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PREGUNTAS TIPO TEST. ASIGNATURA DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. GRUPO 361. CURSO 2017-2018.  BLOQUE I y II (FORMAS DE ACTUACIÓN Y DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRTIVO). 1) De acuerdo con la Constitución española y con el Derecho de la Unión europea la “iniciativa económica empresarial” de los particulares: a) Está sometida a un régimen equiparable a la iniciativa económica pública, en tano que se aplican en principio las reglas de la competencia y del mercado. b) No está sometida a un régimen equiparable a la iniciativa económica pública, por cuanto la Administración sirve al interés general y esto implica en todo caso modulaciones de las reglas de la competencia. c) Puede ser ejercida libremente a diferencia de la iniciativa económica pública que ser declarada previamente por ley, del Estado o de las Comunidades Autónomas, en función del reparto competencial. d) Se ejerce al amparo del art. 38 CE (derecho fundamental a la libertad de empresa), al igual que la iniciativa económica de las Administraciones públicas.

2) Conforme al Derecho de la Unión europea:

a) Cabe que los Estados miembros establezcan excepciones a las normas que garantizan la libre competencia en los sectores económicos considerados como servicios económicos de interés general. b) Corresponde a los Estados miembros decidir discrecional y libremente, conforme a lo previsto en sus sistemas constitucionales internos, que actividades pueden ser prestadas en régimen de libre competencia y cuáles no. c) No es posible que los Estados declaren ciertas actividades como servicios económicos de interés general y que ello comporte en algunos casos una excepción de las normas de la competencia.

3) El Derecho nacional de Defensa de la Competencia: a) Nunca puede se aplicado en concurrencia con el Derecho europeo de la competencia. b) Nunca puede ser aplicado por organismos creados por las Comunidades Autónomas. c) Nunca puede ser aplicado dos veces a los mismos hechos considerados como infracción administrativa. 4) Las decisiones sancionadoras dictadas en aplicación del Derecho europeo de Defensa de la competencia: a) Se adoptan por la Comisión y por las autoridades nacionales de defensa de la competencia cuyas decisiones son objeto de control por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

b) Se adoptan por la Comisión europea exclusivamente, cuyas decisiones son objeto de control por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. c) Se adoptan por la Comisión europea y, llegado el caso, por los tribunales nacionales de cada Estado miembro. d) Cuando se adoptan por las Autoridades Nacionales las deciciones son objeto de control por los tribunales nacionales. 5) El derecho europeo de la competencia: a) Se aplica y ejecuta siempre por la Comisión europea. b) Se aplica siempre que afecta al intercambio comercial entre más de tres Estados miembros. c) Puede ser aplicado y ejecutado por las Autoridades Nacionales de la Competencia conforme al principio de “autoridad mejor situada”.

6) De acuerdo con la Constitución española y con el Derecho de la Unión europea la iniciativa económica empresarial de las Administraciones públicas: e) Está sometida a un régimen equiparable a la iniciativa económica privada, por cuanto se aplican en todo caso las reglas de la competencia y del mercado. f) No está sometida a un régimen equiparable a la iniciativa económica privada, por cuanto la Administración sirve al interés general y esto implica siempre modulaciones de las reglas de la competencia. g) Debe ser declarada previamente por ley, del Estado o de las Comunidades Autónomas, en función del reparto competencial. h) Debe ser declarada previamente por una norma adoptada por cualquiera de las Administraciones públicas territoriales, en función del reparto competencial.

7) Las normas reguladoras del Derecho de la Competencia son aplicables a cualquier actividad económica de las Administraciones públicas españolas: a) Siempre salvo que se trate de Administraciones locales b) Siempre salvo que se trate de sociedades mercantiles de capital íntegramente público c) Siempre, salvo que la ley autorice su excepción para salvaguardar un bien jurídico-constitucional. d) Siempre, salvo que en virtud de una ley o reglamento se autorice su excepción por razones de interés general. 8) El respeto a la “unidad de mercado” exige: a) Que solo el Estado pueda establecer obstáculos a la libre circulación de mercancías siempre que resulten proporcionados. b) Que solo el Estado y las Comunidades Autónomas pueden establecer obstáculos a la libre circulación de mercancías, siempre que resulten proporcionados.

c) Que cabe el establecimiento de obstáculos a la libre circulación de mercancías por parte del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Gobiernos locales siempre que resulten proporcionados. d) Que no cabe la imposición de obstáculos de ningún tipo a la libre circulación de mercancías 9) La Directiva 126/2006, de servicios, y la legislación que la ha transpuesto, permite implantar un control administrativo previo sobre el acceso al ejercicio de las actividades de servicios: a) Como regla general. b) Siempre que sea necesario por imponerlo el principio de concurrencia competitiva. y siempre que no sea posible satisfacerlo utilizando medios menos restrictivos que no resulten discriminatorios. c) Sólo si es necesario por concurrir razones imperiosas de interés general y siempre que no sea posible satisfacerlas utilizando medios menos restrictivos que no resulten discriminatorios. d) Todas las anteriores son falsas

10) El Derecho de la competencia es directamente aplicado por los siguientes órganos: a. A nivel administrativo por la Comisión europea y por la Comisión Nacional de la Competencia. b. A nivel administrativo por la Comisión europea, por la Comisión Nacional de la Competencia y por las autoridades que hayan designado las Comunidades Autónomas. c. Exclusivamente por los tribunales nacionales y sólo si afecta a los intercambios entre Estados miembros por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. d. Por la Comisión Nacional de la Competencia y por sólo si afecta a los intercambios entre Estados miembros por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

11) Conforme al Derecho de la Unión europea en los sectores económicos considerados como “servicios económicos de interés general”: a) Cabe que los Estados miembros establezcan excepciones a las normas que garantizan la libre competencia si resulta indispensable b) Corresponde a los Estados miembros y no a las instituciones de la Unión Europea decidir discrecional y libremente, cuáles son. c) Se aplican, en todo caso, las normas de la competencia. d) Se identifican con los tradicionales servicios públicos que se ejercen en exclusiva por las Administraciones públicas.

ACTO Y PROCEDIMIENTO 12) La impugnación de la inactividad material de la Administración ha sido admitida en nuestro ordenamiento jurídico: a) Desde la entrada en vigor de la Constitución española, pues el art. 24 CE ha posibilitado que la tutela judicial sea plena y efectiva. b) Desde la entrada en vigor de la LJCA de 1956. c) Desde la entrada en vigor de la LJCA de 1998 d) Desde la entrada en vigor de la LJCA de 1894 13) Los actos administrativos: a) En algunos casos requieren de la aceptación del particular destinatario del mismo para surtir efectos. b) En algunos casos requieren de la aceptación del particular destinatario del mismo para tener validez c) En todos los casos han de ser publicados, aunque sea posteriormente, para surtir efectos. d) En todos los casos requieren de la aceptación del particular destinatario para producir efectos solo frente a terceros.

14) La actuación material de la Administración pública que afecta a derechos de terceros y carece de cobertura jurídica previa y formalizada puede ser impugnada como si se tratara de: a. b. c. d.

Un acto administrativo expreso. Una inactividad material de la Administración Una vía de hecho Todas las anteriores son falsas.

15) Después de haberse producido un acto administrativo presunto con efecto desestimatorio: a) no cabe recurso administrativo de ningún tipo, toda vez que la vía de impugnación administrativa sólo es posible frente a los actos expresos. b) no cabe una resolución tardía posterior con efecto desestimatorio. c) no cabe una resolución tardía posterior en ningún sentido. d) cabe una resolución tardía posterior con efecto estimatorio. 16) El procedimiento administrativo puede ser iniciado:

a) de oficio o a solicitud de persona interesada. b) de oficio, por demanda, o a solicitud de persona interesada. c) de oficio en todos los casos, porque es un procedimiento oficial. d) de oficio o por mandato de órgano superior. 17) Si se produce un acto administrativo presunto por el que se reconoce un derecho a un particular que carece de los requisitos exigidos para adquirirlo conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico: a) Si es un acto firme la Administración ha de respetarlo porque no puede ir contra sus propios actos. b) La Administración podrá anularlo por la vía de revisión de oficio. c) La Administración no podrá anularlo porque es un acto declarativo de derechos producido por silencio administrativo. d) Como no se ha dictado resolución expresa la Administración podrá dictar un acto administrativo con posterioridad en el sentido que considere conveniente.

18) La revisión de oficio de los actos favorables anulables requiere: a) Que el acto infrinja el ordenamiento jurídico por vicios de forma. b) Que haya una previa declaración lesividad y su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa en un plazo de seis meses desde dicha declaración. c) Que, entre otros trámites, se adopte una declaración de lesividad en un plazo de 4 años desde que se dictó el acto. d) Que, entre otros trámites, se emita informe favorable del Consejo de Estado.

19) La adopción de un acto administrativo fuera de plazo: a) Implica la anulabilidad del acto cuando lo imponga la naturaleza del plazo. b) Es una irregularidad no invalidante. c) Puede ser un vicio que dé lugar a la nulidad de pleno derecho del acto administrativo. d) Es un vicio que no puede ser subsanado por convalidación. 20) Las multas coercitivas: a) Se pueden imponer sólo cuando una ley específicamente las establezca. b) Se pueden imponer sólo en los procedimientos sancionadores. c) Se pueden imponer sólo con respecto a los actos personalísimos en los que no proceda compulsión directa sobre la persona del obligado. d) Se pueden imponer sólo en actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

21) Tras el procedimiento administrativo correspondiente, El Director General de Tráfico impone una sanción de 350 euros por exceso de velocidad a Don J.R.F. el día 10 de julio de

2015, que le resulta notificada el 13 de julio. El día justo después D. JR.F. interpone recurso administrativo contra el misma. A día de hoy, la Administración no ha resuelto todavía el recurso pero ha dictado una vía de apremio contra D. J. R. F: a) Que resulta ilegal porque las vías de apremio no pueden adoptarse contra este tipo de actos. b) Que resulta legal aunque la resolución no sea todavía ejecutiva. c) Que resulta ilegal porque agosto es un mes inhábil para el cómputo de plazo de los recursos administrativos. d) Que resulta legal porque el acto ya es firme. 22) El acto administrativo dictado sin seguir el criterio barajado en actuaciones similares que sirven de precedente al órgano que resuelve: a) Es un acto anulable por infracción sustantiva o material del ordenamiento jurídico. b) Es un acto anulable porque infringe en todo caso el principio de igualdad. c) Es un acto que en todo caso ha de motivarse. d) Por incurrir en un vicio de procedimiento es un acto anulable si además se produce indefensión. 23) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente: a) Nunca son subsanables. b) Son subsanables si los ha dictado un órgano incompetente por razón de la materia. c) Son anulables si producen indefensión. d) Son nulos de pleno derecho si los ha dictado un órgano incompetente por razón del territorio. 24) La adopción de un acto de la Administración de contenido discrecional: a) Puede ser anulada en vía administrativa y judicial teniendo en cuenta otros criterios de oportunidad distintos a los que sirvieron de base a la decisión administrativa. b) Ha de ser motivada o no, dependiendo de lo que disponga a estos efectos la norma que atribuye un margen de decisión a la Administración. c) No puede ser sustituida por el juez en el control que éste ejerce. d) Se produce en todos aquellos casos en los que se subsume el supuesto de hecho en el supuesto normativo previsto en la norma.

25) La omisión del trámite de audiencia: a. Es un vicio normalmente no invalidante de los actos administrativos. b. Es un vicio que da lugar siempre a la nulidad de pleno derecho si se trata de un acto administrativo sancionador. c. Es un vicio que nunca da lugar a la nulidad de pleno derecho salvo que haya indefensión material o efectiva.

d. Es un vicio que no puede ser subsanado en vía de recurso administrativo o contencioso-administrativo.

26) a posibilidad de que un procedimiento administrativo finalice mediante “acuerdo, pacto o convenio” entre Administración e interesados: a. Está prevista en la legislación general administrativa a efectos de convertir esa finalización en un contrato b. No puede emplearse en sustitución de resoluciones expresas que pongan fin a procedimientos sancionadores c. No puede emplearse en sustitución de acuerdos previos, sino solo de aquellos que finalizan el procedimiento administrativo. d. Está prevista para cualquier tipo de materia susceptible de transacción que satisfaga un interés público 27) Producido un acto presunto en un procedimiento iniciado a instancia de parte: a. El particular puede impugnarlo ante los tribunales competentes en cualquier momento si se trata de un silencio negativo. b. La Administración no puede dictar nunca una resolución tardía posterior desconociendo el sentido del silencio. c. La Administración no puede revisarlo en vía administrativa aunque sea ilegal. d. El particular puede impugnarlo ante los tribunales competentes en cualquier momento cualquiera que fuera el sentido del silencio. 28) Ponen fin a la vía administrativa: a. Las resoluciones de los recursos de reposición pero no las de alzada. b. Las resoluciones de los órganos administrativos del Estado, con independencia de que dichos órganos tengan o no superior jerárquico. c. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial procedentes de relaciones jurídico-públicas y no jurídico-privadas. d. Los pactos entre particulares y Administración cuando sustituyen una resolución expresa con independencia del órgano administrativo que los acuerde. 29) La realización de notificaciones electrónicas conforme a lo previsto en la nueva ley de procedimiento administrativo: a. Puede imponerse por vía reglamentaria a otras personas distintas a las obligadas en la ley, siempre que se acredite que disponen de medios para ello. b. Es siempre facultativa aunque se realiza en la práctica de forma preferente. c. Está regulada como obligatoria para las personas jurídicas, y facultativa para las físicas. d. Se identifica con el envío de un correo electrónico a la dirección que el destinatario haya proporcionado a la Administración. 30) La validez de los actos administrativos:

a. No puede ser destruida por la Administración autora del acto. b. Requiere que el acto resulte comunicado al particular destinatario del mismo. c. Depende no sólo de su contenido sino de su correcta tramitación, aunque no todo defecto de forma resulta invalidante. d. Depende siempre de la existencia de motivación en el acto, aunque no haya de ser exhaustiva en todos los casos. 31) La caducidad del procedimiento sancionador produce el siguiente efecto: a. Impide la prescripción de la sanción como regla general. b. Impide la incoación de un nuevo procedimiento salvo que la infracción no haya prescrito. c. Interrumpe el cómputo del plazo de prescripción de la infracción. d. Todas las anteriores son afirmaciones falsas. 32) Los actos administrativos nulos de pleno derecho: a) Sólo pueden ser anulados por los tribunales mediante la interposición de un recurso por los particulares afectados. b) Sólo pueden ser anulados por los tribunales previa declaración de lesividad por la Administración c) Cuando son anulados con intervención de la Administración autora del acto, han de serlo en un plazo de 4 años. d) Cuando son anulados con intervención de la Administración autora se requiere un dictamen favorable del Consejo de Estado.

33) Los actos administrativos expresos tienen un régimen jurídico diferenciado de las normas jurídicas: a) Pero idéntico en lo relativo a su invalidez, dado que actos y normas exclusivamente pueden ser nulos de pleno derecho. b) Pero idéntico en lo relativo a su impugnación en vía administrativa. c) Pero idéntico en lo relativo a su eficacia y comunicación a los interesados. d) Pero idéntico en lo relativo a los plazos de impugnación en vía contenciosoadministrativa. 34) El procedimiento de revisión de oficio de los actos favorables nulos de pleno derecho requiere: a) Que el procedimiento sea instado de oficio. b) Que se proceda al final del procedimiento administrativo a a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. c) Que, entre otros trámites, se adopte una declaración de lesividad en un plazo de cuatro años desde que se dictó el acto.

d) Que, entre otros trámites, se emita un dictamen por el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 35). El incumplimiento por parte de un órgano de la Administración de la obligación de resolver surte efectos en la medida que: a) Puede dar lugar a una inactividad formal o a una inactividad material. b) Se trate siempre de procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte. c) Se entiende producido un acto por el transcurso del plazo máximo de seis meses salvo que la ley establezca uno mayor. d) Se entiende producido un acto por el transcurso del plazo máximo de tres meses salvo que la ley establezca uno mayor con el límite de seis meses.

35) El plazo para efectuar reclamación responsabilidad patrimonial ante la Administración: a. Será, en todo caso, de dos años desde que se produjo el hecho lesivo. b. Será de un año desde que se dictó sentencia anulando el acto administrativo, cuando éste haya sido causante del daño. c. Será de un año, sin que pueda esperarse a la determinación del alcance de las secuelas. d. Será de año solo cuando se trata de reclamar ante una Administración territorial....