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Avances y retos en educación inclusiva UNIDAD 2. LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Unidad 2. Legislación y políticas sociales sobre necesidades educativas especiales

ÍNDICE 1.

Introducción ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2. Ley internacional de los derechos humanos, y su integración en la legislación española ................................................................................................................... 4 2.1.

Legislación española y políticas educativas .................................................. 5

2.1.1. Comunidad Autónoma de Andalucía ......................................................... 6 2.1.2. Comunidad Autónoma de Aragón ............................................................. 6 2.1.3. Comunidad Autónoma de Cataluña .......................................................... 7 3.

Organización del acceso a la Educación especial ................................................. 7 3.1.

Relación entre educación general y educación especial ................................ 8

4. Aportación de los organismos internacionales al desarrollo de los procesos de inclusión ................................................................................................................... 9 4.1.

Organización de las Naciones Unidas ........................................................... 9

4.2.

UNICEF ...................................................................................................... 10

4.2.1. Inclusión del alumnado con capacidades diferentes, desde la calidad del aprendizaje ..................................................................................................... 11 4.3.

UNESCO .................................................................................................... 13

4.4.

Agencia Europea para las Necesidades Especiales y la Educación Inclusiva . 14

4.5. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ....................... 15 5.

Repercusión de las políticas educativas inclusivas en el desarrollo .................... 16

6. Bibliografía ...................................................................................................... 19

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Unidad 2. Legislación y políticas sociales sobre necesidades educativas especiales

1. Introducción La educación inclusiva es un sistema educativo que cuenta con todos los estudiantes, apoyándoles para que aprendan y se desarrollen en el plano individual y social, sin importar quiénes son, qué habilidades, destrezas o condiciones tienen o no tienen. Esto significa asegurarse de que la enseñanza y el plan de estudios, los centros escolares, aulas, áreas de juego, transporte etc. son apropiados para todos los niños y niñas en todos los niveles de enseñanza. La educación inclusiva significa que todos los niños aprenden juntos en las mismas escuelas y nadie debe ser excluido. Todo niño /a tiene derecho a una educación inclusiva, íntimamente conectada con los derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación. El cumplimiento del derecho a la educación lleva a la realización de otros derechos. Por lo tanto, los requerimientos de la educación inclusiva comprenden: la nodiscriminación, velar por los intereses de todos los niños y niñas, el derecho del niño a ser escuchado, protegerle frente a situaciones de violencia y/o abuso, ofrecerle la oportunidad de ser un partícipe más en la comunidad, y asegurar el acceso al cuidado de su salud y bienestar. La educación inclusiva, de esta forma, ha de promover la integración y participación de todos los niños/as en la vida pública cotidiana. Implantar un sistema educativo inclusivo conlleva transformar todo el sistema educativo: legislación y políticas, sistemas de financiación, administración, diseño, formación y monitoreo de la educación, así como la forma en que se organizan las escuelas. Los apoyos son recursos y estrategias que apuntan a promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de una persona, y que mejoran el funcionamiento individual. Un enfoque global sobre las necesidades educativas especiales y la inclusión puede proporcionar una enseñanza especializada, dirigida a satisfacer las necesidades singulares de los niños y niñas, y ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, cada país cuenta con sus propios problemas, barreras, marcos legales, políticas y prácticas, así como una historia de origen y evolución de las diferentes políticas y prácticas que rigen la educación especial en dicho país. Esta unidad se ocupa de analizar la legislación y las políticas sociales nacionales actuales en referencia a la educación especial e inclusiva, evaluando además sus repercusiones para la intervención en los centros de enseñanza. Además, se explican las aportaciones de los organismos internacionales más destacados al desarrollo de los procesos de inclusión. En este sentido, es especialmente relevante conocer: los orígenes de la educación especial en España, las diferentes acciones legislativas llevadas a cabo a lo largo de los años, la prevalencia e incidencia de varias áreas reconocidas de discapacidad, una visión general del sistema educativo español que incluye la educación para necesidades especiales, y una evaluación actual sobre las diversas prácticas de intervención y de formación del profesorado.

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2. Ley internacional de los derechos humanos, y su integración en la legislación española Comenzamos revisando el marco legal desde un sentido amplio. Desde la era democrática, España ha mostrado ser un país comprometido en el área educativa, con una amplia gama de tratados internacionales, firmando y ratificando la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) , así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, abordando cambios importantes en su sistema legal, y diferentes prácticas para alinearlos con los Convenios y sus protocolos facultativos. La influencia en la política educativa española de la CDN ha ido paralela a diferentes iniciativas que han supuesto la adopción de un conjunto de estrategias y tratados internacionales, dada la necesidad de protección adicional de los niños con discapacidades. La Ley Orgánica para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación del año 2013 (LOMCE) se acordó con el objetivo de brindar una educación de calidad, integradora e inclusiva, que garantizase la igualdad de oportunidades, y mejorase el desarrollo de las capacidades de todos los estudiantes. En la línea con los objetivos del II Plan Estratégico Nacional sobre Infancia y Adolescencia (periodo de 2013 a 2016), también se realizaron esfuerzos para prevenir el fracaso, el absentismo y el abandono escolar. Los cambios legales abordados han partido del propósito general de hacer que el español sea un sistema educativo más flexible, facilitar el acceso y la permanencia de todos los estudiantes, sin importar sus circunstancias y necesidades (especiales, sociales, culturales, etc.). Otros aspectos importantes de la LOMCE y el Plan Estratégico sobre Infancia y Adolescencia, para responder a los principios de la CDN y su protocolo facultativo, están relacionados con el acceso, la permanencia y el logro académico de todos los estudiantes, la adopción y entrega de becas y ayudas a todos/as (especialmente aquellos/as en exclusión o en riesgo de exclusión social), y la necesidad de considerar la diversidad de los niños/as, por ejemplo, niños migrantes, con discapacidades, provenientes de minorías étnicas etc.

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Dada la importancia y atención educativa que requieren los niños y niñas con alguna discapacidad, los cambios adoptados en política social a lo largo de los últimos años han sido significativos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en el año 2006 como el primer tratado internacional del siglo XXI, y el más rápidamente negociado en la historia. En cuanto a la educación, lo más destacado es el artículo 24, que estipula que los signatarios deben garantizar que los estudiantes con discapacidades no sean excluidos del sistema de educación general, y deben recibir el apoyo requerido dentro de dicho sistema para facilitar su educación efectiva. España firmó la Convención el 30 de marzo de 2007, y lo ratificó el 3 de diciembre del mismo año. La Convención trajo importantes consecuencias para la política educativa en España, y posibilitó el desarrollo y la modificación de leyes importantes sobre la educación de estudiantes con discapacidades de cualquier tipología.

2.1 Legislación española y políticas educativas En España la legislación sobre educación a nivel estatal tiene como eje central la normalización e inclusión de todos los estudiantes, sin importar sus dificultades, incluidos aquellos con algún tipo de discapacidad. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, con la aprobación del Texto Consolidado de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, incluye en su artículo número 16 el derecho a la educación. En este sentido, la educación inclusiva es parte de la atención integral a las personas con discapacidad, centrándose en la diversidad de las necesidades educativas especiales, a través de la regulación de apoyos y adaptaciones. El derecho a la educación enfatiza el derecho a la enseñanza inclusiva gratuita y de calidad para estudiantes con necesidades educativas especiales, junto con sus compañeros/as sin discapacidades, así como la importancia de una evaluación integral de las necesidades educativas del alumnado, coordinado por los consejeros y orientadores escolares. Con respecto a la provisión de apoyos y adaptaciones, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social establece que las administraciones educativas deben: -

Proporcionar las medidas necesarias para que todos los alumnos/as alcancen su máximo desarrollo posible Facilitar los recursos necesarios para ello Establecer los procesos y recursos necesarios para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo Asegurar la participación de las familias en los procedimientos de toma de decisiones relacionados con la educación

La Ley establece que la escolarización en escuelas especiales sólo será una opción cuando las necesidades de los estudiantes no puedan abordarse dentro de contextos de educación general, con los apoyos y medidas provistos en el proceso de atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales.

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En España hay un total de 17 comunidades autónomas, y la competencia educativa está descentralizada, por lo que podemos hablar de 17 sistemas educativos diferentes en nuestro país. Esto ha dado lugar a importantes diferencias en el desarrollo de las leyes regionales, decretos y órdenes que han ido regulando a lo largo de los últimos años la educación inclusiva de estudiantes con necesidades especiales. Cabe destacar 3 legislaciones regionales importantes, en el sentido de estar más avanzadas en el concepto de la inclusión, la educación como un derecho, y la adopción de un enfoque socioecológico para comprender las necesidades de los alumnos y alumnas con capacidades diferentes.

2.1.1 Comunidad Autónoma de Andalucía En primer lugar, la Comunidad Autónoma de Andalucía (8.427.000 habitantes, con fecha de 2019) implantó en el año 2017 la Dirección General de Participación e Igualdad, actualizando el protocolo de detección, identificación de estudiantes con necesidades específicas, el apoyo educativo requerido, y la organización de la respuesta educativa. Este protocolo define indicadores que todos los miembros de la comunidad escolar (equipo directivo, profesorado, orientadores y familias) deben tener en cuenta para detectar desde las primeras etapas de desarrollo las necesidades de los estudiantes con diferentes dificultades, para que la provisión de apoyos pueda comenzar lo antes posible. El protocolo de Andalucía especifica las diferentes etapas críticas para realizar la evaluación, así como las diferentes herramientas y procedimientos para recopilar información y llevar a cabo una intervención, tomando en consideración las diferentes claves de desarrollo de los niños/as, y los diferentes contextos de su crecimiento, asumiendo de esta manera un enfoque socio-ecológico para abordar las necesidades de los estudiantes, y mejorar sus oportunidades de acceso y permanencia en la escuela convencional. Además, este protocolo hace posible recopilar y analizar datos, y su tratamiento posterior, para la toma de decisiones sobre cómo mejorar los procedimientos educativos para la inclusión de estudiantes con dificultades de cualquier tipo. Por otro lado, toda la información recabada se resume y clasifica en diferentes anexos para facilitar la toma de decisiones de todos los agentes educativos implicados.

2.1.2 Comunidad Autónoma de Aragón La segunda Comunidad Autónoma que cuenta con una importante normativa para mejorar la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales es Aragón (1.321.000 habitantes, con fecha 2019). En este caso, es necesario destacar: En primer lugar, el Decreto 135/2014 del 29 de julio, que reguló las condiciones para la escuela, el éxito académico y excelencia de todos los estudiantes de la Comunidad Autónoma bajo un enfoque inclusivo. Y en segundo lugar, la Orden del 28 de enero de 2015, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, que reguló las comisiones de seguimiento de las condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todos los

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estudiantes, bajo un enfoque inclusivo. Se forman comisiones de seguimiento y asesoramiento para mejorar el proceso de educación inclusiva, en el que las familias tienen un papel activo en la educación formal de sus hijos e hijas. Reuniendo estas dos normativas, encontramos medidas especialmente productivas de evaluación e intervención, así como el fomento de la participación de todos los miembros de la comunidad escolar (especialmente las familias) en la atención a las necesidades educativas especiales y la inclusión.

2.1.3 Comunidad Autónoma de Cataluña Finalmente, Cataluña es la tercera Comunidad Autónoma que destaca con respecto a su legislación educativa. Cataluña (7.566.000 habitantes con fecha 2019) desarrolló el Decreto 150/2017, del 17 de octubre, de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales en el marco de un sistema educativo inclusivo. Este decreto también asume un aspecto socio-ecológico: su enfoque se centra en las necesidades de apoyo de los estudiantes con dificultades de cualquier tipo, y regula todas las etapas de enseñanza (desde etapa infantil), haciendo hincapié en la transformación de las escuelas especiales hacia centros de servicios y recursos para las escuelas generales, creando así una red de apoyo para la educación inclusiva. Estas son los casos más notables de normativa a nivel regional en España en materia de inclusión y atención a las necesidades educativas especiales. Nos sirven de ejemplo de normativas existentes que asumen enfoques, como el paradigma de soporte, o la calidad de vida, como elementos importantes para mejorar la educación inclusiva. A nivel nacional (estatal), han tenido lugar diferentes iniciativas para aunar el planteamiento, legislación y políticas sociales de la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidades diferentes, pero la descentralización del país con respecto a la educación hace que cada Comunidad Autónoma acabe desarrollando sus propios planes y regulaciones para lograr la educación inclusiva a través del instrumento de atención a la diversidad.

3. Organización del acceso a la Educación especial Tal y como hemos apuntado en la sección anterior, en España la evaluación y provisión de apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales se rige por políticas que establecen el procedimiento de atención a la diversidad, un proceso mediante el cual se identifican las necesidades del alumno/a y se proporcionan las respuestas apropiadas, acordes con el cumplimiento del derecho a la educación inclusiva. Este proceso contiene una serie de fases interdependientes que varían según las necesidades de cada alumno/a. Después de una identificación inicial de signos de alerta en el niño/a (por ejemplo, que su desarrollo no sea el esperado en relación con sus iguales, o su progreso académico sea significativamente diferente), hay una disposición general de medidas de atención a la diversidad.

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Cuando dichas medidas no son suficientes para abordar las necesidades de los estudiantes (hay evidencia de que la situación se mantiene, o empeora), se lleva a cabo una evaluación psicopedagógica para identificar la naturaleza de la necesidad específica de apoyo educativo del estudiante, conducente a proporcionar medidas relacionadas con las necesidades detectadas. La evaluación psicopedagógica es un paso muy importante dentro del proceso de atención a la diversidad, ya que esta vía es crítica para detectar la necesidad específica del alumno/a en el proceso de apoyo educativo. Bajo el término general de necesidad específica de apoyo educativo, existen diferentes posibilidades de detección y análisis: estudiantes con altas capacidades, estudiantes con dificultades de aprendizaje, o estudiantes con necesidades educativas especiales. En nuestro país, las necesidades educativas especiales están asociadas con la presencia de condiciones específicas relacionadas con el funcionamiento individual. Por lo tanto, con respecto al diagnóstico de las necesidades educativas especiales, la evaluación psicopedagógica funciona como un instrumento para tomar una decisión sobre la forma más apropiada de escolarización del alumnado (educación general, combinada, o educación especial).

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/ninos-sindrome-down-jugando-bloquescolores_7088478.htm#page=1&query=ni%C3%B1os%20discapacidad&position=22

3.1 Relación entre educación general y educación especial Como se mencionó anteriormente, la educación en España sigue los principios de normalización e inclusión, siendo la educación especial una alternativa “final” cuando los apoyos requeridos por los estudiantes con necesidades educativas especiales sean extraordinarios, y no haya posibilidad de proporcionar el soporte requerido por estos estudiantes dentro de la educación general. Los informes de escolarización deben ser revisados cuando el alumno/a con necesidades educativas especiales cambia de etapa educativa (de infantil a primaria, de primaria a secundaria etc.), o si se dan cambios significativos en el desarrollo o necesidades del alumno/a. Analizando la legislación vigente sobre el derecho a elegir entre escuelas ordinarias o especiales en España, los progenitores/tutores/cuidadores de los alumnos con alguna 8

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discapacidad son informados del proceso de atención a la diversidad, especialmente con respecto a las conclusiones de la evaluación psicopedagógica y el informe escolar, así como sobre las diferentes medidas que se adoptarán para abordar las necesidades del niño/a. En la actualidad, exis...