CASO 2 - EX Contralor - Caso en el cual se expone la realidad actual del pais podiendo como ejemplo PDF

Title CASO 2 - EX Contralor - Caso en el cual se expone la realidad actual del pais podiendo como ejemplo
Course Sistemas de Gestión Pública y Privada
Institution Universidad César Vallejo
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Summary

CASO: 2 EX CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA PERU EDGAR ALARCON debería tener los días contados como contralor de la República. Las razones para su destitución o renuncia están suficientemente fundamentadas, a diferencia de gran parte de sus conclusiones –incluyendo atribuciones de responsabilidad p...


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CASO: 2 EX CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA PERU EDGAR ALARCON debería tener los días contados como contralor de la República. Las razones para su destitución o renuncia están suficientemente fundamentadas, a diferencia de gran parte de sus conclusiones –incluyendo atribuciones de responsabilidad penal– en el caso del aeropuerto de Chinchero, donde se evidenció la indebida politización de su gestión. La fiscalía anticorrupción inició una investigación contra Alarcón por la liquidación otorgada a la ex funcionaria de la Contraloría, Marcela Mejía, quien estuvo sentimentalmente vinculada a él. El monto de ésta fue de S/.127,000 más S/.100,000 por pago de viáticos. Alarcón alegó que la abultada suma respondió a “un error en el cálculo”. ¿Aceptaría él, o cualquier contralor, una excusa semejante si tuviera que fiscalizar a un tercero? Además de este presunto delito por peculado, Alarcón pronto será también investigado en la Comisión Permanente del Congreso por la compraventa de 44 vehículos que no fueron incluidos en su declaración jurada de bienes y rentas. Tal omisión configuraría delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Siete de estas transacciones fueron realizadas cuando ya tenía el cargo de vice contralor, el cual le impedía realizar actividades lucrativas complementarias, según la Ley Orgánica de la Contraloría. Lo anterior lo inhabilita moralmente para continuar en el cargo –sin perjuicio de lo legal–, pero no agota sus responsabilidades. Para el abogado penalista Carlos Caro, si Alarcón no puede justificar el flujo de dinero para realizar las transacciones, podría haber delito tributario, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y eventualmente negociación incompatible, si se comprueba que uno de los vehículos fue vendido a un proveedor de la Contraloría. Ante estas acusaciones Alarcón se ha mostrado displicente y se justificó arguyendo una supuesta persecución política por parte del Poder Ejecutivo, a más de un peculiar gusto por la adquisición de vehículos. Para él, las transacciones no ameritaban ser declaradas porque los montos eran ‘irrisorios’. Similar ligereza mostró al descartar investigar a la presidenta del Congreso, la fujimorista Luz Salgado, por la compra de unas computadoras al tratarse tan sólo de ‘cinco milloncitos’. Ante las denuncias presentadas por el auditor Walter Grados, la también fujimorista Karina Beteta archivó el caso, según dijo, por temas formales y no materiales. Sin embargo, el caso es ahora muy mediático para ser metido debajo de la alfombra. Por más cómodo que le resulte en el corto plazo a Fuerza Popular tener a un contralor complaciente y con rabo de paja, la evidencia en contra de Alarcón es tan contundente que protegerlo equivaldría a un suicidio político ante la opinión pública. Si bien el fujimorismo no tiene libertad absoluta para designar al sucesor de Alarcón (debe hacerlo a propuesta del Ejecutivo), sí tiene una mayoría que le permite negociar una alternativa con el Ejecutivo. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, en tal caso, tendría que buscar un candidato que sea intachable, pero que no genere más confrontaciones con el fujimorismo si quiere evitar que el asiento de Alarcón se mantenga vacante. Es lo que busca el mecanismo de elección: alguien que

esté por encima de diferencias y mezquindades políticas, idealmente por su limpia trayectoria. Así, cualquier sucesor derivado de un consenso sería una alternativa mejor al actual contralor. Desarrolle el siguiente CASO. 1. Identifique cuál es el problema El contralor Carlos Alarcón quien tenía la responsabilidad de encargarse de que la administración publica de desempeñe correctamente, realizó operaciones comerciales ya en el cargo de Contralor, incumpliendo las normas que aceptaba al ocupar el cargo y una de ellas le impedía la realización de este tipo de actividades. 2. Proponga una alternativa de solución El estado junto con el congreso tendría que tomar medidas más serias para evitar que realicen cosas ilícitas y el incumplimiento de normas ya establecidas. Las penalidades deben ser más estrictas porque son personas que representan a la población y si cometen cosas que nos perjudican debería caer todo el peso de la ley sobre ellos. También deberían fiscalizar a todos los mandatarios para así chequear que cumplen correctamente con su cargo, de que no están realizando cosas que perjudicarían su labor o podrían generar algún tipo de irregularidad. 3. Describa los pasos que seguirá para implementar la alternativa de solución    



Especificar y detallar todas las normas que deben cumplir los funcionarios del estado al aceptar ocupar algún cargo. Detalladas estas normas, deben fiscalizar el cumplimiento correcto de estos y de las funciones correspondientes. Establecer leyes con castigos más fuertes para aquellos mandatarios que incumplan con lo aceptado al ocupar los cargos. Si a pesar de saber las normas incumplen estas, deben abrirse una investigación y de haber incumplido deben ejecutarse las nuevas leyes con las nuevas penalidades que deberían pagar por realizar un mal uso de su cargo. Dar el cargo a personas integras, que estén capacitadas y que se comprometan a cumplir tanto normas como desempeñarse correctamente.

4. Redacción y coherencia Este no es el primer caso en donde nuestros mandatarios incumplen normas establecidas al ocupar algún cargo, lo que supondría que los castigos por cometer actos negativos no son duros y no temen que su integridad como persona esté en juego. Si los que dirigen el país cometen actos irregulares, la población sentirá que si nuestros jefes de estado cometen actos malos ellos también podrían hacerlo sin recibir castigo. El estado y el congreso deben unirse y hacer que las sentencias sean más estrictas por el incumplimiento de normas, específicamente de funcionarios que no las cumplen. Para ello deben realizarse fiscalizaciones para evitar irregularidades y faltas. Es por ello que deben dar el cargo a personas integras, que estén capacitadas y que se comprometan a cumplir tanto normas como desempeñarse correctamente, después de esto se les debe especificar y detallar y fiscalizar el cumplimiento de todas las normas que deben cumplir los al aceptar ocupar algún cargo. Si se incumple y realizan cosas que no están aceptadas en su cargo debe abrirse una investigación y de haber incumplido deben ejecutarse las nuevas leyes con las nuevas penalidades que deberían pagar por realizar un mal uso de su cargo....


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