte de las personas pertenecientes a esta comunidad. Por un lado, las personas LGBTI que no logran obtener empleos profesionales debido a la falta de documentación respecto a su identidad se dedican, en su mayoría, al rubro de belleza o trabajo sexual. Las situaciones registradas de agresión a personas homosexuales y transexuales que laboran en peluquerías son en gran parte homicidios; esto se debe a la homofobia y transfobia. Tal es el caso de Dennis Alfaro Caballero, que, según un informe anual, fue encontrada muerta en la peluquería de la cual era dueña. Además, las condiciones en las que se halló su cadáver fueron atroces (Otsuka, Hidalgo y Forno 2016: 55). Hay un gran número de casos similares en los que se evidencian crímenes de odio, en los cuales los familiares de las víctimas no han obtenido justicia, debido a la falta de predisposición de los encargados de ejercerla. Por esto, Giovanny Romero plantea que “los denunciantes se enfrentan a los prejuicios de los operadores de la justicia: policías que hostilizan a las víctimas, se niegan a registrar sus denuncias o lo hacen incorrectamente, o fiscales que no acusan a los presuntos victimarios” (2014: 5). En efecto, la carencia de esfuerzo, por parte de las autoridades del Estado por atender casos de agresión a personas de la comunidad LGBTI, es muy recurrente. Por otro lado, respecto a la actitud de los colaboradores y empleadores en el ámbito de trabajos profesionales, la comunidad suele sufrir distintos tipos de abuso, tales como la prohibición del uso de los servicios higiénicos, las amenazas verbales y/o sexuales, y el trabajo forzoso. Tal es el caso de Pedro Isabel Marchán, un enfermero gay, que, según un artículo del diario El Comercio, fue agredido con insultos, por su compañero de trabajo más de una vez, debido a su orientación sexual (2015: 1). Con relación a esta situación, se puede evidenciar que la falta de respeto en el ámbito laboral hacia personas no heterosexuales suele ser un hecho frecuente; sin embargo, el deber del Estado, el cual es el asegurar el cumplimiento de los derechos tanto de identidad como del trabajo, no se ejerce de manera efectiva.

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La exclusión en cuanto a la obtención de servicios sociales básicos es una realidad que sucede reiteradas veces y es ejercida principalmente en dos ambientes sociales: en los hospitales, por profesionales de salud y, en las escuelas, por autoridades escolares y compañeros. En el sistema médico existen dos formas primarias en las que la discriminación se manifiesta. Por un lado, la carencia de información sobre las necesidades específicas de salud de la comunidad LGBTI, debido a la falta de interés de las autoridades por obtenerla, impide, en muchas circunstancias, que se puede ejercer eficientemente el derecho a la asistencia sanitaria. Según un informe realizado por Mancilla y Ponce de León “No existen protocolos que tomen en cuenta la orientación sexual y la identidad de género de las personas en los diversos niveles de atención, y, por ende, el servicio que se les da no responde a todas sus demandas en salud” (2016: 143). Esta situación genera que, en varias ocasiones, al momento en el cual una persona que pertenece a la comunidad asiste a un centro médico, se enfrente a la carencia de tratamientos y diagnósticos determinados, los que incluyen enfermedades de transmisión sexual y altas tasas de abuso de drogas, debido a la ausencia de conocimientos concretos. Por otro lado, frecuentemente, no hay un trato que demuestre respeto y consideración hacia las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI y, por el contrario, la atención suele ser violenta y abusiva, por lo que enfrentan situaciones de negligencia e injusticia. Tal es el caso de Frank Campuzano, una personal transexual a la cual, según un informe realizado por Cocchella y Machuca, el seguro no quería atender a pesar de que se desangraba debido a la incrustación de un vidrio, a consecuencia de golpes realizados por hombres que vivían cerca de su domicilio, entonces lo llevaron al hospital de Vitarte, donde tampoco procuraron atenderlo, posteriormente lo llevaron a un centro médico de Bravo Chico, donde ocurrió una negligencia, lo atendieron; sin embargo, no extrajeron el vidrio incrustado, comentó que le faltaba la respiración. Finalmente llegó un solo doctor que decidió extraerle el vidrio, y lo realizo, luego de esperar mucho tiempo” (2014: 39). Esta situación no fue denunciada, existen casos similares en los cuales los profesionales de salud se niegan a atender a la población LGBTI; sin embargo, cuando una persona que pertenece a la comunidad presenta una denuncia, las autoridades públicas del Estado muestran indolencia, a pesar de que son los encargados de velar por el derecho a la salud. En el sistema educativo la exclusión se expresa a través de dos maneras que perjudican a la población LGBTI de forma mental y física. Por un lado, la carencia de normas eficientes realizadas por el Ministerio de Educación, para combatir y denunciar el bullying homofóbico, 6

genera que el acoso escolar se realice frecuentemente sin obtener justicia. Según la Unesco, “La violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar vulnera directamente el derecho a la educación de aquellos afectados, y repercute significativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje” (2015: 4). En este sentido, evitar que el derecho a la educación sea vulnerado es responsabilidad del Estado. En el Perú, las medidas protectoras para la población LGBTI respecto al ámbito educativo son escasas, esta situación genera que niños y adolescentes se encuentren expuestos a abusos psicológicos y físicos. Tal es el caso de un gran número de estudiantes que, según un artículo del diario La República sufren de acoso constantemente: “El 72% de estudiantes entrevistados sufrió acoso verbal debido a su orientación sexual, 33% sufrió acoso físico por la misma razón y 53% sufrió acoso sexual debido a su orientación sexual o por su expresión de género” (2017: 1). Por otro lado, la falta de implementación de sistemas de enseñanza sobre educación sexual que promuevan la inclusión, genera que los estudiantes se encuentren desinformados sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales existentes, por tanto, ocasiona que la discriminación prosiga y que se normalice el acoso homofóbico debido a la falta de concientización sobre este tema. Mancilla y Ponce de León opinan que “La educación sexual debe desterrar estereotipos y prejuicios que legitiman la violencia y discriminación por género, orientación sexual, identidad de género o cualquier otro motivo” (2016: 26). A pesar de que el sistema educativo deba incluir las características mencionadas por los autores, las autoridades públicas peruanas enfocadas en el sector educación manifiestan desinterés, por tanto, el sistema de educación peruano no contiene, en su mayoría, cursos sobre la diversidad sexual. En síntesis, la violencia hacia la población LGBTI se manifiesta a través de distintas formas de agresión en el trabajo y por medio de una serie de prejuicios para acceder a él. Y, también, mediante la atención sanitaria violenta y el frecuente hostigamiento escolar. Debido a estas formas de discriminación, los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI se encuentran vulnerados, y son reforzados por la inexistencia e ineficiencia de medidas legales. Por este motivo, es esencial que el Estado se enfoque en ayudar, a través de disposiciones legales, a las minorías; en este caso, a la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Respecto al ámbito educativo, es vital que se implementen cursos desde el nivel primario que aborden temas de inclusión y diversidad sexual. Además, es necesario que las autoridades públicas impulsen la creación de espacios de diálogo y capacitaciones continuas con los profesionales de salud, serenazgos y demás

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agentes públicos para la inclusión de las personas LGBTI, con la finalidad de sensibilizarlos y lograr expresar la importancia de cumplir los derechos humanos de todas las personas. III. BIBLIOGRAFÍA

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FORNO, Manuel y HIDALGO, Alberto y OTSUKA, Liurka 2016 Informe anual sobre derechos Humanos de personas Trans, Lesbianas, gays y bisexuales en el Perú. Lima. Consulta: 26 de octubre de 2018. http://promsex.org/wp-content/uploads/2016/07/InformeTLGB2015al2016.pdf

LA REPÚBLICA 2017 “Bullying y homofobia en las aulas”. La República. Lima, 1 de abril. Consulta: 25 de noviembre de 2018. 8

https://larepublica.pe/domingo/1027955-bullying-y-homofobia-en-las-aulas

LEYTON, Fernando 2018

“Gahela, una mujer trans a quien el Estado niega la identidad”. La República. Lima, 11 de marzo. Consulta: 26 de octubre de 2018. https://larepublica.pe/sociedad/1209823-gahela-una-mujer-trans-a-quien-el-estadoniega-la-identidad

MANCILLA, Julio y PONCE, Dante 2016 Informe Defensorial N° 175. Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú. Lima. Consulta: 26 de octubre de 2018. http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3821.pdf

ROMERO, Giovanny 2014 Informe anual. Situación de las personas y comunidades LTGB. Lima. Consulta: de 26 de octubre de 2018. http://derechoshumanos.pe/informe2014_15/Comunidad_LGTB_2014_15.pdf UNESCO 2015 Informe. El bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos. Santiago. Consulta: de 25 de noviembre de 2018. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002448/244841S.pdf

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