Contratos Cátedra cuarto año PDF

Preview

Summary

CATEDRA DE CONTRATOS Dr. Fernando Silva MARCO CONSTITUCIONAL PARA DE LA GENERAL DEL CONTRATO Las normas de la que tienen relevancia para la general del contrato son: ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de unitaria, descentralizada, con de sus entidades territoria...

Description

CATEDRA DE CONTRATOS Dr. Fernando Silva García

MARCO CONSTITUCIONAL PARA APLICACIÓN DE LA TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Las normas de la constitución que tienen relevancia para la teoría general del contrato son: ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Este artículo declara que Colombia es un Estado social de derecho; impone la necesidad de la intervención del Estado en la capacidad dispositiva de los asociados, pero siempre respetando la dignidad humana. ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Se refiere al rol que cumplen las autoridades; es decir proteger la vida, honra y bienes de las personas, para asegurar los derechos y libertades, el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Esta protección la realiza a través de la jurisdicción. ARTICULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

El artículo 4 hace referencia a la prevalencia de la CP; impone la obligación que se le impone a los residentes de acatar la constitución y la ley, respetar y obedecer a las autoridades. ARTICULO 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

La norma del artículo 5 alude a la primacía de los derechos inalienables de las personas, con esto se reconoce que hay una limitación a la disposición de esos derechos. ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Se refiere a la responsabilidad de particulares y de autoridades. El particular puede realizar todo aquello que no está prohibido en virtud de su autonomía privada. ARTICULO 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Con la posibilidad de tener personalidad jurídica, nace la facultad de contraer obligaciones. ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad; una de las manifestaciones de este derecho es la libertad contractual. 1

ARTICULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Consagra la prohibición de prisión por deudas; lo que no quiere decir que ciertos actos en el mundo de los negocios no puedan desencadenar una situación de responsabilidad penal. ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

Los artículos 38 y 39 de la CP regulan el derecho de asociación que se reconoce a las personas para agruparse con el fin de desarrollar actividades que se constituyen en un instrumento de la actividad en un plano del derecho privado tanto en lo que tiene que ver con las sociedades comerciales, las que nacen en el marco de un contrato, también otro tipo de asociaciones como corporaciones civiles u otro tipo de entidades que surgen de un entendimiento común, cooperativas, etc. ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

En la medida en que habla de la vivienda como un derecho que tienen todos los colombianos. ¿Eso significa que siendo un derecho con reconocimiento constitucional cualquier ciudadano podría reclamar la efectividad de ese derecho? La respuesta es NO ya que se considera que es un derecho de construcción progresiva Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.

El artículo 58 ha sido mirado en una economía de mercado como un eje de construcción de la economía, ya que garantiza el respeto a la propiedad privada, y a los demás derechos adquiridos con arreglo a la ley. Reconoce que la propiedad tiene una función social que llega a proyectarse incluso en el plano ecológico. Esta disposición también

2

consagra la posibilidad de la expropiación. En la CP original se consagraba la posibilidad de expropiación sin indemnización por razones de equidad; esta disposición fue modificada y ahora siempre habrá indemnización. ARTICULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.

La parte más destacada de este artículo es la que se refiere a algo que podríamos llamar capitalismo popular, la idea de que el Estado al enajenar participaciones en una empresa adopte medidas para democratizar la titularidad de esas acciones. “Y ofrecerá a los trabajadores y organizaciones solidarias condiciones especiales para acceder a esa propiedad”. Los destinarios de condiciones especiales serían sus trabajadores, las empresas vinculadas, organizaciones solidarias y de trabajadores. ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

En la norma del artículo 61 hay un reconocimiento a la propiedad intelectual. ARTICULO 62. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar. El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones.

Es una referencia al contrato de donación, para fines de interés social que buscaba impedir que el gobierno a través de gobiernos legislativos le cambiara el destino a una donación. ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

Es la protección al consumidor; establece que la ley regulará la calidad de bienes y servicios que se ofrecen a la comunidad , regulará la información que se le debe proveer a los destinatarios de estos bienes y servicios, plantea el tema de la responsabilidad que debe derivarse para quienes producen y comercializan bienes y servicios y generan riesgos que afectan la salud y seguridad de las personas, todo lo cual tiene una implicación significativa en el plano contractual viendo el derecho del consumidor. ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

En el artículo 81 de la CP está una ilicitud que acompañaría a contratos que girarían alrededor de él. ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

La norma del artículo 83 reconoce la existencia de este principio transversal del derecho de la buena fe, lo reconoce para esperar, para demandar de todas las personas que se comporten de buena fe. ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

3

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Consagra la libertad de empresa y todos sus derivados; estos derechos están siempre restringidos al interés común. Protege la libre pero sana competencia al prohibir actividades restrictivas de esta como los carteles. ARTICULO 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.

Esta disposición se refiere a la potestad de intervención en la actividad financiera, aseguradora, bursátil, general en todo lo que tiene que ver en el manejo, aprovechamiento, inversión de recursos de ahorro proveniente de la comunidad, que por su implicación, la captación de recursos del público, en el desarrollo de la actividad económica, determina que el Estado quiera tener una particular intervención lo cual indica que no cualquier persona pueda desarrollar esas actividades que están sujetas a una previa autorización del Estado. Esto cualifica a los sujetos procesales que están en uno de los extremos de relaciones contractuales que surgen en amparo de esas actividades, para decir que la celebración de un contrato de cuenta bancaria tiene un sujeto calificado que está sometido a la obtención de una autorización del Estado para poder desarrollar esa actividad y prestar ese servicio y celebrar ese contrato válidamente, supone la potestad del Estado para intervenir en la democratización del crédito. ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley. El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley. En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.

Esta disposición que al amparo de una concepción que apunta a preservar la libertad de empresa, por lo que se prohíben los monopolios salvo aquellos en cabeza del estado, es decir, los monopolios rentísticos como la industria licorera. EL CONTRATO DEFINICIÓN DE CONTRATO ARTICULO 1495. . Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. ARTÍCULO 864. . El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del

4

proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851.

En el mundo del derecho civil el contrato se enfoca en la generación de obligaciones, nacimiento de obligaciones; en el mundo del derecho mercantil el contrato va más allá de eso, no solo tiene el alcance de generar obligaciones, sino también tiene la modificación o extinción de obligaciones, que no alcanzan a estar cubiertas en el concepto de contrato de derecho civil. Por esto algunos doctrinantes dicen que la convención sería el género y el contrato la especie. En sector de la doctrina dice que la definición de contrato es incompleta porque solamente mira al contrato unilateral, sabemos la diferencia entre negocio unilateral, bilateral, para hablar del contrato como un negocio jurídico bilateral. 2. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 1. CONTRATOS TÍPICOS Y ATÍPICOS Esta clasificación parte de la tipicidad legal en el sentido del reconocimiento que el ordenamiento hace a algunos contratos para darle una disciplina legal que permita, no solamente reconocer los elementos estructurales para su existencia, sino también aportar una serie de elementos que van a dar contenido a ese contrato sin que sea necesario que las partes hagan la tarea de elaboración contractual. Cuando el legislador no llega a ese nivel de desarrollo, no hay una disciplina propia del contrato, se habla de contratos atípicos; también se llaman atípicos los contratos tienen algún tipo de regulación pero que no es sistemática por ejemplo el contrato de leasing. Cuando el contrato es típico se va en principio a la regulación de ese contrato y después se puede integrar distintos elementos adicionales a esa regulación; mientras que en los contratos atípicos esa falta de disciplina lleva a que las partes tengan mayor margen de discrecionalidad contractual y, en caso de vacíos, que el operador jurídico aplique analogías para cubrir esos vacíos. Al negocio atípico le falta tipicidad legal, pero no necesariamente social; en caso de faltar ambas, algunos lo llaman absolutamente atípico. La analogía que se realiza para solucionar las controversias alusivas a estos contratos, para unos se debe buscar la prestación principal y buscar un semejante de este para aplicar las normas jurídicas más cercanas; otros dicen que se debe “combinar” las diversas prestaciones y buscar normas homologas; otros dicen que el contenido del contrato de integra en conjunto con las normas que regulan el régimen general de las obligaciones y los contratos. 2. CONTRATOS UNILATERALES Y BILATERALES ARTICULO 1496. CONTRATO UNILATERAL Y BILATERAL. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente.

En el contrato unilateral solo una de las partes se obliga con otra y en principio la otra parte no asume obligación alguna, contraria al contrato bilateral donde las partes contratantes se obligan recíprocamente. Cobra relevancia respecto al tema del incumplimiento de las partes; en el contrato bilateral aparece la condición resolutoria tacita. ARTICULO 1546. CONDICIÓN RESOLUTORIA TACITA. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. ARTÍCULO 870 . En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los perjuicios moratorios.

5

Respecto al riesgo de pérdida de la cosa se dice que en los contratos bilaterales recae en ___________, mientras que en los unilaterales recae en _____________. 3. CONTRATOS GRATUITOS Y ONEROSOS El c...