Resumen DE INTRODUCCION AL DERECHO PROCESAL PDF

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Resumen ProcesalTema 1; CONCEPTO Y FUENTES DEL DERECHO PROCESAL1ÓN DE DERECHO PROCESALLa que pivota el Derecho Procesal, cual es la de resolver el conflicto o controversia. La Jurisdicción está prevista en el art. 117 CE, como el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzg...

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Resumen Procesal Tema 1; CONCEPTO Y FUENTES DEL DERECHO PROCESAL 1.DEFINICIÓN DE DERECHO PROCESAL La que pivota el Derecho Procesal, cual es la de resolver el conflicto o controversia. La Jurisdicción está prevista en el art. 117 CE, como el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, por Juzgados y Tribunales, dicha potestad se ejerce exclusivamente por Jueces y Magistrados. la acción puede definirse como el derecho fundamental del ciudadano a dirigirse al órgano jurisdiccional para solicitar la tutela de sus intereses y derechos y obtener una decisión sobre la petición realizada. la controversia, ha establecido un cauce —el proceso— y sentado unos principios. De modo que, cuando surgen problemas o discrepancias entre los sujetos o se incumplen las reglas, los ciudadanos acuden a los Tribunales, solicitan su tutela y discuten sus pretensiones mediante el proceso. El proceso se presenta como el instrumento exclusivo a través del cual los Jueces y Tribunales ejercen la potestad jurisdiccional y constituye una secuencia de actos, todos jurídicamente regulados, que se suceden en el tiempo con la nulidad de aplicar el derecho a un caso concreto. 2. RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL DERECHO PROCESAL A. El Derecho Procesal es Derecho público, en tanto integra una dimensión colectiva, en la que prima el interés o utilidad común a todos, en oposición al derecho privado, en el que subyace la utilidad o interés particular. Puede ser público privado. B. El Derecho Procesal es autónomo, las normas de naturaleza procesal disciplinan la estructura y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, de los sujetos que intervienen y de la sucesión de actos del proceso hasta culminar en la sentencia, mientras el derecho sustantivo servirá de fundamento a esa decisión. C. El Derecho Procesal es instrumental, El proceso constituye un instrumento al servicio del derecho material, que dirigido por Jueces y Magistrados tiene por objetivo aplicar el derecho al caso concreto. D. Las normas de Derecho Procesal son imperativas, Ello significa que el ejercicio de la autonomía privada de la voluntad no tiene eficacia alguna en las normas de derecho procesal, que no pueden ser sustituidas por la voluntad de las partes, ni derogadas y tampoco ser objeto de negociaciones o pactos de las partes o de los Jueces y Magistrados. Las normas procesales son vinculantes, irrenunciables y su carácter imperativo se enmarca en el principio de legalidad, en virtud del cual, los jueces y magistrados están sometidos únicamente al imperio de la ley. 3. EFICACIA DE LAS NORMAS PROCESALES La eficacia de las normas procesales está sujeta a dos límites, uno temporal y otro espacial. Eficacia temporal-Según las anotadas reglas y salvo tal excepción, el proceso y cada uno de sus actos se rige por la ley vigente al momento de su tramitación y, si dicha norma se modifica, esta nueva sustituirá a la anterior y regulará las actuaciones que desde su vigencia tengan lugar en 1

la relación jurídico procesal, de modo que, no pueden modificarse los actos procesales ocurridos con anterioridad, que han surtido efectos y resultan firmes bajo la vigencia de la ley anterior. Si la norma procesal nueva no puede modificar situaciones procesales preexistentes, y se aplica a las que tienen lugar desde su vigencia, debe concretarse cuándo se han producido los efectos de ese acto para saber con certeza que no le afecta la reforma. Reconocido el problema por el legislador, una de las soluciones arbitradas ha sido incluir un régimen de transitoriedad en el entendido que el proceso puede ser dividido en fases: declarativa, recursos, ejecutiva y cada una concentra actos procesales cuyos efectos jurídicos se consuman en la etapa. De esa forma, la presentación de la demanda abre la fase declarativa o la interposición de la apelación la de impugnación, y si durante su tramitación tuviese lugar una reforma, no afectará a ninguna de esas fases por encontrarse en trámite. Pero no se trata de la única solución, también bajo un régimen de transitoriedad, la opción puede ser la de mantener vigente temporalmente la norma derogada hasta la finalización del proceso en marcha. Y puede ocurrir, como se ha armado ya, que, debido al contenido del precepto, se decida aplicar la norma a los actos producidos a partir de su entrada en vigor. En penal, se regirá por la ley que había en el momento de cometer el delito. Código Civil, cuyo art. 2 establece que las normas entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. En el art. 9.3 CE se contempla una regla esencial en materia de aplicación de normas procesales en el tiempo, que prescribe la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Eficacia espacial- Según el art. 3 LEC, los procesos civiles incoados en territorio español se rigen por las normas procesales españolas. Se entiende que las normas procesales de un Estado se aplican en todo el territorio, y de allí que el art. 149.1. 6ª CE establezca que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación procesal que será llevada a cabo por las Cortes generales. Dicha competencia tiene por objeto preservar la unidad y uniformidad del derecho aplicado por los tribunales. Incluso aquellos supuestos de cooperación judicial internacional, se realizan conforme al derecho interno, salvo que se haya establecido un régimen distinto en Tratados y Convenios Internacionales suscritos por España. Ocurrirá lo mismo si en el curso de un proceso ventilado en los tribunales españoles, es preciso llevar a cabo actuaciones en el extranjero, en las que el juez del país requerido aplicará su legislación procesal. Con carácter excepcional, que las Comunidades Autónomas pueden dictar normas procesales que se deriven de las particularidades de su derecho sustantivo. Ello ha supuesto reconocer posibilidades de innovación por parte de una Comunidad Autónoma y siempre que responda a “necesarias especialidades”, en íntima conexión con las particularidades que vengan requeridas por el derecho sustantivo autonómico. 4. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL Nos permite identificar los textos normativos que regirán la actividad procesal y a los que habrá que acudir cuando surjan dudas sobre la norma aplicable. 2

1. La Constitución - No son pocos los preceptos de la Constitución que abordan materias de orden procesal, tanto al reconocer derechos del justiciable que se proyectan en el marco de los procesos, cuanto al tratar cuestiones orgánicas relacionadas con los Tribunales y la Administración de Justicia. a. 15 CE que prohíbe la tortura o tratos inhumanos o degradantes. b. El art. 17 CE que concreta el plazo máximo de la detención en 72 hrs o cómo se habrá de proceder en caso de detención preventiva. c. El art. 18 CE que consagra el derecho a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, que puede ser limitado por resolución judicial. Desde una perspectiva orgánica. d. El art. 117 CE reconoce que Jueces y Magistrados están sometidos únicamente al imperio de la ley; que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde a Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. 2. Tratados Internacionales- Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y muchos de ellos contemplan normas de orden procesal, de naturaleza distinta, puesto que en algunos casos consagran derechos fundamentales, en otros vertebran una instancia que opera como tribunal de garantías —como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— o crean un órgano de enjuiciamiento como la Corte Penal Internacional. 3. La Ley- Como se aprecia, son continuas y constantes las exigencias de desarrollo que se realizan en los preceptos constitucionales antes anotados. Se trata de materias reservadas para ser tratadas en una ley, tal y como sucede con los siguientes textos normativos. a. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Organiza territorialmente, a efectos judiciales, la potestad jurisdiccional; establece las atribuciones y composición del CGPJ, (Ascensos y eso también). b. Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. Establece las reglas que determinan la competencia de los órganos del orden penal, las distintas fases de los procesos, los medios de investigación, los recursos, etc. c. Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 8 de enero. Dicha norma constituye junto con la LOPJ, la ley procesal común de aplicación supletoria en el resto de los ordenamientos procesales (art. 2 LEC). El texto procesal establece disposiciones generales sobre la jurisdicción y competencia, los sujetos del proceso, sus actos y diligencias, las resoluciones, los recursos. 4. Otras fuentes del Derecho- En el caso de la costumbre, difícilmente puede considerarse como fuente del derecho procesal. Lo primero, porque tal consideración tiene vigencia en el ámbito del Derecho privado, pero no cabe extrapolarlo a todo el ordenamiento y menos al Derecho procesal. Y, en segundo lugar, porque el ordenamiento procesal tal y como se ha armado anteriormente integra el derecho Público, tiene carácter imperativo y no depende de la voluntad o el acuerdo de los sujetos y, en tercer lugar, la costumbre tiene alcance local o regional, y supondría aplicar una regla del proceso en un territorio que puede no aplicarse en sus mismos términos en otro, con la desigualdad que ello supone. No puede calificarse de costumbre, sino de uso o regla forense de los Tribunales, aquella que dentro del ámbito de aplicación de un precepto legal siguen los operadores jurídicos. Distinto es el caso de los principios del derecho

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que, en caso de la normativa procesal, tienen carácter de fuente del derecho, siempre y cuando se desprendan de la Constitución y de la ley. 5. La Jurisprudencia-Tal y como se ha configurado el Derecho en el sistema jurídico continental, entendido como de creación legislativa, la jurisprudencia se concibe como una fuente secundaria y derivada de la ley, en tanto expresión de esta. La potestad jurisdiccional comporta aplicar el Derecho al caso concreto, de allí que pueda armarse que la jurisprudencia es una expresión de la ley. a. En primer lugar, es un hecho que el Juez no puede apartarse de la ley y resolver un litigio contra el texto expreso de la ley, pero no puede armarse que tenga la obligación de aplicar la jurisprudencia. b. En segundo lugar, según el LOPJ la interpretación que realizan los Jueces y Magistrados debe realizarse conforme a las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y se, contempla como infracción disciplinaria muy grave, el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución.

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Tema 2; LA JURISDICCIÓN COMO PODER 1.PODER JUDICIAL Y POTESTAD JURISDICCIONAL la Constitución Española de 1978, en su art. 1.1, diseña un modelo de Estado basado en la división de poderes. Así, se define a España como un “Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores del Ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y se articula la división de poderes a través de la regulación contenida en los Títulos III (relativo al Poder Legislativo), IV (que regula el Poder Ejecutivo) y VI (en el que se regula el Poder Judicial, bajo una rúbrica idéntica: Del Poder Judicial). Son dos las ideas básicas que deben tenerse en cuenta en relación con lo expuesto: a) Por un lado, que la independencia del Poder Judicial debe asegurarse respecto del resto de poderes del Estado (especialmente del Ejecutivo) y, por lo tanto, el Judicial debe configurarse como un auténtico Poder, con capacidad para garantizar la independencia de sus miembros. b) Por otro lado, que pese al reconocimiento de un “Poder Judicial”, integrado por los jueces y magistrados, la potestad jurisdiccional, entendida como la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, corresponde únicamente a los jueces y magistrados individualmente considerados, no al Poder Judicial como organización o Poder. 2. LA INDEPENDENCIA DE LA JURISDICCIÓN ENTENDIDA COMO PODER. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA JURISDICCIÓN Debe partirse de la idea fundamental de que la principal garantía constitucional de las que rodean a la Jurisdicción es su independencia respecto del resto de Poderes del Estado. Una esfera de autogobierno que impide las intromisiones en el mismo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El Consejo General del Poder Judicial quien asume las funciones relativas a la selección, formación, nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario del personal jurisdiccional. La independencia de la Jurisdicción entendida como Poder del Estado. Se trata, en concreto, de las garantías de la Unidad y de la Exclusividad jurisdiccionales. 2.1. La Unidad jurisdiccional El principio de unidad jurisdiccional se refiere a la necesidad de que la potestad jurisdiccional sea ejercida por un único cuerpo de Jueces y Magistrados, investidos de todas las garantías y requisitos exigidos. A la unidad jurisdiccional se refiere el art. 117.5 CE, señalando que es “la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales”. El principio constitucional de unidad de la Jurisdicción tiene una doble manifestación. Por un lado, significa que los órganos jurisdiccionales deben responder a un modo concreto de organización y, por otro, adquiere un significado especial derivado de la actual organización territorial, denominada “Estado de las Autonomías”. 2.1.1. Alcance y límites de la unidad jurisdiccional. Tribunales especiales. En relación con el primer aspecto (organización de la Jurisdicción), la unidad jurisdiccional exige que todos los órganos con funciones jurisdiccionales formen parte de una misma organización judicial; que estén previstos en una misma ley (Ley Orgánica del Poder Judicial); que sus

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miembros tengan un estatuto profesional único y que estén sometidos a un mismo órgano de gobierno. Es posible encontrar en nuestro modelo de organización judicial una serie de órganos que ejercitan la potestad jurisdiccional sin formar parte del Poder Judicial. La categoría de “Tribunales especiales”. Con esta denominación se hace referencia al conjunto de órganos que, pese a no formar parte del Poder Judicial, reúnen en su actuación las notas esenciales de la potestad jurisdiccional, lo que impide que puedan ser considerados como una Jurisdicción Especial. Este último se refiere a la idea de los tribunales ad hoc o constituidos y creados al margen de las garantías esenciales, con la finalidad de sustraer del conocimiento de determinados asuntos a los órganos jurisdiccionales ordinarios, y resulta, por lo tanto, incompatible con el diseño constitucional de nuestro modelo de Justicia. Clasificarse en dos niveles: a) Tribunales expresamente previstos en la CE: a. Lo son el Tribunal Constitucional. b. El Tribunal del Jurado. c. El Tribunal de Cuentas. d. Los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. e. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia b) Tribunales supranacionales: a. La legitimación de los tribunales supranacionales proviene de la suscripción de Tratados Internaciones por parte de España, en el caso de los Tribunales de carácter internacional, y de la pertenencia de España a la Unión Europea, en el caso de los Tribunales de ámbito europeo. 2.1.2. Unidad jurisdiccional y Comunidades Autónoma En este ámbito conviene distinguir entre los conceptos “Administración de Justicia” y “Administración de la Administración de Justicia”. El primero de ellos, “Administración de Justicia” en sentido estricto, hace referencia a la idea de Jurisdicción como Poder, de manera que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Las decisiones que correspondan al Legislativo en materia de Justicia son de estricta competencia estatal. Sin embargo, el concepto de “Administración de la Administración de Justicia” se refiere a quién debe asumir la obligación de poner a disposición de la primera los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento. Cada Comunidad Autónoma con competencias trasferidas en materia de Justicia debe dotar a Juzgados y Tribunales del personal, instalaciones y medios necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones. 2.2. La Exclusividad Jurisdiccional Así, el sentido positivo de la exclusividad jurisdiccional se plasma en el art. 117.3 y supone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional únicamente ha de corresponder la Jurisdicción, sin que en ningún caso puedan decidir definitiva e irrevocablemente órganos distintos a aquellos que la integran. 6

Por su parte, el sentido negativo del principio de exclusividad jurisdiccional se reconoce en el art. 117.4 CE y se concreta en la exclusión de la realización de otras funciones por los miembros de la Jurisdicción que no sean las específicas de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Con base en esta idea se sostienen tradicionalmente las posturas que abogan por desjudicializar los Registros Civiles o, con apoyo también en ideas más complejas, las que defienden la necesaria reforma de la investigación criminal en España, dejando en manos del Ministerio Fiscal el peso de la Instrucción. 3. LA INDEPENDENCIA DE QUIENES EJERCEN LA POTESTAD JURISDICCIONAL: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE JUECES Y MAGISTRADOS Es posible armar que la independencia y la imparcialidad persiguen conformar al Juez como un tercero ajeno al conflicto que se somete a su consideración, situado, por lo tanto, en una posición supra partes y sin interés alguno, directo o indirecto, en el pleito o cuestión litigiosa. El juez goza de la auctoritas derivada de su posición neutral, y de ello se sigue la aceptación social de sus decisiones. Esta sería, por lo tanto, la finalidad de la independencia judicial: la resolución de los conflictos por parte de los órganos jurisdiccionales de forma desinteresada y con sujeción a la Ley. La garantía de independencia debe entonces proyectarse en un doble nivel: por un lado, como independencia de la Jurisdicción, entendida como Poder Judicial y, por otro lado, como independencia de cada uno de sus miembros. La primera se preserva a través del autogobierno del Poder Judicial y de los principios de unidad y exclusividad jurisdiccionales, que acaban de analizarse. La segunda —la necesaria independencia de cada Juez y Magistrado en el ejercicio de la función jurisdiccional— persigue garantizar una correcta aplicación del Derecho al caso concreto, ajena cualquier tipo de influencias. 3.1. Inamovilidad e inmunidad de jueces y magistrados “Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley”. Por su parte, LOPJ llevan a cabo la concreción de las circunstancias en las que procederá bien la pérdida de la condición de magistrado (por ejemplo, en los supuestos de jubilación, o de renuncia, o de pérdida de la nacionalidad española), bien la suspensión de dicha condición (como ejemplo, el supuesto de una sentencia firme condenatoria en la que se imponga como pena principal o accesoria la de suspensión). No obstante, en ciertos supuestos de separación definitiva o pérdida de la condición de juez o magistrado cabe solicitar la rehabilitación al CGPJ. Por lo que se refiere a la garantía de la Inmunidad, no se trata de una garantía con anclaje constitucional, sino legal, prevista en LOPJ. La inmunidad judicial, básicamente, significa lo siguiente: a) En primer lugar, la imposibilidad de detención gubernativa de Jueces y Magistrados salvo en los casos de flagrante delito; b) En segundo lugar, la prohibición a las autoridades civiles y militares de intimar a jueces y magistrados o de citarlos a su presencia salvo en la forma prevista legalmente; c) por último, se regula la forma en la que prestarán declaración en el marco de una instrucción penal. 7

3.2. Independencia e imparcialidad Cuando se habla de la independencia de cada Juez y Magistrado se hace referencia a la n...