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Tema 7. La distribución equitativa de la renta y la riqueza

1.1.

Principales criterios distributivos

Para analizar los principales criterios distributivos, considérese como punto de partida una sociedad integrada por dos sujetos, así como la línea frontera máxima de utilidad, que refleja la máxima utilidad que puede obtener uno de los sujetos en un mercado perfecto. A la vista de esta figura, el mercado permitirá alcanzar cualquier punto dentro de la línea de frontera máxima de utilidad. En principio, la distribución del bienestar en una sociedad dependerá de cual sea la distribución inicial de la renta y la riqueza. A diferencia de lo que sucede con el objetivo de la asignación optima de los recursos, que entraña juicos de valor mínimos, aceptados ampliamente por el grueso de la sociedad, el problema de la distribución no suscita juicios de valor consensuados con generalidad. Esta circunstancia impone la tarea preliminar de buscar un criterio que permita saber cuál de entre todas las posibles distribuciones del bienestar es la preferida. Entre los criterios que pueden utilizarse con tal finalidad, los más conocidos se puede agrupar en tres bloques: 1. El criterio estricto de mercado 2. Criterios del mínimo vital 3. Criterios basados en la función de bienestar social

1.1.1. Criterio estricto de mercado Identifica como mejor distribución del bienestar la determinada por el mercado. Esta posición estaría exenta de problema, por cuanto solo habría que evitar las rigideces del mercado y dotar de flexibilidad a la economía. La distribución de la renta derivada del mercado dependerá de dos elementos bien definidos: a) La dotación de factores productivos de los individuos, fundamentalmente de los factores trabajo y capital. Respecto al trabajo, la renta por él obtenida estará en función de la capacidad que posea el trabajador, tanto como de su deseo de trabajar. Y en cuanto al capital, dependerá de los ingresos que el sujeto haya recibido por la vía de la herencia o del matrimonio, así como del ahorro que haya realizado a lo largo de su vida activa. b) El precio que el mercado asigne a esos factores, que será fruto tanto de su productividad como de las condiciones de funcionamiento del mercado

1.1.2. Criterios del mínimo vital Un segundo grupo de criterios distributivos es el que acepta el resultado obtenido en el mercado, si bien bajo condiciones específicas que difieren según se opte por una de dos variantes: a) El criterio del mínimo vital, de tal forma que se acepta la distribución de la renta determinada por el mercado, siempre que se garantice que todos los miembros de la sociedad obtendrán una renta que les permitirá cubrir sus necesidades mínimas.

b) El criterio del mínimo vital, pero aceptando solo la distribución de la renta del trabajo determinada por el mercado. Este criterio no se aplicaría, por tanto, a las rentas del capital, que serían objeto de retribución.

1.1.3. Criterios basados en la función de bienestar social Adicionalmente, y en vista de que la distribución obtenida por el mercado no es siempre satisfactoria, se ha tratado de definir un tercer grupo de criterio distributivos. Esta función, que se articula en torno al supuesto de que el bienestar social depende de la utilidad de cada uno de los sujetos que componen la sociedad, puede expresarse para una sociedad formada por n individuos. En paralelo, la literatura económica disponible se ha preocupado de formular distintas hipótesis respecto a esa función de bienestar social, con el fin de dotarla de mayor operatividad. Formulaciones diversas que proporcionan a dicha función de utilidad una forma distinta según cuales sean las hipótesis que se consideren. Estas hipótesis se han clasificado en tres grupos:   

Criterio de la igualdad de la renta Criterios de Harsanyi y Rawls (criterio maximin) Criterio de eficiencia paretiana

Criterio de igualdad de la renta Atribuido a los pensadores neoclásicos, el criterio de la igualdad de la renta se articula en torno a cuatro supuestos simplificadores. a) La utilidad de bienestar social se supone una función aditiva, es decir, el bienestar de la sociedad equivale a la suma de las utilidades individuales b) La utilidad de cada sujeto depende de su renta y las funciones de utilidad de todos los sujetos son iguales, de mono que los que diferencia a un individuo de otro es su nivel de renta. La función que expresa la relación entre la utilidad personal del sujeto y la renta de que disfruta es la misma en todos los individuos. c) La utilidad marginal de la renta para cada sujeto es decreciente d) La cantidad de renta disponible es fija Esas cuatro hipótesis, unidas a la suposición relativa a la propia existencia de la función de bienestar social, han constituido los pilares sobre los que se ha construido este criterio distributivo de igualdad de la renta. Partiendo de una situación inicial en la que la sociedad se halla integrada por dos individuos cabria plantearse si es posible aumentar la utilidad o el bienestar de la sociedad modificando la distribución de la renta. Sobre la base las premisas previamente enunciadas, los autores neoclásicos ofrecen una respuesta afirmativa, aunque condicionada a la existencia de una tendencia hacia una igualación de la renta de los individuos. Las críticas que se han vertido sobre él se han centrado en sus hipótesis de partida. Ante todo, se ha aducido que no todos los individuos tienen la misma función de utilidad. Además, a diferencia de la del consumo, la utilidad marginal de la renta no tiene por qué ser decreciente, y si fuese constante, las conclusiones que se alcanzarían serian completamente distintas. Por otra parte, bajo el criterio analizado se da por supuesto que el nivel de renta en la sociedad es fijo cuando se lleva a cabo un proceso de redistribución de la renta entre los individuos, ese

nivel se mantiene constante. En él no se tiene en cuenta que el instrumento que utilice el Sector Público para llevar a efecto la política redistributiva podría alterar las pautas de comportamiento de los sujetos y con ello la renta total. Criterios de Harsanyi y Rawls El segundo grupo de hipótesis referentes a la función de bienestar social ofrece versiones menos radicales que la anterior. Ahora solo se admite la hipótesis aditiva, sin embargo, también se supone que el aumento de utilidad en los distintos sujetos puede repercutir de forma diferente en el aumento del bienestar social. Suposición que lleva, pues, a la reformulación de la primera hipótesis, en el sentido de que la función de bienestar social continúa siendo una función aditiva de las utilidades individuales, pero, al mismo, tiempo, pasa a ponderarse de acuerdo con el peso que la utilidad de cada sujeto tenga en el bienestar de la sociedad. Cualquier mejora en el bienestar de unos de los sujetos estaría permitida socialmente siempre que fuese mayor que la perdida de utilidad experimentada por el otro sujeto. De hecho, podría aceptarse una pérdida de utilidad por parte de un sujeto pobre siempre que el rico experimentase un incremento en su utilidad relativamente mayor. En suma, en este criterio, lo que realmente importaría seria el nivel final de utilidad, no la desigualdad. La intervención pública debería contribuir al logro del máximo nivel final de utilidad. El principal problema al que se enfrenta tal solución es que la utilidad no es mesurable. Rawls propone un criterio distributivo encaminado al lograr no una distribución igualitaria de la renta, sino más bien una mejora en la posición de los sujetos menos favorecidos. Tal es la razón por la que este objetivo social se le conoce como criterio máximum. Este autor supone que el bienestar social solo depende de la utilidad de las personas menos favorecidas, de manera que, al ordenarse los sujetos que integran la sociedad de acuerdo con sus rentas en sentido decreciente, los coeficientes de ponderación del sujeto 1 al n-1 son iguales entre si e iguales a cero, mientras que, como caso extremo, el del sujeto más pobre equivale a la unidad. En consecuencia, bajo este criterio la equidistribución de la renta sería deseable a no ser que la desigualdad supusiera un aumento del bienestar de los menos favorecidos y, por añadidura, la intervención del Sector Público con propósitos redistributivos debería ir encaminada a tratar de maximizar el bienestar de estos últimos. Por lo demás, a quienes pudiesen criticar la consistencia del razonamiento anterior, sobre la base de las dudas que pudiera suscitar le hecho de que la sociedad llegase a realmente a establecer una prioridad de utilidades tal que concediera todo el peso al menos favorecido, Rawls responde que en origen los individuos desconocen cuál será su posición económica futura en la sociedad, y esa incertidumbre les llevara a decantarse por una función de maximin. Análoga a la de Rawls, otra argumentación egoísta en favor de la redistribución es la que propone “comprar” o mantener con ello la estabilidad social. Sencillamente, a los sujetos ricos puede interesarles transferir renta a los pobres, para evitar que estos, al carecer la renta necesaria para su sustento, recurran a la violencia, perjudicándolos y poniendo en peligro la paz social. Eficiencia paretiana Ninguno de los criterios de redistribución de la renta es Pareto-eficiente, por cuanto parten del supuesto de que la utilidad de los sujetos depende exclusivamente de su renta. No obstante,

también cabe pensar en la existencia de individuos con sentimiento altruistas, para los que, por tal motivo, su bienestar no solo habría de depender de su renta, sino que además podría venir determinado por el nivel de renta de los individuos más pobres. A estos individuos altruistas, la transferencia de parte de sus rentas a los sujetos más pobres podría reportarse un aumento de utilidad tal que incluso podría exceder a la perdida de bienestar que les ocasionaría la disminución de su renta. En este contexto, la maximización del bienestar exigirá que la renta se redistribuyese hasta el punto en que la ganancia de utilidad del rico por donar parte de sus rentas al pobre se igualase a la perdida por el experimentada por la reducción de su consumo. Los posibles reparos que pudieran ponerse a la solidez de este argumento podrían verse atenuados merced a la intervención del Sector Público. Por una parte, el problema que podría presentarse a los sujetos altruistas para compartir su renta con los más pobres, por desconocimiento, entre otras razones, de quienes seria pobres, podría solventarse con la canalización de las aportaciones voluntarias de los individuos por parte del Sector Público. Y, por otro lado, si bien es verdad que en realidad la sociedad se halla integrada por más de dos individuos y que, además, la desigualdad en la distribución podría concebirse como un bien público respecto al cual algunos individuos ricos podrían tratar de comportarse como usuarios gratuitos, no es menos cierto que el Sector Público podría evitar esos niveles ineficientes de redistribución, obligando a todos los sujetos a participar en ella mediante el pago de unos impuestos cuyos ingresos transferiría a los más pobres. Aun así, debe olvidarse que el altruismo no explica la mayor parte de los programas públicos redistributivos. La redistribución de la renta se sustentaría también, en gran medida, en otras razones egoístas conocidas del ser humano.

1.2.

La distribución de la renta y la riqueza en las principales corrientes de pensamiento económico

En la historia del pensamiento económico existen múltiples propuestas o enfoques redistributivos ajenos a la teoría del bienestar. Son enfoques no individualistas y no basado en la función de bienestar social, en lo que la distribución de la renta se contempla como un objetivo independiente de los gustos de los individuos. Cinco son los más relevantes; Liberalismo En el liberalismo es posible distinguir dos posiciones bien diferenciadas: una más bien extrema, basada en el criterio estricto de mercado analizado con anterioridad y denominada filosofía liberaría de derecho natural, que vendría representada por R. Nozick, y otra más moderada y próxima a los criterios del mínimo vital, conocida como liberalismo libertario empírico, cuyos principales representantes serian F. Hayeck y M. Friedman. Para Nozick, la propiedad privada, al igual que la vida humana y la libertad, es un derecho natural, por lo que la renta obtenida por los sujetos seria justa y, por lo mismo, su redistribución improcedente, siempre que o bien sea fruto del esfuerzo o trabajo personal, o bien, en el caso de que se hubiese adquirido a través de una herencia, el causante la hubiese obtenido de forma legítima. La actuación redistributiva del Sector Público estaría solo justificada en los supuestos en que no se cumpliese alguna o ninguna de esas dos condiciones, y ello solo con el propósito de reestablecer el modelo justo de posesión.

Frente a esta posición radical, Hayeck y Friedman sostienen que la intervención pública para el logro de objetivos redistributivos debería existir, pero limitada a aliviar las situaciones de extrema miseria. Colectivismo: posición marxista Línea de pensamiento opuesta a la anterior, los defensores del colectivismo consideran que el mercado no permite alcanzar una distribución justa de la renta y de la riqueza porque distribuye los recursos sin relación alguna con las necesidades sociales, motivo por el cual el Sector Público no solo debe intervenir, sino que incluso debe llevar intervención hasta el extremo de propiciar, cuando sea necesario, la sustitución de la propiedad privada por propiedad pública. Principio de igualdad en el consumo de bienes fundamentales o de equidad categórica Esta línea de pensamiento, de gran calado social, se decanta por el libre funcionamiento del mercado, pero con la garantía a cargo de la sociedad de que todos los individuos tengan igual acceso a un conjunto de bienes considerados como fundamentales. En este contexto, la distribución igualitaria de tales bienes seria, pues, un derecho de todos los individuos, análogo al derecho de voto o a las libertades ciudadanas, que el Sector Público debería favorecer con su intervención, al punto de exigir como “obligatorios” un consumo mínimo de los mismo. Principios de igualdad de oportunidades Este principio, también de gran aceptación, repara no en el resultado distributivo final sino en el proceso a través del cual se alcanza la distribución inicial de la renta. Su postulado fundamental establece que ese proceso, en su punto de partida, debe entrañar la igualdad de oportunidades, ya que si todos los individuos tienen idénticas oportunidades el resultado final será justo, cualquiera que sea la distribución final de la renta, y, por añadidura, la política redistributiva carecería de fundamento. Movilidad social De acuerdo con este precepto, de “obligado” cumplimiento en algunas organizaciones sociales, la sociedad debe permitir la movilidad de los sujetos en la escala de rentas, es decir, el acceso de las personas pertenecientes a los grupos de baja renta a los grupos de renta superior. Si en la sociedad existe movilidad social suficiente, de forma tal que la gente pueda moverse en la escala de renta hasta que el pobre pueda dejar de serlo, la redistribución dejara de ser un problema y las políticas públicas ad hoc resultaran innecesarias.

Llegados a este punto, es preciso hacer una doble reflexión. La primera, que se desprende del último principio, es que, si gracias a la movilidad social, quienes ocupan las posiciones más bajas de la escala de renta no tienen realmente por que ser siempre los mismo, los índices normalmente utilizados para medir la distribución de la renta pueden ofrecer resultados engañosos. La segunda consideración, más general que la anterior es que, cualquiera que sea el objeto distributivo que la sociedad se marque, la cuestión crucial en este tema es la de si el mercado puede o no generar una distribución de la renta y la riqueza equitativa o mayoritariamente aceptable.

1.3.

Clases e indicadores de la distribución de la renta e instrumentos para la redistribución

La distribución de la renta puede ser considerada desde diferentes perspectivas. Básicamente son cuatro los aspectos relacionados con la distribución de la renta. 1. La distribución personal, que atiende a como la renta se distribuye entre los diferentes individuos de la sociedad o, desde un punto de vista mas pragmático, entre grupos de personas. Un conocimiento adecuado de la distribución personal de la renta requiere, al menos, conocer la proporción de personas cuyas rentas están comprendidas en diferentes tramos o escalones de renta. 2. La distribución funcional de la renta, que expresa la forma en que la renta nacional se distribuye, atendiendo a la retribución obtenida por los diferentes factores de la producción. 3. La distribución sectorial de la renta, que se refiere a la forma en que la renta nacional se distribuye, atendiendo a los diferentes sectores en que cabe agrupar una economía. 4. La distribución espacial de la renta, que está asociada a la forma en que la renta nacional se localiza, por regiones o zonas, dentro de la economía nacional. La forma convencional de medir la distribución de la renta es mediante las llamadas Curvas de Lorenz. En tal línea, a cualquier porcentaje de población le corresponde el mismo porcentaje de renta. Sin embargo, la situación corriente de la distribución en cualquier país responde formante a un línea curva- el indicador normalmente utilizado para medir ese grado de desigualdad es el denominado Índice de Gini. Este índice presenta, además, la particularidad de que facilita el conocimiento de una realidad social concreta. Permite identificar, dentro del proceso de cambio registrado a lo largo del tiempo, a los responsables de la mejora o del empeoramiento en la distribución. En la actualidad, el área de desigualdad y, por ende, el Índice de Gini distan de ser nulos en cualquiera de los países de nuestro entorno geopolítico y económico. De otra parte, los instrumentos de lo que dispone el Sector Público para llevar a cabo su política de redistribución de la renta y la riqueza son, básicamente dos: el gasto público y los ingresos públicos. La redistribución por la vía del gasto puede instrumentarse o bien mediante transferencias monetarias, consistentes en la entrega de cierta suma de dinero a aquellas personas cuyo nivel de renta se pretende mejorar, o bien mediante transferencias en especial, que se concretan en la provisión de determinados bienes de mérito o subvenciones a las empresas que prestan ciertos servicios básicos. Sea cual fuere la política redistributiva adoptada, esta debe estar sometida a un control constante y exhaustivo por parte de las autoridades públicas, dado que, en caso contrario, podrá surtir efectos totalmente opuestos a los deseados, entre ellos la disminución de la recaudación, la economía sumergida, el fraude fiscal o el desincentivo al trabajo. Como colofón al tema objeto de análisis, pueden hacerse tres precisiones finales: 1. La ya referida persistencia de un margen persistente de desigualdad en la distribución de la renta tal que no solo justifica, sino que sugiere la necesidad de la intervención del Sector Público con propósitos redistributivos. 2. La existencia de indicadores o factores distintos de la renta que se hallan ausentes del análisis de su distribución y que, con seguridad, pueden generar efectos distributivos de importancia. Factores significativos de esta naturaleza son:  El patrimonio

Las plusvalías El diferimiento o alejamiento en el tiempo de la posibilidad de acceso a determinados bienes considerados como fundamentales 3. La ausencia hasta el presente de lo que podría denominarse una teoría científica de la equidistribución de la renta, al estar el análisis distributivo basado en juicios de valor de la sociedad.  ...